La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha decidido este viernes no reabrir aún su análisis sobre el accidente del Alvia en Santiago y darse más tiempo para estudiar si deben o no hacerlo. La realización de una nueva investigación oficial independiente del accidente de la curva de Angrois que analice el siniestro más allá del error humano que sufrió el maquinista es una reclamación que la Comisión Europea lleva realizando a España desde que hace dos años concluyó que la investigación que en su momento realizó la CIAF no fue correcta. Pese a esa petición, la CIAF insiste en que “no hay nuevos datos ni información que justifique una reapertura” de la investigación.
Además del maquinista, en la investigación penal que se está realizando en un juzgado de Santiago por la muerte de 80 personas en aquel accidente están actualmente imputados otros seis técnicos de Adif, Renfe y la consultora pública Ineco por su posible responsabilidad en la ausencia de medidas de seguridad que evitasen el previsible error humano del conductor, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que ningún sistema lo evitase.
Un año después del accidente la CIAF emitió su informe oficial sobre el siniestro considerando que la única causa del mismo había sido el despiste del maquinista. Ese informe, que influyó inicialmente en los peritajes de la instrucción judicial, fue descalificado más tarde tanto por la Audiencia Provincial de A Coruña como por la Agencia Ferroviaria Europea, que consideró que no era independiente porque los miembros de la CIAF habían sido nombrados por el Ministerio de Fomento, y que criticó también su contenido por centrarse sólo en el maquinista y no analizar otras causas subyacentes como la ausencia de un análisis de los riesgos existentes en la línea de AVE Ourense-Santiago, considerada claven también en la instrucción judicial. El Gobierno del PP bloqueó la divulgación de esa crítica comunitaria hasta que pasaron las elecciones generales de 2016.
Tras esas críticas de la agencia comunitaria, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, pidió en reiteradas ocasiones a España que cumpliese con la obligación de la normativa europea de realizar un análisis oficial correcto del siniestro. La respuesta que dio el anterior Gobierno popular fue que tras el accidente de Angrois ya se había reformado la CIAF para que sus miembros dejasen de ser nombrados directamente por Fomento y fuese el Congreso quien aprobase la propuesta de nombres que realizase el ministerio. La UE consideró que eso ya garantizaba la independencia de la CIAF y el Gobierno argumentó que si ahora ya era independiente, ya no podía ordenarle reabrir la investigación.
La situación quedaba en manos de la propia CIAF, cuyo nuevo presidente, Fernando Montes Ponce de León, propuesto por el PP y ratificado por el Congreso, viene negándose hasta ahora a volver a analizar el accidente. El anterior, que estaba en el cargo cuando se hizo la primera investigación, Vicente Rallo, aseguró a principios de este mes en el Congreso que tras las críticas de la agencia europea él vio con buenos ojos reabrir la investigación pero que la entonces ministra, Ana Pastor, se lo impidió, algo que a las pocas horas Rallo negaría haber dicho.
Tras el cambio de Gobierno, las víctimas volvieron a solicitar al nuevo titular de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, que diese respuesta a la reclamación de la UE de una nueva investigación oficial. Sin embargo, este viernes la CIAF se ha reunido y y ha decidido no decidir aún nada y seguir estudiando la situación antes de resolver si atiende o no la petición de la UE. “En el Pleno de la CIAF celebrado el 26 de octubre, se ha considerado que en estos momentos no hay nuevos datos ni información que justifique una reapertura del Informe Técnico de Santiago. No obstante, debido a las peticiones recibidas y a la vista de la composición actual del Pleno, se abre un periodo para estudiar la posibilidad de realizar alguna acción o análisis adicional, en base a la documentación existente”, es toda la explicación que ofrece la comisión.
Las víctimas van más allá de pedir que se reabra la investigación de la CIAF , de cuya independencia siguen dudando, y reclaman que la propia Agencia Ferroviaria Europea participe en un nuevo análisis del siniestro con técnicos independientes.