El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desconoce si su Gobierno tiene medidores propios para controlar los niveles de mercurio en la ría de Pontevedra. En respuesta a una pregunta directa al respecto tras la reunión semanal de su gabinete manifestó que no sabe este dato, después de que un informe interno remitido por Ence a la Consellería de Medio Ambiente advirtiese de que hay vertidos de este elemento por el proceso de desmantelamiento de la clorera Elnosa y avisase de que hay riesgo para la salud. El Gobierno gallego dijo a este periódico que “la presencia de un elemento en el suelo en una concentración superior al nivel general de referencia no tiene por qué suponer un problema”. El criterio para afirmar esto, aseguró hoy el jefe del Ejecutivo gallego, es “el de los técnicos en medio ambiente”.
Los primeros resultados de los análisis en la zona en la que se encuentra Ence -Elnosa, antigua filial, está dentro del mismo recinto- indican que los elementos detectados “no superan los límites establecidos por la normativa”. La Xunta ha pedido más información a la pastera. El requerimiento se hizo hace “algunos días” y la intención es, según Feijóo, “ratificar” que los valores están por debajo del máximo. “Si se superasen actuaríamos en consecuencia de forma inmediata”, agregó.
Defendió el papel de la Xunta en el proceso. La autorización que dio a mediados de 2020 la Consellería de Medio Ambiente para el plan de desmantelamiento de Elnosa se concedió porque “se comprobó que el proyecto era sólido”. Eso sí, “hay que ejecutarlo como está aprobado”, apuntó.
Ence, sin embargo, critica en su informe, fechado el pasado febrero, el proceso de descontaminación. Considera que no se tuvieron en cuenta los riesgos para los trabajadores y que no se incluyeron medidas de contención para evitar que el mercurio terminase en la ría a través de filtraciones. Cita el plan de desmantelamiento de Elnosa aprobado por la Xunta, que admite que podrían verse afectados no solo sus empleados, sino bañistas y consumidores de pescados y mariscos capturados en la zona.
El informe ha salido a la luz en un momento en el que Ence centra otra vez la polémica por su continuidad en la ría. La empresa asegura que la Ley de Cambio Climático pone en riesgo su actividad y la obligará a cerrar en 2033. Una prórroga de la concesión aprobada en funciones por el gobierno de Mariano Rajoy en 2016 permitía que la empresa se quedase hasta 2073. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el PP presionó para “desactivar el proceso de control judicial” sobre la concesión de Ence en Pontevedra. La Xunta, por su parte, ha respaldado los argumentos de Ence y ha salido varias veces en su defensa.