Feijóo descarga toda la responsabilidad de la decisión que su Gobierno tome sobre el futuro de Ferroatlántica en los funcionarios públicos que analicen la solicitud enviada por la empresa a la Xunta hace tan solo unos días. La compañía del empresario madrileño Villar Mir pidió formalmente al Ejecutivo que levantara la prohibición de separar sus actividades de ferroaleación en Cee, Dumbría y Sabón de las centrales que explota en los ríos Xallas y Grande, paso previo y necesario para vender las hidroeléctricas. Lo hizo advirtiendo de que, sin esa venta, estarían en riesgo cientos puestos de trabajo en Galicia y toda una serie de inversiones prometidos en diferentes factorías gallegas.
“Les pido a los empleados públicos que estén viendo este expediente que actúen sin dejarse presionar por nadie, ni por los partidos políticos, ni por las organizaciones sindicales, ni por los intereses empresariales”, aseguró este jueves Feijóo, preguntado por el futuro de Ferroatlántica y de los trabajadores y consciente del rechazo frontal del comité de empresa y de toda la oposición política a la segregación, que consideran que esconde las intenciones de “pelotazo” por parte de Villar Mir, así como la “deslocalización y desmantelamiento” de sus fábricas en la Costa da Morte.
Xunta y PP llevan tiempo insistiendo en el argumento del estricto “cumplimiento de la legalidad” y en la búsqueda del “interés general” cuando se les pregunta sobre la decisión que tomará el Gobierno. Hace apenas un año, el director general de Energía, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró en sede parlamentaria que “nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá”. Este jueves, Feijóo dejó toda la responsabilidad de la decisión en la Asesoría Jurídica del Ejecutivo y en los funcionarios que desde ella analicen el expediente enviado por Ferroglobe a Augas de Galicia.
“La Asesoría Jurídica de la Xunta no va a trabajar bajo presión de nadie”, dijo Feijóo, quien asegura que “los empleados públicos tienen independencia para dictaminar, sea la petición de esta o de cualquier empresa, si se ajusta o no se ajusta al título concesional”. Además, advirtió de que los informes que emitan “serán vinculantes para el Gobierno” gallego y que desde el Ejecutivo no se le va a dar “ninguna indicación”.
Más allá de esto, Feijóo destaca que decía “la verdad” cuando aseguraba que la Xunta no había recibido petición alguna por parte de Ferroatlántica hasta ahora. “Se estaba intoxicando cuando se decía que estábamos autorizando la venta o la segregación”, insistió el presidente de la Xunta, que asegura que “siempre” le iba a contar “la verdad a los trabajadores y a los alcaldes”. Precisamente, este viernes se reúne con los regidores de la zona para “informarlos del plan industrial que presenta la compañía en caso de que se le autorice la segregacion”.
En Marea y BNG piden que comparezca el personal
Por otra parte, los grupos parlamentarios de En Marea y el BNG han registrado en el Parlamento la solicitud de comparecencia urgente del comité de empresa de Ferroatlántica de Cee-Dumbría en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego para escuchar “la situación que están atravesando los trabajadores de la factoría, que desconocen el futuro de las centrales tras la petición de segregación de las actividades por parte de Villar Mir a la Xunta”.
“La Cámara gallega es la cámara de representación de toda la ciudadanía de Galicia y, ante la gravedad de los hechos que rodean la venta segregada de las centrales de Ferroatlántica, consideramos una necesidad de primer orden escuchar a los trabajadores, que son los que deben tener la última palabra sobre la importancia que tiene el mantenimiento de los puestos de trabajo y y viabilidad de un sector industrial de una comarca que vive de manera principal de esta empresa”, señaló el portavoz de En Marea, Luís Villares.
“Igual que los trabajadores y las trabajadoras, igual que la mayoría de la Costa da Morte e igual que los alcaldes de la comarca pensamos que el único salvavidas para los 300 empleos en las plantas de Cee y Dumbría son las centrales eléctricas y su vinculación con la actividad industrial”, aseguró Ana Pontón, portavoz del BNG, que se reunió este jueves un encuentro con representantes del personal
Para Pontón, si Feijóo autoriza la venta de las centrales “firma la liquidación de las plantas y de 300 puestos de trabajo, y da luz verde a que un investigado por la financiación de su partido político dé un pelotazo a costa de Galicia”.