Finalmente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no tendrá que comparecer en la comisión de investigación política ahora abierta en el Congreso de los Diputados sobre el accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos a las puertas de Santiago. Pese a que tanto las víctimas como él mismo, por motivos contrapuestos, querían su comparecencia, ningún grupo parlamentario lo consideró necesario. Su nombre no está ni en el listado de 18 comparecientes en el que coincidieron todos los grupos políticos y en el que sí están, entre otros, los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, ni entre las restantes 31 personas citadas dentro de las limitadas cuotas a las que tenía derecho cada grupo.
Las víctimas le reclamaron a Feijóo en varias ocasiones explicaciones por su actuación política posterior al siniestro, en particular por varios hechos que consideraron intentos de menospreciarlas y utilizarlas políticamente, así como por la imposición al juzgado por parte de la Xunta de dos funcionarios autonómicos sin experiencia en materia ferroviaria como peritos para investigar lo sucedido. Por el contrario, Feijóo siempre se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de esa comparecencia, que se tomaba como una oportunidad de glosar la que dice que fue su única responsabilidad en el siniestro: atender a los heridos. Pero también en ese ámbito, a pesar del voluntarismo del personal implicado, hubo fallos de coordinación sobre los que en su momento la Xunta evitó hacer autocrítica en el Parlamento de Galicia y que tampoco ahora serán analizados en el Congreso.
Desde que ocurrió el accidente de Angrois, cada vez que se le pregunta por él Feijóo pone el foco en que el ministro cuando se modificó el proyecto original y se inauguró la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro era el socialista José Blanco, obviando que era la popular Pastor la que estaba en el cargo cuando Adif autorizó a Renfe a desactivar a bordo de los Alvia el sistema de control constante de la velocidad que pudo evitar el despiste del maquinista, que no frenó a tiempo. Feijóo suele sacar a relucir el nombre de Blanco para a continuación destacar que la Xunta, sin competencias en materia ferroviaria, y por lo tanto en la causa del siniestro, sí tuvo que asumir sus consecuencias ya que fue la encargada de atender a los heridos que dejó el Alvia.
El propio Feijóo avanzó en varias ocasiones que, si era citado a comparecer en el Congreso, iría encantado a relatar el funcionamiento de los servicios de emergencia de Galicia. Pero a pesar de que el accidente se produjo a cuatro kilómetros de la plaza del Obradoiro y en la víspera del día grande de Santiago, con un dispositivo especial ya activo en la ciudad de sanitarios, bomberos o policías, su coordinación por parte de la Xunta fue mejorable. Así lo evidencia el listado de llamadas y de actuaciones de los servicios de emergencias del 112 de aquella noche, desvelado en su momento por El País.
En ese listado se comprueba cÓmo la Xunta tardó más de dos horas en decretar el nivel de alerta 2, que facilita la llegada al lugar del siniestro de recursos de otras provincias. El propio camión de comunicaciones del 112 que debía facilitar la coordinación in situ en una crisis de tal envergadura tardó una hora y 46 minutos. Y uno de los dos helicópteros sanitarios con que cuenta el 061 gallego informó a los 20 minutos del siniestro que no podía despegar “por una avería”, al tiempo que ese mismo servicio de emergencias sanitarias no era capaz de dirigir hacia el lugar a las ambulancias disponibles en Santiago. Entrada la madrugada, diversos servicios de emergencias desplazados desde lejos de Santiago aún permanecían en la zona mientras otros con bases más próximas ya había retornado a ellas.
Profesionales con experiencia de diversos cuerpos de emergencias criticaron esos y otros varios fallos de coordinación atribuibles a la Xunta detectados en aquellas actuaciones, que fueron paliados por la entrega de los propios profesionales y la ayuda de voluntarios. Sin embargo, cuando diversos cargos del Gobierno gallego comparecieron en el Parlamento de Galicia para responder a las diversas preguntas que al respecto formuló la oposición, su reacción fue la de evitar la autocrítica sobre su propia coordinación y acusar al resto de partidos y a los sindicatos de intentar manchar la imagen de los profesionales de las emergencias. Ahora, Feijóo ni podrá exaltar en el Congreso la eficiencia de los servicios de emergencias gallegos ni tendrá que dar explicaciones sobre los fallos de coordinación.
Críticas de las víctimas
Tampoco tendrá que dar explicaciones sobre la principal crítica que le formula la plataforma de víctimas del siniestro, que la Xunta impusiese como peritos al juzgado que investiga las responsabilidades penales del caso a dos funcionarios autonómicos sin experiencia previa en materia ferroviaria. Uno de ellos acabó plagiando posteriormente parte de su peritaje de la investigación realizada por el Ministerio de Fomento que hizo único responsable del accidente al maquinista y que fue a su vez descalificada por la Unión Europea. “No puede ser que en un accidente en el que la administración, a través de Adif y Renfe, está completamente implicada, sea la propia administración, en este caso la Xunta del mismo color político, la que ponga los peritos para investigar”, dice Jesús Domínguez, presidente de la plataforma. “Ya pasó en el caso del accidente del Metro de Valencia, donde el perito judicial fue el director de Seguridad en la Circulación de Adif, el mismo que ahora está imputado en Angrois”, añade.
La Xunta argumentó en su momento que una norma autonómica aprobada antes del accidente la obliga a buscar primero entre el personal de la administración a posibles peritos para cualquier causa judicial antes de buscarlos fuera. Sin embargo, en los cuatro años posteriores al accidente de Angrois el Gobierno gallego autorizó que 1.357 peritajes fuesen realizados por expertos externos independientes frente a 965 que realizaron funcionarios públicos.
La plataforma de víctimas de Angrois también critica a Feijóo que a partir del año siguiente al accidente la Xunta cambiase la fecha de entrega de las Medallas de Galicia, su máxima condecoración, que anteriormente se otorgaban el 25 de julio y que desde entonces han pasado a entregarse el 24 según dijo como forma de homenaje. En aquel primer aniversario la policía impidió que numerosos miembros de la plataforma de víctimas pudieran entrar al edificio en el que se celebraba el acto y en el que Feijóo entregó un galardón a afectados seleccionados por la Xunta que supuestamente actuaban en representación de los demás, además de condecorar también a los servicios de emergencias que habían participado en el rescate. La plataforma de víctimas acusó al Gobierno gallego de intentar utilizarlas políticamente para fotografiarse con ellas pero sin que se escuchasen las reivindicaciones que pretendían lanzar.
La plataforma también considera que el hecho de seguirse entregando las medallas en años posteriores el día 24 y no volver al tradicional día 25 contribuye a restar protagonismo mediático a los actos de recuerdo de los fallecidos en el siniestro que organizan ellas mismas en la primera jornada. Tampoco sobre estas críticas tendrá que dar explicaciones Feijóo en el Congreso. Ningún grupo lo consideró necesario.