Feijóo afronta otras elecciones con la tele pública bajo sospecha y una ley aprobada hace ocho años que no se cumple

Galicia volverá a votar con sus medios públicos bajo la lupa. El personal movilizado en la CRTVG cumple 92 viernes negros, 92 semanas de protesta “contra la manipulación” y por el cumplimiento de la ley de Medios. La ciudadanía gallega acudirá a las urnas el próximo 5 de abril a poco de cumplirse dos años desde que el movimiento Defende A Galega tiñera de luto sus demandas, también por la mejora en la calidad de la radio y de la televisión públicas, y sin visos de solución a ninguna de sus reclamaciones a pesar de históricas huelgas y movilizaciones en la calle.

El colectivo que impulsa las protestas aprovecha la convocatoria electoral para recordar “a todos los partidos” que “hay un asunto pendiente que se debe abordar de inmediato: una ley de Medios aprobada en el Parlamento que sigue sin cumplirse”.

“El PP tuvo dos legislaturas para hacerla efectiva y seguimos esperando. Por eso nos gustaría que todos los partidos, los del gobierno y de la oposición, expresaran públicamente su compromiso de rematar con esta situación, gobierne quien gobierne”, reclaman en declaraciones a Plaza.gal.

Aprobada en el Parlamento en noviembre de 2011, hace más de ocho años, la ley mantiene artículos claves sin cumplir. Sí se aprobó una modificación puntual en una de las disposiciones transitorias de la norma. Como informó Praza.gal, aquella reforma permitió que el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, continuara indefinidamente en su puesto, en el que ya acumula más de una década. Por el camino, el PP rechazó en el Parlamento en varias ocasiones propuestas de la oposición que reclamaban cumplir ya íntegramente la ley. La Compañía Radio Televisión de Galicia justifica ahora su retraso en la necesidad de adoptar el texto al uso de las redes sociales.

Aprovechando la llegada de las elecciones, Defende A Galega acaba de difundir un decálogo de reivindicaciones que piden a los partidos políticos que se “comprometan a asumir, tanto si tienen responsabilidades de gobierno como si están en la oposición”.

El colectivo pone el foco en algunos de los incumplimientos más evidentes de la ley de Medios y pide la “destitución inmediata del actual director general” y su sucesión mediante “mayoría de dos tercios” del Parlamento. “Una vez nombrado, solicitamos abrir un debate en el seno de la comisión parlamentaria de la CRTVG sobre la conveniencia de modificar o no el modelo de elección, analizando vías como la del concurso público, entre otras”, destacan.

Además, demandan la puesta en marcha, “en el plazo máximo de un mes desde la formación del nuevo gobierno, del Consejo de Informativos regulado en la misma Ley de Medios, dándole a este órgano las máximas atribuciones posibles para evitar las presiones partidistas sobre los y las trabajadoras que elaboran los contenidos en los medios públicos y garantizar que estos se hagan siguiendo criterios profesionales”. En declaraciones a este diario, Defende A Galega cree “urgente” esta medida para “amparar” a la plantilla “ante las prácticas de manipulación que se dan en el presente y se puedan dar en el futuro”.

La creación del Consejo de Informativos, recuerda el colectivo, está recogida en la ley como parte del desarrollo del Estatuto Profesional, “texto sin elaborar todavía y que debe ser una realidad lo antes posible”. Además, el personal movilizado pide también el compromiso de “dar cobertura informativa a las protestas, tanto laborales como profesionales, que pueda desarrollar el plantel en el futuro”, porque creen que eso “no hará más que mejorar la imagen de los medios públicos y de su servicio”.

Porque el personal movilizado recuerda que “el escenario de manipulación no es nuevo”. “Llevamos años sufriéndolo”, dice el colectivo, que dice “no tener dudas” de que “las presiones sobre profesionales van a aumentar” ahora que se acercan las elecciones. “Por eso es tan necesaria la creación de un Consejo de Informativos que proteja su trabajo”, explican.

De hecho, en uno de los últimos viernes negros, el personal movilizado denunciaba la “realidad paralela” que, según dicen, difunde la CRTVG sobre la actualidad informativa. Incidían en la “construcción de una Galicia inexistente al servicio del poder” de la que Defende A Galega advirtió a este medio. Ahora, insisten en esa cuestión, ejemplificada en la cobertura de conflictos sanitarios como los de Verín o en la de las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en España, tal y como denuncia también la oposición en cada comisión de control parlamentaria.

“Todas aquellas informaciones que afectan la Xunta o los populares se controlan más”, asumen fuentes profesionales de la CRTVG. La respuesta del director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, es siempre parecida. “Demostrar la cobertura correcta de la CRTVG no es complicado”, suele decir.

Como ejemplo, en cuanto al conflicto de Verín, dice que “no puede haber queja del tratamiento”, y sobre las negociaciones de investidura entre PSOE y Podemos, invita a entrar en el buscador de la web de la Corporación para comprobar la cobertura. En cuanto a las críticas por la falta de difusión del informe del Consejo de Europa que critica la política lingüística de la Xunta, al máximo responsable de los medios públicos “le parecieron suficientes medio minuto en el programa informativo Bos Días”, tal y como destaca Defende A Galega. 

“Por supuesto que compartimos las denuncias que se hacen en la comisión parlamentaria de la CRTVG, pero también queremos recordar a los partidos de la oposición que estaremos muy pendientes de que sean coherentes con esas posiciones que ahora defienden se llegan a gobernar”, advierte el colectivo.

“Recuperar las delegaciones y desconexiones locales”

Entre las demandas hechas públicas esta semana, Defiende A Galega reclama la “recuperación de las delegaciones territoriales de Pontevedra, Ferrol y A Mariña y de las desconexiones informativas locales suprimidas en 2018” porque, creen, “no hay servicio público sin cobertura de país”. También demandan que vuelva el “formato original” de Diario Cultural, programa decano y multipremiado de la Radio Galega que ha perdido su franja horaria independiente. “La cultura debe ser un contenido transversal en la programación de los medios públicos y abordarse desde la misma especialización que se requiere para otro tipo de noticias”, aseguran.

Al otro lado de eso, y en cuanto a la denunciada “pérdida de calidad de la emisión derivada de la deficiente puesta en marcha de la digitalización en la TVG”, el colectivo pide que se cree una comisión interna para abordar esos problemas. Y también la recuperación de, “por lo menos, un lingüista por turno en la radio pública” tras “años de recorte” que supusieron la desaparición de esa figura.

También reclaman, como ya había hecho el personal en anteriores huelgas, el diseño de una programación “de servicio público” para la próxima temporada que incluya en los medios públicos programas de análisis informativo y debates en horario de máxima audiencia“, así como ”una programación dirigida al público infantil que vaya más allá de la emisión de series y contenidos animados, sin descartar la creación de un canal propio la tal efecto“.

Ante la cada vez más creciente “externalización”, Defende A Galega pide “la recuperación de la producción propia” y denuncia que tanto en la televisión como en la radio “llevan años limitándose a cubrir la agenda informativa marcada desde fuera”.

Por último, el personal movilizado pide “el fin de la política de desmantelamiento” ante una “inaceptable precariedad” que creen derivada “de una política empresarial que impide sustituir los trabajadores de baja o de vacaciones”. El resultado, según el colectivo, son horas de programación repetida, telediarios con la mitad del personal y con copia y pega de teletipos o cobertura de temas en función de la cercanía y no de la relevancia.

Además, y respeto a la insinuación de la dirección general de la CRTVG de que limitaría el uso de las redes sociales a los profesionales de los medios públicos, Defende A Galega advierte de que “cualquier decisión al respeto es de dudosa admisión, por lo que debe ser estudiada cuidadosamente y contar con la aprobación del Consejo de Informativos”.