Inaer, la empresa de helicópteros cuya contratación por parte de la Xunta está detrás de la imputación del director general de Política Forestal, Tomás Fernández-Couto, iba a ser la que prestaría los servicios aéreos de extinción de incendios. Así lo predijo el sindicato CIG antes de que fuese una realidad y así lo explicaba a posteriori la propia compañía: “Si no hay en España otra empresa que cumpla con determinados requisitos técnicos, no es problema de Inaer”, respondía en agosto de 2013 una portavoz de la firma, hoy integrada en la británica Babcock, de la que varias fuentes señalan que estaría intentando distanciarse de las maneras de proceder en el pasado en la firma española.
La investigación que tiene abierta el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, en la que están imputados Fernández-Couto, el ex-secretario general Francisco Vidal Pardo y el ex-subdirector general José Carlos Costas, se centra, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en las contrataciones de los años 2011, 2012 y 2013. La investigación la impulsó la Fiscalía después de recibir una denuncia de la CIG en agosto de 2012. Pero antes de eso, el sindicato ya había avisado por escrito a la propia conselleira de Medio Rural, en aquel momento Rosa Quintana, de las irregularidades que a su juicio se estaban produciendo. La CIG incluso había comunicado de manera pública su predicción: el servicio lo prestaría Inaer. Acertó.
No sería la única irregularidad denunciada por el sindicato. Un año después, en abril de 2013, la CIG distribuyó imágenes de helicópteros de Inaer aterrizados en bases contra incendios de la Xunta antes de resultar adjudicataria del contrato de ese año. La Xunta dijo entonces que la presencia de esos helicópteros nada tenía que ver con la posterior adjudicación del servicio y lo justificó “en el marco de las buenas relaciones” e “igual que otras aeronaves emplean de forma puntual instalaciones de otros aeroclubes”.
En 2012, según indicó en su momento el Consello de Contas, Inaer trabajó para la Xunta “sin la preceptiva cobertura contractual”. Pero en 2013, después de que la Xunta declarase desierto un concurso previo al que se había presentado también otra candidata, Inaer se llevó el contrato de 12,3 millones de euros a través de un procedimiento negociado sin publicidad en el que ofertó una rebaja sobre el precio inicial de partida de solo 8.000 euros. En otras ocasiones, como en la reciente adjudicación del servicio de salvamento marítimo por cuatro años prorrogables dos más hasta un máximo de 51 millones de euros, la empresa no rebajó ni un solo céntimo.
Lo habitual en los concursos públicos es que los diferentes candidatos intenten proponer la mayor rebaja posible en sus precios porque desconocen si alguna otra oferta los bajará aún más y se llevará el contrato. Sin embargo, Inaer no solía hacerlo confiando en su buen posicionamiento en el otro apartado a valorar en las contrataciones, el técnico. “Si no hay en España otra empresa que cumpla con determinados requisitos técnicos, no es problema de Inaer”, explicaba la compañía después del concurso de 2013. La visión que ofrecen otras dos empresas del sector de menor tamaño es distinta: “Es la administración la que establece los requisitos técnicos sabiendo qué empresas los pueden cumplir”, coinciden.
En 2013 una portavoz de Inaer explicaba que la decisión de no ofrecer rebajas formaba parte de su “estrategia comercial y empresarial” y argumentaba que los de helicópteros “son servicios muy especializados, pero pueden presentarse empresas de toda Europa”. Sin embargo, no había más ofertas o, como en 2013 con el contrato de helicópteros contra incendios o este año en el de salvamento marítimo, cuando se presentó alguna otra competidora la Xunta argumentó que ninguna cumplía los requisitos, declaró desierto los concursos y volvió a convocar unos nuevos procedimientos en los que Inaer acabó siendo la adjudicataria.
Escasa competencia
En sus alegaciones al informe con el que el Consello de Contas criticó las irregularidades en sus adjudicaciones, la Xunta ofreció otra explicación a la escasa competencia en sus contratos que repercutió en un incremento de los precios. “En los últimos años esa baja concurrencia resulta agravada por la fuerte demanda de helicópteros que ejerce el mercado chino y las economías de países emergentes”, decía. Esa elevada demanda china no impidió que la Xunta vendiese en 2012 a Inaer los dos helicópteros de salvamento marítimo que tenía en propiedad y se arriesgase a no encontrar quien posteriormente se los alquilase, que acabó siendo también Inaer.
Otra explicación a esa limitada competencia en otras comunidades autónomas se está dando en la investigación contra lo que se conoce como el Cártel del Fuego, en la que se analiza si varias empresas de helicópteros se repartieron el mercado de manera que en cada territorio los contratos los acabase llevando una de ellas con mayores beneficios ya fuese porque las otras no se presentaban a los concursos o porque lo hacían con ofertas peores previamente apalabradas.
Por otra parte, junto con las investigaciones penales en marcha contra las contrataciones de helicópteros por parte de varias administraciones públicas, el asunto podría tener una derivada mercantil. En mayo de este año, tras una reunión del presidente Feijóo con el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, José María Marín, este último fue preguntado por la posibilidad de que su organismo analizase una posible situación de monopolio en el sector de los helicópteros que esté elevando el precio que las administraciones pagan por esos servicios. Competencia no puede informar de las investigaciones que tiene en marcha y su respuesta a la pregunta periodística fue críptica: Dijo que no podía responder.