Tomás Fernández-Couto es el director general de Ordenación y Producción Forestal de la Xunta. Con ese rango o el de secretario general, y una u otra denominación del departamento, lleva 17 años al frente de la política forestal del Gobierno gallego: entre 1996 y 2005 con Manuel Fraga y desde 2009 con Feijóo, que viene mostrando su confianza personal en él con elogios que no destina a otros cargos similares, y por encima de quién sea la persona titular de la consellería. Él es quien más tiempo ha gestionado el Plan Forestal de Galicia 1992-2032, y la persona que más tiempo lleva incumpliéndolo al destinar más dinero a los incendios que a las políticas de ordenación forestal. No lo dice ni la oposición ni los sindicatos, sino el Consello de Contas, el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas estatal, que considera que el argumento en que Fernández-Couto se basa para mantener esa política es una “opinión” personal y no se sustenta en datos contrastables. Ese argumento es que si no se gastase tanto en la lucha contra el fuego, los propietarios de los montes no invertirían en plantar árboles.
“De qué sector forestal estaríamos hablando, si el éxito en la lucha contra los incendios forestales no hubiese devuelto a los gallegos la confianza de las potencialidades del monte, frente al desánimo que reinaba en los propietarios forestales en el arranque del Plan Forestal de Galicia [1992] por el convencimiento de que el fuego daría al traste con todos sus esfuerzos. El despliegue del dispositivo que sostiene el programa [de prevención y lucha contra el fuego] permite que estemos hablando de Galicia como la mayor potencia forestal del Estado”. Así defendió Fernández-Couto el año pasado sus políticas ante el Consello de Contas, que consideró esas y otras afirmaciones meras “opiniones” no contrastables.
Fue el verano pasado cuando el ente independiente fiscalizador de las cuentas públicas gallegas emitió su informe de evaluación del Plan Forestal de Galicia correspondiente al cuarto quinquenio del mismo. El documento se hizo público en un fin de semana de agosto y apenas tuvo relevancia pública. Pero es especialmente crítico con los últimos 25 años de gobiernos gallegos, 21 de ellos del PP y 17 de ellos con Fernández-Couto al frente.
“Aunque el primer objetivo del Plan Forestal [de la Xunta] era la estructuración y capitalización de los espacios forestales, transcurridos más de 20 años desde su aprobación los esfuerzos presupuestarios se siguen concentrando en el programa de prevención y extinción de incendios”, dice el Consello de Contas sobre un documento que fue impulsado tras el desastre ambiental de 1989, cuando ardieron en toda Galicia 200.000 hectáreas (como comparación, en 2006 fueron 96.000 y un mínimo de 5.000 en la primera quincena de este octubre). El ente fiscalizador recuerda que el plan preveía dedicar al total de políticas forestales “en torno a un 3% del total” de los presupuestos autonómicos, pero que “en el cuarto quinquenio de ejecución del Plan (2008-2012) las políticas forestales se contemplaban en el presupuesto inicial con un peso que ronda el 1,55%”, cifra que al analizar su ejecución real cae al 1,44%.
Contas admite que los años analizados son los de la recesión económica, pero dice que lo mismo pasaba antes y siguió pasando después y lamenta que la contracción en el presupuesto forestal fuese mayor que en otras áreas autonómicas y que en él siga primándose la lucha contra el fuego frente a la mejora de los montes: “En lo que atiene al período 2008-2012, mientras el plan forestal contemplaba como porcentaje de inversión en prevención de incendios un 13,20% del total frente a un 86,80% de la inversión para fomento de las políticas forestales, la realidad presupuestaria del quinquenio muestra cómo se invierte ese porcentaje”, dice. Según Contas, la Xunta viene gastando, en el quinquenio analizado y también en los años posteriores hasta 2016, unos 150 millones de euros al año en políticas forestales, de los que unos 100 millones (más del 60%) van destinados a actuaciones contra los incendios frente a menos de 50 millones anuales destinados a la ordenación de las producciones forestales.
El informe de Contas, de 80 páginas, fue remitido, como es habitual, a la Xunta antes de su publicación para que formulase las alegaciones que considerase oportunas. Lo hizo el propio Fernández-Couto en un escrito de cuatro folios en el que justificó con la citada argumentación que los propietarios de los montes no invertirían en ellos si la Xunta no gastase tanto en el servicio de extinción. El director general incluso rechazaba la crítica del Consello de Contas que a su ver “sólo puede obedecer a un desconocimiento de esta realidad”. Pero Contas descartó la gran mayoría de las alegaciones del director general por considerarlas “opiniones” y no datos contrastables, y mantuvo su análisis en base a indicadores que le permiten criticar el excesivo peso presupuestario de la lucha contra el fuego frente a la ordenación forestal. El ente fiscalizador también censuró que, más de 20 años después de iniciarse el plan forestal, el departamento autonómico iniciase la revisión de esa planificación sin analizar previamente sus resultados.
Obstáculos para mejorar la gestión
Contas analizó en su informe diversas dificultades existentes para una mejor gestión de los montes gallegos. Según el ente fiscalizador, “la ausencia de seguridad jurídica en la delimitación de la propiedad forestal origina conflictos de deslinde tanto entre montes privados como entre montes vecinales mancomunales o entre montes privados y vecinales; estas circunstancias dificultan la agrupación de la propiedad y la gestión conjunta de los montes”. En esa mejora de la gestión conjunta, Contas analizó uno de los instrumentos que viene impulsando el Gobierno gallego, las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor). Los presupuestos autonómicos para los años 2012 y 2013 contemplaban la inscripción de 50 de esas sociedades con 5.000 productores beneficiados. “Sin embargo, en ninguno de los ejercicios se ejecutaron esos indicadores”, dice Contas. Según sus datos, “en la actualidad hay en Galicia 5 Sofor constituidas, con un total de 800 hectáreas y 300 propietarios en conjunto”. El ente fiscalizador concluye que las líneas de ayudas destinadas por la Xunta para promover esas figuras de gestión son ineficaces.
Otro de los análisis que hizo Contas sobre la gestión forestal de la Xunta se centra en el personal autonómico dedicado a esa área. “La dedicación del personal del distrito [forestal] a lo largo del año a trabajos propios de prevención y extinción de incendios dificulta la dedicación a tareas propias de extensión forestal que permitan estar en contacto con los propietarios de los montes para intercambiar ideas, conocimientos y técnicas que contribuyan a mejorar los montes”. Según el ente fiscalizador, hay una “escasa planificación de las actividades del distrito [forestal] e insuficiente coordinación entre los servicios de los que dependen: servicio de montes y servicio de prevención y extinción de incendios”.
El informe de Contas concluyó con diversas recomendaciones a la Xunta, entre ellas la de “primar las inversiones para la estructuración y capitalización de los montes con el fin de que cara al futuro no se tengan que destinar los cuantiosos recursos que se ejecutan en la actualidad en medidas de prevención y extinción de incendios”.