La denuncia de borrado de datos del Alvia de Angrois tardará cinco meses en comenzar a ser investigada

El pasado 10 de octubre la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas, registró en el juzgado que instruye el caso una declaración jurada de un antiguo mecánico de Talgo en la que éste asegura, seis años más tarde, que media hora después del siniestro “varios directivos” de la empresa “dieron la orden taxativa de borrar todas las averías que tenía el tren de la base de datos”. La investigación de ese hecho no comenzará hasta el 13 de marzo, con las comparecencias en el juzgado como testigos del exmecánico y los tres responsables de Talgo a los que identificó en su escrito. Esos interrogatorios acaban de ser retrasados por segunda vez en una causa que acumula diversas demoras y errores del sistema judicial en los seis años y medio que ya han pasado desde el accidente.

La declaración jurada del exmecánico de Talgo, que la empresa negó anunciando una querella contra su antiguo empleado, llegó cuando la Audiencia Provincial de A Coruña estaba a punto de decidir si avalaba la propuesta del juez instructor de llevar ya a juicio como únicos responsables del siniestro al maquinista del tren, Francisco José Garzón, por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois, y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no evaluar y paliar el riesgo que allí existía como exigía la normativa.

Al conocer la denuncia del mecánico del 10 de octubre, la Audiencia, tras consultar a las partes personadas en el caso y con el apoyo del fiscal, pidió el 12 de noviembre al juez instructor que la investigase. Tres días después el magistrado fijó que el mecánico y los tres directivos de Talgo compareciesen en el juzgado de Santiago dos de ellos el 12 de diciembre a las 9 y 10 de la mañana y los otros dos al día siguiente en los mismos horarios.

Varios abogados de Madrid solicitaron al juez que concentrase en un único día las cuatro declaraciones para facilitarles y acortar los desplazamientos, a lo que el instructor respondió fijando esas declaraciones el 23 de enero, más de un mes más tarde, a las 9, 10, 11 y 12 horas. Posteriormente el abogado de la plataforma de víctimas solicitó una nueva reprogramación de las comparecencias por coincidirle con la celebración de un juicio oral por otra causa en otra ciudad, cuestión a la que este lunes el instructor accedió. Ahora los interrogatorios son aplazados otros dos meses, al 13 de marzo, más de cinco meses después de conocerse la denuncia que los motivó.

Seis años de errores y retrasos del sistema judicial

El nuevo retraso en la investigación se produce después de más de seis años de una instrucción en la que el sistema judicial ha evidenciado diversos errores y demoras. Los propios magistrados implicados en la causa cometieron en varias ocasiones errores en sus autos al citar normativa ferroviaria o nombres que ellos mismos acabarían corrigiendo posteriormente en nuevos escritos días, semanas o incluso meses después.

Los peritos judiciales encargados de analizar el accidente tardaron medio año en comenzar a trabajar porque dos de los inicialmente elegidos por el juez por sorteo de entre los mejores profesionales de cada colegio de ingenieros fueron sustituidos por la Xunta por dos funcionarios suyos sin experiencia previa en materia ferroviaria. Posteriormente uno de ellos plagiaría partes de su peritaje de la investigación oficial realizada por Fomento que hacía responsable sólo al maquinista. Y los otros peritos tendrían que pedir en varias ocasiones al juez que les ayudase a reclamar a varias empresas públicas y privadas documentos que no les querían facilitar.

Un año después del siniestro el primer juez instructor, Luis Aláez, consiguió un cambio de juzgado y un nuevo magistrado, Andrés Lago Louro, tuvo que tomarse varias semanas para hacerse con un sumario que ya entonces acumulaba más de 40 tomos. Posteriormente el segundo instructor se tomaría su tiempo para ir llamando a declarar a los peritos (cinco meses desde que entregaron sus informes hasta que los ratificaron verbalmente). Y en mayo de 2017 cambiaría también el fiscal del caso, después de que el primero, Antonio Roma, centrado solo en investigar el maquinista, consiguiese otro puesto. Ahora Lago Louro acaba de obtener también plaza en otro juzgado, pero el poder judicial le permitirá finalizar la instrucción del accidente de Angrois para evitar las demoras que se producirían con un nuevo cambio de juez.

A principios de 2018 una huelga del personal de la administración de Justicia en Galicia provocaría demoras de cuatro meses en las declaraciones de varios imputados, testigos y peritos previstas para comienzos de aquel año. Fue en ese mismo año cuando quedó en evidencia una de las demoras más significativas del caso. En junio de 2017 el juzgado había pedido a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea un informe para aclarar varias cuestiones sobre la normativa a aplicar en los análisis de riesgo ferroviario en las que discrepaban dos peritos. Pero el juzgado se confundió inicialmente de dirección y envió su petición a la estación de tren de Valenciennes (Francia) en vez de a la sede de la agencia europea en otra calle de esa misma ciudad. La petición tardaría cinco meses en llegar al ente comunitario, que elaboró su informe en dos meses y lo entregó el 15 de enero de 2018 al sistema judicial francés para que lo remitiese al español. Sin embargo, no fue hasta cinco meses más tarde, en junio, que el juez informó a las partes de que ese informe aún no le había llegado.

Al conocerse la demora, víctimas del siniestro y la eurodiputada del BNG Ana Miranda se pusieron en contacto con la agencia ferroviaria, que en solo dos días hizo llegar su informe de manera directa al juzgado de Santiago. En él se desmontaban buena parte de los argumentos que venían empleando Fomento, Adif y Renfe para hacer responsable del siniestro solo al maquinista y se señalaba que eran preceptivos varios análisis de riesgo que, según declararon en el juzgado varios técnicos de la consultora públic Ineco, no se realizaron en la curva de Angrois.

Con la causa judicial centrada desde entonces en la responsabilidad del director de Seguridad de Adif por no realizar correctamente esos análisis de riesgos en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente, la declaración jurada del exmecánico de Talgo pone ahora el foco en el tren, en el que los peritos judiciales no habían encontrado ningún defecto que considerasen causa del siniestro.