A comienzos de 2011 Galicia rondaba las 250.000 inscripciones en las oficinas de empleo y la Encuesta de Población Activa reflejaba unas 225.000 personas en desempleo. La economía gallega destruía empleo a un ritmo de un 2% anual y los niveles de ocupación eran los más bajos desde el inicio de la crisis. En este contexto el entonces portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, instó al presidente de la Xunta a “decir claramente qué va a hacer” para atajar el que, señalaba, era ya “el primer problema que tiene el país”. Alberto Núñez Feijóo replicó dibujando una “herencia de deuda y paro” y asegurar que estaba trabajando“ para luchar contra el desempleo a pesar de no tener apenas competencias para hacerlo. Cinco años y dos elecciones después Feijóo acaba de anunciar, en su tercer discurso de investidura, una ley de empleo para desarrollar las competencias que entonces aseguró no tener.
En aquel tenso debate el líder conservador censuraba que la oposición “hiciera huelgas generales” en vez de “hablar de propuestas” para reducir el desempleo. “Eso no lo entienden los parados”, pero “nosotros seguimos” en esa labor, afirmó. “Seguimos a pesar de las pocas competencias en materia de empleo, por no decir prácticamente ninguna” con las que cuenta la Xunta de Galicia, aseguró entre un fuerte revuelo de las bancadas socialistas y nacionalistas. Su ruta, profundizó, pasaba por una serie de “acciones personalizadas para 56.000 parados gallegos” pactadas en el marco del “diálogo social” con UGT y Comisiones Obreras.
El desempleo siguió subiendo después de aquel debate durante unos dos años, en lo referido a los registros en las Oficinas de Empleo, y hasta la primavera de 2014 en términos EPA. Ambos indicadores mostraron, con un año de diferencia entre, sí, un mercado laboral con casi 300.000 personas sin empleo mientras continuaba la destrucción de puestos de trabajo. La tendencia en estos indicadores de paro y empleo comenzó a revertirse hace dos años sin que, por el momento, la economía de Galicia haya sido capaz de superado el umbral del millón de puestos de trabajo.
La propuesta de la investidura
Es en este contexto en el que Feijóo “traza” ahora el “camino” de sus políticas para, dice, impulsar desde la Xunta “un empleo en mayor cantidad, como ya está ocurriendo, pero también con la calidad suficiente”. Esos, afirma, serán los objetivos de la que eleva a la categoría de una “de las principales leyes” de la legislatura: “una nueva ley de empleo de Galicia que dote a nuestra tierra de un contexto normativo para lograr tres objetivos”, comenzando por “que se creen entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo” y que la tasa de desempleo baje del 10% -el dato más reciente es del 16,3%-.
Esa ley, dice Feijóo, priorizará “con más intensidad a colectivos especialmente afectados, como los jóvenes, mujeres y parados de larga duración”. E implicará también “incrementar las actuaciones encaminadas a reducir la temporalidad y precariedad laboral, incrementando el nivel de contratos indefinidos, por más que hoy ya son dos de cada tres”.
¿Qué competencias tiene?
Entre la ausencia de competencias manifestada por Feijóo en 2011 y la ley anunciada para gestionarlas media el ámbito competencial que el Gobierno gallego tiene, efectivamente, en materia laboral. Si bien es cierto que la Constitución Española establece, en su artículo 149, que el Gobierno de España tiene competencia exclusiva en materia de legislación laboral y Seguridad Social, no lo es menos que el Estatuto de Autonomía le atribuye a la Xunta la “ejecución” de esas acciones. Y, sobre todo, desde 1998 el Gobierno gallego tiene transferidas las políticas activas de empleo, esto es, las acciones de promoción del mercado laboral que ejercía el antiguo INEM, y que ahora son realizadas desde el Servicio Público de Empleo de Galicia por vías como la formación o acciones de inserción, entre otras.
Estas competencias ya estaban, por lo tanto, en manos de la Xunta cuando Feijóo aseguró no disponer de ellas. Y también cuando el programa presupuestario que las financia, Promoción de Empleo e Instituciones del Mercado de Trabajo, comenzó a sufrir sucesivos recortes en los Presupuestos Generales de la Xunta. Cuando el PP retornó al poder, en el año 2009, esta partida presupuestaria contaba con algo más de 420 millones de euros y al final de la primera legislatura de Feijóo, en 2012, había caído hasta los 339 millones. En los dos años siguientes los recortes continuaron hasta descender, en 2014, a los 182 millones de euros. A pesar de a las leves subidas de los dos últimos años -fue del 8,7% en las cuentas vigentes- el recorte acumulado desde 2009 es superior al 50%.