La batalla legal para desmontar la riqueza expoliada por los Franco ha comenzado en Galicia. Varias administraciones, entidades civiles y grupos de trabajo buscan la mejor estrategia para lograr la devolución de las propiedades “robadas” por la familia del dictador. No son pocas ni pequeñas.
El pasado martes, un informe jurídico encargado por la Diputación de A Coruña –y que será presentado este jueves a la Xunta pro Devolución– confirmaba el aval a la nulidad de la transmisión del Pazo de Meirás a los Franco. Según el documento, el dictador firmó un contrato de compraventa “simulado” en 1941, cuando llevaba tiempo usándolo tras ser incautado bajo presiones y amenazas en plena guerra, y meses después de que se aprobase la Ley de Patrimonio Nacional. Este acuerdo “ficticio” permitía que el inmueble pasase a ser bien público y que los familiares del dictador pudiesen disfrutar de él como propiedad privada. Esa es la clave sobre la que se debería basar la demanda que los expertos creen “acción necesaria” para recuperar una de las numerosas propiedades que los descendientes del general fascista poseen en Galicia.
La comisión de expertos que puso en marcha la Xunta coincide en esta demanda civil por nulidad de contrato como la mejor fórmula para recuperar un Pazo que la familia del dictador ya ha puesto a la venta en una inmobiliaria por 8 millones de euros, una decisión que no ha comunicado al Gobierno gallego, tal y como le obliga la ley. Una vez más, y al igual que con el incumplimiento de las visitas a un bien considerado de interés cultural, los Franco obvian cualquier tipo de legislación.
En cualquier caso, la posibilidad de recuperar para el bien público el Pazo de Meirás se ve ahora como posible tras años de dejadez y después de que la demanda social y política se hiciese cada vez más evidente. Varias investigaciones, como la publicada por Carlos Babío y Manuel Pérez Lourenzo, demuestran además que el inmueble es sólo la punta del iceberg de un “macroexpolio” que no se limitó al dinero de la población de la comarca de A Coruña. Terrenos, casas, importante patrimonio artístico o edificios históricos fueron usurpados por parte de la familia Franco, que se lucró y se sigue lucrando de todas esas propiedades gracias a una élite burguesa clave para aquellas operaciones.
El caso más claro son los cerca de 80.000 metros cuadrados en los que los Franco ampliaron sus propiedades fuera de los muros del Pazo y en la propia parroquia de Meirás. Decenas de terrenos y fincas cuyos dueños reales continúan desvelándose hoy en día, al igual que otras propiedades en otras zonas del ayuntamiento, del vecino municipio de Oleiros e incluso propiedades que ahora se sitúan dentro de los límites de las denominadas Torres.
Además, en plena posguerra, las administraciones públicas del franquismo gastaban dinero sin reparo en obras de las ya propiedades de Franco con la inestimable ayuda de diferentes ayuntamientos. Hay muchos ejemplos, algunos bien ilustrativos. Uno de los terrenos expoliados a los vecinos anexo al Pazo servía de cuartel para las tropas, donde había un importante problema para la evacuación de las aguas fecales. En 1951 se construye una fosa séptica bacteriana y el dictador descubre que los restos eran un importante fertilizante para el maíz plantado en las fincas colindantes. Una inversión pública de 50.000 pesetas hizo el resto y se construyó una red de saneamiento entre el cuartel y el Pazo para abonar los jardines. En 1974, según la investigación, se invirtieron en el ahora Bien de Interés Cultural (BIC) 2,8 millones de pesetas. En 1975, 3,5 millones.
Los Franco eran insaciables. La fórmula para hacerse con más terrenos era siempre la misma. La familia negociaba con los vecinos a través de la denominada Casa Civil, organismo creado en 1938, dependiente directamente del general fascista y que gestionaba todas las actividades que se derivasen de su función como jefe de Estado. Acordaba –o imponía– un precio para pasar luego los terrenos a propiedad de la familia, pero siempre inscritos a nombre del propio dictador.
Durante los años 80 y principios de los 90, la familia Franco vendió la mayoría de los terrenos, obteniendo elevados beneficios. Fincas compradas a través de la Administración acabaron siendo aprovechadas para lucro de sus progenitores. En su poder, no obstante, continúan algunas propiedades que no pudieron vender “al no ser urbanísticamente apetecibles y estar protegidas”, como destacaba Babío.
Con el resto ganaron, “muchas veces con recalificaciones por medio de las que sacaron también importantes beneficios”. El ya citado acuartelamiento de tropas, construido con fondos públicos en una parcela robada y puesta a nombre del dictador, “fue clave luego en un pelotazo urbanístico”. “No se le puede sacar más rendimiento a un robo”, insiste quien considera imposible determinar cuál fue el valor de todas esas ventas y cuántas se llevaron a cabo.
Incluso surgieron empresas de la mano del expolio. Pazo de Meirás Productos de la Huerta explotaba fincas expropiadas, producía leche, lúpulo o madera. El Ministerio de Agricultura le facilitaba semillas e incluso las crías de los animales. Los investigadores poseen documentos en los que la Casa Civil de Franco agradecía a organismos públicos sus aportaciones, e incluso algún recibo de 180 pesetas por seis docenas de huevos producidos en aquellos terrenos.
En todas estas operaciones durante la dictadura, la familia del dictador se valía de la ayuda de las élites franquistas. También para que Franco cumpliera con sus caprichos, como la Casa Cornide, en el casco viejo de la ciudad de A Coruña. Fue adquirida por Pedro Barrié de la Maza en una subasta en 1962 a la que sólo habían asistido él y el jefe del Movimiento, y por ella pagó menos de 45.000 pesetas (270 euros). Luego, acabó en manos del dictador gracias a la intervención del conde de Fenosa, uno de las figuras de la época que formaron parte de la denominada Junta Pro Pazo, un grupo encargado de expropiar el Pazo de Meirás y recaudar fondos para sus obras.
Ahora, el Ayuntamiento de A Coruña intentará recuperar este emblemático inmueble y esa es la primera posibilidad a estudiar que le ha encargado al recién creado Consello da Memoria Democrática, órgano consultivo y de participación que buscará cómo revertir para el bien público el histórico edificio.
Mucho antes de hacerse con la Casa Cornide, el dictador quiso una casa frente al mar y en zona de playa . Eligió Bastiagueiro, a pocos kilómetros de A Coruña, y ordenó que se le comprase una propiedad para construir un chalé. Se adquirió el terreno y se levantó una residencia con fondos públicos. Tras la muerte de Franco, su familia vendió la propiedad, situada en una de las mejores zonas del ayuntamiento de Galicia y con mayor renta per cápita. Otro negocio redondo.
Las figuras de Abraham e Isaac
Pero la perla de la corona siempre fue el Pazo de Meirás, donde los Franco reunieron piezas arqueológicas de importante valor, cruceiros, fuentes, balaustres o escudos traídos de otros pazos gallegos. El de Bendaña, en Dodro, por ejemplo, fue desmantelado para instalar en la residencia de verano del dictador elementos como grabados, figuras de la capilla y las propias piedras. Incluso la biblioteca desapareció. Además, de los palacios de Ximode o Hermida también se retiraron diferentes objetos que acabaron en Sada.
Entre los regalos que ayuntamientos cedían para Meirás hay fuentes de granito de los siglos XVII y XVIII, una réplica del relieve de la plaza de las Bárbaras en A Coruña o un cruceiro que representaba el Santo dos Croques y que fue usurpado del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.
Del mismo Pórtico se sustrajeron también dos figuras del siglo XII, de entre 1,80 y 1,70 metros, obras del Maestro Mateo: Isaac y Abraham. Las dos estatuas están en manos de la familia del dictador, a pesar de que no existe ningún documento de cesión por parte del Ayuntamiento de Santiago, que las adquirió en 1948 por 60.000 pesetas. El documento notarial de compraventa, así como el resto del expediente, fue encontrado tras un trabajo de documentación llevado a cabo por la Universidad en colaboración con historiadores de esa institución. En ese documento se condiciona la venta a que las esculturas no salgan del patrimonio municipal ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquier otra figura, ya que en caso contrario debería indemnizarse al propietario anterior con 400.000 pesetas.
Después de que hubiese advertido a los Franco y diese 15 días para que devolviesen las figuras, el Ayuntamiento acabó por denunciarlos para recuperar otras importantes piezas del patrimonio artístico gallego que la familia del dictador tomó como suyas sin ningún tipo de transacción legal ni acordada.
Las consecuencias de la cadena de favores, corruptelas y expolios de lo público tienen consecuencia en conflictos actuales. La relación entre los terrenos de la Solana y el Hotel Finisterre en A Coruña –que la Autoridad Portuaria de A Coruña insiste en poner a la venta para financiar el puerto exterior, ante la movilización ciudadana para su reversión a terrenos públicos– y aquella época es evidente.
Armando Casteleiro Varela fue el impulsor de la construcción del complejo de la Solana en lo que era la antigua playa del Parrote. Recibe la autorización de las administraciones en 1941 y abre sus puertas poco más de un año después. El empresario y nadador es hermano de José Casteleiro Varela, miembro del colectivo que peleó por la expropiación de terrenos y la adquisición del Pazo en Meirás y, ambos, reconocidos militantes fascistas en la más dura represión.
Luego, Casteleiro decidió construir un hotel y formó una sociedad en la que entró el empresario Aurelio Ruenes, el arquitecto Santiago Rey Pedreira y la división industrial del Banco Pastor, banco que comandaba Pedro Barrié de la Maza, designado procurador en Cortes por Franco desde 1946, y que acabaría por ser accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el hotel y la Solana.