La situación de las residencias de mayores ante la expansión de coronavirus llega a la Fiscalía de Galicia. La Federación Galega de Usuarios e Residencias REDE pide que se investigue la “negligencia y abandono que se vive en estos momentos tan delicados” en los centros de mayores de Galicia, en especial, las que pertenecen a la empresa privada DomusVi y que, con la de San Carlos de Celanova, concentran la mayor parte de los casos registrados en residencias de la comunidad. De las más de 22.000 plazas de mayores en residencias que hay en Galicia, 17.000 están en manos de empresas privadas.
“Queremos que la Fiscalía envíe a la Policía Judicial a las residencias de mayores y comprueben si se están cumpliendo los protocolos”, explica el secretario de REDE, Francisco Xosé Bernárdez. La federación considera que las empresas que están detrás de las residencias privadas en Galicia, que son la mayoría, no han realizado el refuerzo de personal necesario para atender a los mayores en estas circunstancias y que están “abandonando sus obligaciones”. “Y eso conlleva muertes”, afirma.
Bernárdez asegura que la situación, con más de 190 contagiados en las residencias y diez fallecimientos y un personal sanitario desbordado, “ya no se puede considerar una negligencia” porque “lleva días pasando y ya hay dolo, ya es delito”. La federación afirma que las residencias se gestionan de manera habitual con menos personal del que marcan los ratios de atención y, ante una crisis sanitaria que afecta de manera especial al la población mayor y con problemas de salud que vive estos centros, las direcciones deberían haber reforzado el personal de atención y de mantenimiento.
“Hace falta reforzar la limpieza. Hay que seguir las indicaciones del Estado y dividir a los residentes por secciones y que cada una contase con personal propio, que no se mezclase. Esto implica contratar a más gente. Dicen que no encuentran gente, lo que no encuentran son profesionales que trabajen en las condiciones laborales que ofrecen”, dice. Por ello, en las denuncias que presenta a la Fiscalía -una para todas las residencias y otra específica para los centros DomusVi- pide que se investigue ya con cuanto personal cuentan las residencias, con que medidas profiláctias, higiénicas y de prevención cuenta y que medidas de aislamiento se han llevado a cabo.
El sindicato CIG también presentó ante Inspección de Trabajo una denuncia para que se investiguen las condiciones en las que realizan sus labores las plantillas de las residencias, tanto públicas como privadas.
La federación sostiene que las empresas no han desembolsado nada para realizar desinfecciones y limpiezas y que no se aplicaron las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. “Cuando había que tener más cuidado es cuando peor lo han hecho”, indica.