“Perdón en nombre de este Gobierno”. Eso es lo que les ha pedido este martes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a las víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 154 heridos, por los que están imputados seis cargos y técnicos de empresas públicas dependientes de Fomento. Después de cinco años de intentos de responsabilizar en exclusiva al maquinista del tren -se despistó y no frenó antes de la curva de Angrois, pero no había activo ningún sistema de seguridad que lo evitase- por parte de responsables tanto del PP en el Gobierno como del PSOE que había diseñado el AVE Ourense-Santiago, la petición expresa de perdón por parte del nuevo ministro socialista supone una novedad. Petición de perdón que el ministro hizo pública no sólo en persona a los afectados sino también a través de una nota de prensa y de su propia cuenta de Twitter.
“Percibimos un cambio de formas”, decía este martes tras el encuentro el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, pero apelaba a esperar por pasos concretos por parte de Fomento después de esta primera reunión mantenida con Ábalos tras su llegada al Gobierno. Junto con la petición expresa de perdón, que los afectados reclamaban por considerar culpable del siniestro al propio sistema ferroviario español, y por lo tanto al Estado, y no sólo al maquinista, el compromiso expreso más destacable para Domínguez, de las tres grandes peticiones que llevaba al encuentro, es que el ministerio colaborará en todo lo posible con las investigaciones del accidente.
A lo largo de estos cinco años de investigación judicial, y a pesar de las promesas políticas de máxima colaboración con la justicia de los anteriores gobiernos del PP, las dos empresas públicas dependientes de Fomento han venido ocultando o demorando la entrega de diversa documentación al juzgado. Según Domínguez, Ábalos les mostró su compromiso a facilitar toda la documentación que se le reclame. La propia nota de prensa emitida este martes por Fomento asegura que el ministerio actúa como parte en el proceso judicial “desde el mismo lado que las víctimas”.
La segunda petición de las víctimas a Ábalos fue “el cese de los cargos imputados de Renfe y Adif” de sus puestos de libre designación, en referencia a los que eran directores de Seguridad en la Circulación en las dos empresas públicas, Antonio Lanchares y Andrés Cortabitarte, el primero en el mismo cargo cinco años después y el segundo en otro puesto inferior pero igualmente de libre designación. El juzgado que instruye el caso considera que no actuaron como debían sobre el riesgo que existía en la curva de Angrois. Sobre esa cuestión, nada dice Fomento en su nota de prensa mientras que las víctimas señalan que inicialmente el ministro les comunicó que serían cesados si llegase a abrirse juicio oral contra ellos.
El presidente de las víctimas recordó a Ábalos que el propio Lanchares presentó su dimisión hace unos meses, pero que Renfe, con el PP aún en el Gobierno, no se la admitió, por lo que el ministro, según el relato de Domínguez, se abrió a evaluar nuevamente la situación de ese cargo. Domínguez también recordó que Lanchares, durante su declaración en el juzgado, llegó a decir que la desconexión a bordo de los Alvia del sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) no requería de un análisis de riesgos, algo que sí considera necesario de acuerdo a la normativa la Agencia Ferroviaria Europea, lo que para las víctimas pone en entredicho el conocimiento de la legislación del máximo responsable de la seguridad de Renfe.
Por último, los afectados también reclamaron al ministro que cumpla la exigencia de la Comisión Europea de que España realice una investigación técnica independiente del siniestro al margen de la judicial. El análisis que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento hizo público un año después del siniestro, atribuyendo la responsabilidad del mismo sólo al maquinista, a pesar de que en Angrois no existía ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su despiste, fue criticado por la Agencia Ferroviaria Europea por centrarse sólo en el error humano y no ser independiente.
Posteriormente Fomento reformó la CIAF y ahora la UE ya sí la considera independiente, argumento que venía siendo empleado por el anterior ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, para argumentar su imposibilidad de pedirle a esa comisión que reabra la investigación. Por el contrario, las víctimas no quieren que la CIAF vuelva a realizar otro análisis del siniestro sino que se constituya una comisión técnica independiente específica que investigue el accidente. Según Domínguez, Ábalos mostró en la reunión de este martes los mismos obstáculos que su predecesor argumentando que no encuentra vía legal para instar a la CIAF a reabrir la investigación. Fomento, en su nota de prensa, se limita a destacar que estudiará “la fórmula para que las comisiones de investigación sean totalmente independientes funcional y económicamente”.
La reunión de las víctimas con Ábalos se produce después de que los afectados se vinieran mostrando muy críticos con la actuación posterior al accidente de los sucesivos ministros de Fomento del PP, Ana Pastor, Íñigo de la Serna e incluso, en funciones, Rafael Catalá, de los que lamentaron que sólo les ofrecieron buenas palabras pero dificultaron la investigación del siniestro. Los afectados se muestran a la expectativa de lo que ahora puedan hacer realmente los socialistas, cuyo cambio de postura desde su anterior negativa al posterior apoyo expreso facilitó también la creación de una comisión de investigación política en el Congreso que comenzó a funcionar justo antes del verano.
Además de con la plataforma de víctimas, el ministro Ábalos también se reunió este martes con la otra asociación de afectados por el accidente (Apafas), inactiva en estos cinco años en lo que se refiere a la investigación de las causas del mismo.