Fomento admite que la principal autopista de Galicia obtuvo un “enriquecimiento injusto”
El sistema de cálculo por el que el Ministerio de Fomento y la Xunta han venido abonando desde 2006 los peajes de todos los vehículos que emplean la principal autopista de Galicia, la AP-9, en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala es “perjudicial para las administraciones implicadas, y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria”, Audasa. Así lo dice Fomento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado, en el que publicó el Real Decreto con el que modifica ese sistema de cálculo para ahora pagar menos.
La gratuidad de las circulaciones por la AP-9 en los tramos de acceso a las dos principales ciudades gallegas, Vigo y A Coruña, fue asumida en 2006 por el entonces Gobierno central del PSOE a medias con el bipartito de PSdeG y BNG que estaba al frente de la Xunta. Las dos administraciones decidieron pagarle a la concesionaria Audasa de los presupuestos públicos por cada vehículo que circula por esos tramos a cambio de que no lo tuviese que hacer cada usuario. Desde que se liberaron de peaje para los conductores esos tramos, el tráfico por ellos se ha incrementado en mayor medida que en el resto de la autopista, “por lo que los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que percibiría la sociedad concesionaria de no adoptarse la citada medida”, dice Fomento en el BOE. Esto es, el incremento de tráfico que provocó esa gratuidad para los conductores hizo que en estos años los ingresos de Audasa por la compensación que recibe de la Administración se incrementasen mucho más de lo que lo harían si esos ingresos dependiesen del peaje que le pagase un número más reducido de usuarios. Esto, dice ahora Fomento, es “perjudicial para las administraciones implicadas, y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria”.
Así que a partir de ahora Fomento, que asumirá en solitario esos pagos liberando a la Xunta de tener que aportar la mitad, implantará un nuevo sistema de cálculo que tendrá en cuenta como factor de corrección “la variación de los ingresos de peaje del resto de recorridos de la autopista [...] respecto a los obtenidos en 2005”. Esto es, Fomento dejará de pagar por esos vehículos a mayores que han comenzado a emplear la AP-9 en esos dos tramos porque ahora sean libres de peaje. El ministerio tendrá en cuenta a la hora de pagar a Audasa por los tráficos de Rande y A Barcala el incremento general de tráfico experimentado en toda la autopista pero no el incremento mucho mayor registrado justo en esos dos tramos por estar liberados de peaje.
En el Real Decreto publicado este sábado en el BOE no se indica desde cuándo ni en qué medida ese sistema de cálculo implantado en 2006 es “perjudicial para las administraciones” y está enriqueciendo de manera “injusta” a Audasa. Durante estos años, ese sistema “injusto” para los fondos públicos ha sido mantenido el mismo tiempo, más de cinco años cada uno, por los gobiernos socialistas que por los populares, que ahora lo modifican. Lo que se sabe por los presupuestos públicos es que tanto la Xunta como Fomento vienen pagándole cada una más de seis millones de euros al año.
El Real Decreto también modifica los plazos de pago a Audasa, que hasta ahora eran anuales e implicaban también un mayor coste para las arcas públicas. “A fin de reducir el coste de los intereses que implica el pago anual de la compensación, se incluye la posibilidad de efectuar los pagos trimestralmente, de tal manera que no se generen intereses de demora si se abonan las cantidades en el plazo acordado desde su facturación”, dice el BOE.
La asunción por parte de Fomento de la totalidad de los peajes de Rande y A Barcala, liberando así a la Xunta de asumir la mitad, como venía haciendo desde 2006, viene siendo presentada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como un logro personal a cambio del, según su visión, mal menor de no lograr la transferencia a Galicia de la titularidad de la autopista, como reclama de manera unánime el Parlamento autonómico. Feijóo llegó a decir que no quería asumir la titularidad de la AP-9 si eso implicaba que Fomento se desentendiese de pagar su mitad de esos dos peajes y la Xunta tuviese que abonar el doble. Sin embargo, la argumentación que emplea ahora Fomento en el BOE para asumir en solitario el pago de los peajes evidencia que con el nuevo sistema de cálculo no va a tener que gastar el doble por el hecho de que la Xunta deje de aportar su mitad. “Los nuevos importes de compensación calculados [con el nuevo sistema] son inferiores a los compromisos de gasto autorizados [en 2006], lo cual permite y motiva que la Administración General del Estado asuma por completo la financiación”.
