El brazo financiero y burócrata del expolio franquista de Meirás
La demanda que el Estado acaba de presentar contra la familia Franco para exigirle la recuperación del Pazo de Meirás vuelve a arrojar luz sobre las artimañas, maniobras y presiones que el régimen fascista y sus prohombres en Galicia llevaron a cabo para un expolio que tiene en las Torres su principal símbolo.
El documento clave, hallado por la Abogacía del Estado en el Archivo Histórico de Protocolos de A Coruña, demostraría la existencia de dos contratos para la adquisición del Pazo, el último de ellos “fraudulento” y simulado en 1941 para encubrir la donación y compra que la Junta Pro Pazo del Caudillo había hecho ya tres años antes para la jefatura del Estado. El objetivo de los Franco era evitar que el inmueble fuese incluido en el Patrimonio Nacional tras la ley aprobada en 1940 que regulaba la cesión de estos bienes a lo público. Y lograr, como así hizo, que las Torres de Meirás pasasen a su propiedad privada a pesar de que en 1938, como demuestra la escritura ahora encontrada, se hubiesen pagado más de 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán tras una recolecta entre amenazas, coacciones o deducciones de nóminas de funcionarios y de presupuestos municipales.
Una figura es esencial en ambos documentos: Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, antiguo dueño del Banco Pastor, máximo dirigente de la extinta Fenosa o de Astano y uno de los principales mecenas del bando fascista en la guerra civil. Su firma, representando a Franco, aparece en el contrato de compraventa simulado de mayo de 1941 donde, según los abogados del Estado, se creó “artificiosamente la apariencia” de que el dictador adquiría el Pazo por un precio de 85.000 pesetas.
Tres años antes, el Pazo ya había sido comprado a la familia de Pardo Bazán por esa Junta Provincial Pro Pazo, impulsada en 1937 por el gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz, y por el propio Barrié de la Maza. En ella, adineradas figuras o destacados militantes fascistas como Rivero de Aguilar, José María Marchessi, José Luis Bugallal, Joaquín Barcia Goyanes, José Casteleiro, Jacobo López Rúa o los alcaldes franquistas Alfonso Molina y Álvarez de Sotomayor. Este último, el quinto regidor designado en plena guerra tras el asesinato de Suárez Ferrín, había viajado a San Sebastián para acordar allí la venta de Meirás. Así lo reconocía un teniente coronel del ejército fascista en un informe reservado en el que aludía a la “rapidez” con la que se habían llevado a cabo las negociaciones para evitar que se les “adelantasen” otras provincias con la “misma idea”, tal y como recoge el informe histórico-jurídico que encargó la Diputación de A Coruña.
Se superaron las 400.000 pesetas tras una campaña que el franquismo defendió como de donación para un regalo pero que diversos documentos revelan como coacciones, amenazas, expolio de tierras o conjunto de patrullas encabezadas por la Falange. La propia Junta Pro Pazo se dirigía a los ayuntamientos para indicar cómo “visitar personalmente” a cada vecino. En una época de dura represión, con muertos en las cunetas, miles de asesinados y la guerra todavía por finalizar.
Fue, por tanto, esa Junta Pro Pazo quien impulsó la recogida de dinero, encabezada por Barrié, dueño del Pastor, la entidad que en esos mismos años buscaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmado por dirigentes galleguistas asesinados. Los golpistas detectaron “importantes sumas” dedicadas “al desmembramiento de la patria” e intentaron sacarlas de los bancos.
“Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas [...] asocia para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor San Yago, como una gloria más que añadir a su Historia”.
Era así como certificaba en un documento la Junta Pro-Pazo la donación al general fascista del Pazo de Meirás. En marzo de 1938, el Ayuntamiento de A Coruña daba cuenta de la “adquisición” del inmueble “para ofrecerlo como residencia veraniega a nuestro invicto Generalísimo y Glorioso Caudillo” y el gobernador civil envía un telegrama al ministro Serrano Suñer para comunicarle, “en nombre de esta ciudad y provincia”, que las Torres acababan de ser “adquiridas por el pueblo coruñés para donarlo a nuestro Caudillo S. E. Jefe del Estado”.
En diciembre de 1938, el dictador Franco estampaba su firma en el documento de la Junta. “Acepto”. Viajó expresamente a Galicia a recoger aquel presente, una visita que quedó retratada en las imágenes y los rostros de la colección de fotografías que digitalizó no hace mucho la Biblioteca Nacional de España. Se solemnizaba así la incautación del Pazo, que quedó plasmada en unas fotos que ilustran el recorrido del dictador por A Coruña, Santiago, Sobrado dos Monxes y Meirás y que advierten de una sociedad fervorosa en algún caso, pero mayormente atemorizada, afectada por las penurias de la guerra y con inquietantes miradas.
A pesar de constar un pergamino con la propia firma de Franco aceptando la donación y las declaraciones, comunicaciones y textos analizados de aquel 1938 en los que se documenta la donación, nunca había aparecido la escritura que certificara la compra, ess que la Abogacía del Estado ha encontrado en A Coruña. Incluso el dictador recibió en un solemne acto en Compostela aquel pergamino, un año después de su visita, en diciembre de 1939. “Acepto gustoso y exclusivamente por ser un obsequio de mis amantes paisanos”, decía. No era así.
Ni fue el único expolio. El dictador aumentó en 80.000 metros cuadrados sus propiedades fuera del Pazo en Meirás y compró terrenos en Sada u Oleiros. Otros pazos históricos fueron desmantelados también por la familia Franco, que es propietaria aún de las figuras de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria, objetos de un conflicto por dirimir en los tribunales. Fue, como dice el investigador Carlos Babío, un “macroexpolio”.
“Trama de favores mutuos”
En todas estas operaciones durante la dictadura, los Franco se valían de la ayuda de las élites franquistas de A Coruña y alrededores. “Era una trama de favores, de favores mutuos la cuenta del erario público; se lucraron y todavía se lucran las élites”, dice Babío. Y entre los protagonistas siempre presentes, Barrié de la Maza, que ayudaba a que el dictador cumpliese con sus caprichos, como la Casa Cornide, en el casco viejo de la ciudad de A Coruña. Fue adquirida por el banquero en una subasta en 1962 a la que sólo habían asistido él y el jefe del Movimiento y pagando menos de 45.000 pesetas. Luego, acabó en manos del general fascista gracias a la intervención del conde de Fenosa.
Las consecuencias de la cadena de favores, corruptelas y expolios de lo público tienen consecuencia en polémicas actuales, como la de la relación entre los terrenos del complejo de La Solana y el Hotel Finisterre en A Coruña, fuente de conflictos entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Armando Casteleiro Varela fue el impulsor de la construcción del complejo en la que era la antigua playa del Parrote, que desapareció. Recibe la autorización de las administraciones en 1941 y abre sus puertas poco más de un año después. El empresario y nadador es hermano de José Casteleiro Varela, miembro de la Junta Pro Pazo y ambos, reconocidos militantes fascistas en la represión.
Luego, Casteleiro decidió construir un hotel y formó una sociedad en la que entró el empresario Aurelio Ruenes, el arquitecto Santiago Rey Pedreira y la división industrial del Banco Pastor, que tenía al frente, otra vez, a Pedro Barrié de la Maza, designado procurador en Cortes por Franco desde 1946, y que acabaría por ser accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el hotel y La Solana.
