Alberto Núñez Feijóo ha reducido notoriamente sus apariciones públicas para hablar del coronavirus. Atrás quedan aquellas semanas en que, apoyado en los medios públicos de comunicación, mostraba ubicuidad y ofrecía hasta tres ruedas de prensa a la semana. Ni los 1.400 casos activos, que crecen a un ritmo de más de 100 en los últimos seis días, ni las incertidumbres derivadas de los rebrotes, sacan al presidente en funciones de la Xunta de su, por contraste, discreto segundo plano. Lo que no ha cambiado es su estrategia política: las responsabilidades sobre lo que sucede no son del Gobierno gallego. El pasado miércoles fue la última ocasión en que compareció, después de una reunión del llamado comité clínico, y lo ratificó. Hubo recriminaciones a los ayuntamientos, al Gobierno central y a los jóvenes.
Según la versión de Feijóo, “existe una enorme relajación en los controles” de las medidas aprobadas por la Xunta para limitar los efectos de los repuntes. Pero la culpa es fundamentalmente de las policías locales o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que deben “estar vigilantes, ser proactivas y comprobar que se llevan a cabo las restricciones”, como por ejemplo “el uso de la mascarilla en las terrazas o la no relajación del ocio nocturno”. También de la “gente joven”, a la que se dirigió casi en tono de bronca: “Necesitamos que la gente joven tome en serio las conductas que tenemos que aprobar, porque ponemos en riesgo la vida no solo de algunos jóvenes sino la de sus padres y abuelos”. Pareciera que sigue en vigor el estado de alarma y, con él, el mando único y las competencias autonómicas limitadas. Pero no. Este decayó el 15 de junio. Desde entonces, la máxima autoridad sanitaria en Galicia es el presidente de la Xunta.
El propio Feijóo se había encargado, durante los tramos más crudos de la pandemia, de afear al Gobierno de Sánchez su centralismo. Olvidaba su propia práctica, en realidad la práctica de más de 11 años al frente del ejecutivo gallego y que se saldaron, por primera vez en la historia de la autonomía, sin obtener ninguna competencia nueva. Pero el Feijóo que tensaba y distendía su relación con Madrid lo hacía en atención a su interés político inmediato. Había elecciones el 12 de julio. Ya pasaron y en ellas logró su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Sin embargo, con la misma fruición con la que solicitaba recuperar la gobernanza a finales de mayo para “abrir la movilidad entre provincias”, ahora desvía hacia abajo -los ayuntamientos- y hacia arriba -la Delegación del Gobierno en Galicia- la gestión de la situación. Su posición sobre el autogobierno resulta tan peculiar que es capaz de pedir, en la misma rueda de prensa, que el Gobierno central “siga formando parte de las soluciones” a los rebrotes y, a la vez, la “cogobernanza” sobre los 19.000 millones de euros que este va a repartir “a los territorios”.
Regreso a las aulas
No se trata apenas del discurso del presidente Feijóo, sino más bien de la línea de fuerza de la actuación de la Xunta. Este domingo el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ofrecía una entrevista en la Radio Galega, perteneciente a la corporación pública de comunicación. En la conversación reiteraba las ideas principales del comunicado que el día anterior había difundido su departamento y en el que se traslucía cierta desidia del Gobierno gallego a la hora de ejercer sus competencias estatutarias. Si la nota oficial insistía en la idea de que el Ministerio de Sanidad debe “convocar un pleno monográfico sobre el regreso a las aulas”, la entrevista oficiosa en la Radio Galega exigía “un protocolo básico” para todo el Estado y “complementarlo a nivel económico”. Su particular visión de la conflictividad en la comunidad educativa achaca el malestar entre profesorado y familias “a la variación de respuestas entre comunidades autónomas”.
“No puede ser que haya diferencias porque generamos inseguridad en la sociedad”, llegó a afirmar. Lo que no explicó es que la Xunta de Galicia se ha saltado, por ejemplo, la recomendación del Ministerio de Sanidad respecto al ratio de alumnos por aula en el curso que comienza en septiembre. Si esta sitúa lo óptimo en 15 estudiantes por clase, 20 como máximo, el Gobierno gallego lo amplía hasta 25. Esta decisión de la Consellería de Educación es una de las muchas que han puesto en pie de guerra a sindicatos y asociaciones de madres y padres. Pero no la única. Y en lo que todos los agentes de la enseñanza pública parecen estar de acuerdo es en lo contrario a lo que defendió Vázquez Almuiña en la mencionada entrevista, cuando se refirió a las medidas de su gobierno para el retorno a las aulas como “muy buenas, aunque no se pueda decir que no vaya a haber ninguna infección”. “Existe la posibilidad de que la situación recomiende en algún caso el cierre de uno o dos centros”, añadió.
Los rastreadores que no rastrean
Con todo, Vázquez Almuíña no cargó tanto las tintas como su superior, quien el pasado miércoles había llegado a referirse a “un nivel de relajación impropio de un pueblo tan serio, tan moderado y tan sensato como es el pueblo de Galicia en general”. Mientras Feijóo se dedica a amonestar a población y administraciones ajenas, los casos activos de la epidemia no detienen su escalada. Y los rastreadores que anuncia la Xunta en realidad no rastrean. “Lo que hay en la comunidad es un conjunto de profesionales que buscan casos activos y contactos”, intentó zanjar el conselleiro de Sanidad la polémica sobre la cuestión.
Durante las últimas semanas, el Gobierno gallego había insistido en que más de 6.000 profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se dedicaban al rastreo de la COVID-19. Incluía entre ellos a toda la Atención Primaria. Asociaciones profesionales y sindicatos lo negaron: en ningún momento recibieron instrucciones ni indicaciones al respecto. Lo que sí hay, de momento, son 20 personas contratadas de forma opaca. Tal vez esta escasez de recursos explique en parte porque Galicia es la comunidad autónoma donde es más difícil identificar el origen de los contagios de coronavirus. Un 73% de los mismos no se sabe de donde proceden. Y corregirlo sí entra dentro de las competencias de Alberto Núñez Feijóo.