La denuncia de diez trabajadores migrantes, empleados en varias fincas rurales en ayuntamientos próximos a Santiago de Compostela, destapó una trama de explotación y estafa de peones agrícolas. La Guardia Civil acabó acusando a un empresario gallego por “detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores”. El juzgado de Ordes que investiga el caso ya ha tomado declaración a los implicados. Pero la causa ha tropezado con un hecho inesperado: el Ministerio Fiscal se ha ausentado del procedimiento. El sindicato Central Unitaria de Traballadores (CUT) y SOS Racismo, que sostienen la demanda, han presentado una queja formal al respecto ante la Fiscalía de Galicia.
“La inacción del Ministerio Fiscal denota una ausencia de interés objetivo por parte de este de ejercer su labor de tutela y protección de las víctimas”, señala el documento, “así como de promover la efectiva persecución penal de un delito tan execrable como es el de trata de seres humanos con fines de explotación laboral”. Lo singular del caso es que la Fiscalía sí se presentó a la primera vistilla. No volvió a aparecer. La central sindical, que fue la que denunció de entrada la situación de los jornaleros, y la ONG, incorporada más tarde a la acción judicial, aseguran que “no volvió a comparecer en ninguna de las múltiples diligencias procesales, no informó sobre las múltiples solicitudes de protección de las víctimas y no ha realizado ni la menor de las intervenciones previstas para el acusador público”.
Para las organizaciones que presentan la queja, que el ministerio público no haya ni siquiera tomado parte en la declaración de las personas perjudicadas resulta “gravísimo, a la vista de la relevancia y la entidad y gravedad de los hechos, así como de los indicios de su absoluta veracidad después de la completa investigación de la Policía Judicial”.
Una historia de terror laboral
La CUT y SOS Racismo destacan la “dimensión de la causa” y su gravedad. Los sumarios aportados por los investigadores policiales a la magistratura de Ordes recogen con detalle una auténtica historia de terror en la que el empresario y su capataz engañaron personas al prometerles salarios que nunca obtuvieron y cobrarles adelantos por arreglarles papeles que nunca les arreglaron, las retuvieron contra su voluntad, las golpearon y el primero incluso llegó a amenzar con una pistola a uno de los trabajadores. Todo sucedió durante el año pasado con los ayuntamientos de Santa Comba, Tordoia y Negreira como escenario. El principal acusado pasó menos de un mes en prisión provisional. Las dos entidades denunciantes solicitan ahora que vuelva a entrar.
Su puesta en libertad se realizó “sin oposición del Ministerio Fiscal”. Para los denunciantes, un hecho tal “raramente sucede cuando hay por el medio una detención ilegal; en el caso de existir indicios serios de delito de mayor entidad, como el de trata, sería directamente impensable, por la presión penológica de los mismos”. También dejan constancia de que el Ministerio Fiscal no ofreció a las víctimas “ninguna medida protectora” a pesar de que existen instrumentos legales “para asegurar la colaboración y la integridad de las víctimas” en delitos como los que están en juego en este caso.
El escrito de la CUT y SOS Racismo concluye con la reclamación de que el Ministerio Fiscal rectifique su inhibición y expone dos posibilidades. Si se trata de “una decisión de omisión insitucional discrecional”, pide su reconsideración. Si “la omisión responde a causas ajenas a la voluntad colegiada de la institución”, exige una actuación disciplinaria.
elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario por parte del Ministerio Fiscal.