“Tiene plaza el día 1 de agosto a las 3, pero para las 11 está bastante lleno ya. El día 2 está libre, pero llame cuanto antes porque en agosto nos vamos de vacaciones”. Esa es la respuesta que este jueves recibía cualquier interesado en visitar el Pazo de Meirás durante el próximo mes en caso de llamar al teléfono que la Xunta facilita a través de su web de Turismo. ¿Quién hay detrás? “La Fundación Francisco Franco. Puede llamar sin compromiso para reservar, pero sólo para los primeros días de mes y para los dos últimos”, explica el interlocutor.
Desde hace ya dos meses aproximadamente, es esta entidad de ideología fascista -que tiene como “objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco”, según explica en su página web- quien gestiona las visitas a este Bien de Interés Cultural (BIC). Lo descubrió hace ya tiempo la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), que confirma ahora una situación que, como destaca, “no es ilegal” por la condición administrativa en la que se encuentra el Pazo, “pero sí inmoral, claro”.
Este cambio en la gestión de las visitas llega después de que la Xunta abriese un expediente a la familia Franco por obstaculizar el régimen mínimo de visitas que marca la ley -cuatro días al mes- después de que el antiguo teléfono se mantuviese inactivo durante semanas, tal y como denunciaron diversas administraciones y entidades el pasado mes de febrero. Con la amenaza de una multa máxima de 6.000 euros para la acomodada familia del dictador por parte del Gobierno gallego, los Franco han delegado la elaboración de la agenda para visitar el inmueble en la Fundación que, entre otras actividades, exalta el golpe de Estado, promueve denuncias contra los ayuntamientos que retiran simbología fascista de sus callejeros o programa actos y misas en homenaje a militares golpistas.
Con todo, nada puede hacer la Administración para evitar casos como este mientras el régimen legal de la gestión del BIC sea el actual. “El Pazo de Meirás es un BIC de titularidad privada, por lo tanto son los propietarios los que se deben encargar de cumplir con el mandato legal de abrirlo al público de forma gratuita, así como de su mantenimiento”, aclara la Consellería de Cultura, que recuerda también que “la Ley del Patrimonio Cultural no establece nada al respecto de que las visitas se gestionen a través de una u otra tipo de entidad”.
Al tiempo, desde la Xunta creen que “hace falta aclarar” que la Consellería “no aporta” en la actualidad “ninguna cantidad económica a la familia o al Pazo ni para gestionar las visitas, ni para la seguridad ni para absolutamente nada”.
Hace ya unas semanas, Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Franco, advertía en una información de El Economista que “ahora” quien se “encarga de organizar las visitas es la Fundación Francisco Franco, y no hay ningún problema”. La gestión hah cambiado después de las advertencias de la CRMH, del Ayuntamiento de Sada y de la Xunta, tras semanas sin que el anterior número de teléfono diese señal.
Para Fernando Souto, presidente de la CRMH de A Coruña, la situación es que “una fundación cuyo objeto social parece ser el de minar los fundamentos de la democracia española está gestionando un BIC, propiedad ilegítima de la familia del dictador y obtenida a través del expolio y la extorsión, que se dedican ambas -la fundación y el espacio secuestrado- a glosar la figura del máximo responsable del genocidio cometido en el Estado durante la guerra civil y la posguerra”.
La CRMH recuerda que el Pazo llegó a las manos del dictador después “de un expolio al pueblo a través de expropiaciones de tierras, suscripciones populares obligatorias y expolio de recursos del Estado durante cuatro décadas”. Además, recuerda que el grupo de trabajo formado por la Comisión y otras entidades ya recopila documentación y apoyos para “conseguir la devolución del inmueble a lo público”.
También advierte de que la Fundación Francisco Franco “honra la memoria del dictador, emite pronunciamientos contrarios al cumplimiento de la legalidad de la Ley de Memoria Histórica” o premia cargos públicos que no retiran simbología franquista por “defender la memoria del Caudillo”. “Hacen apología de la figura clave en el genocidio franquista, un insulto a las instituciones democráticas y en especial a las víctimas de aquel genocidio”, insisten. Además, recuerdan que durante el Gobierno de Aznar, dicha institución recibió ayudas públicas para proyectos de archivo por un valor de unos 150.000 euros en solo tres años.
“Es legal porque el Estado lo permite”
Para Carlos Babío, investigador, impulsor de un trabajo sobre el expolio de lo público durante el franquismo y miembro del grupo de trabajo, advierte de que “la legalidad no siempre va de la mano de la moral o de la ética”. “Que una fundación como esta pueda gestionar un BIC es legal porque el Estado español ha decidido que la memoria fascista fuese legal”, añade.
“Llevamos décadas asistiendo a la protección y blindaje de la propiedad de los Franco por parte de las instituciones públicas en manos del Partido Popular”, insiste la CRMH, que junto con otras entidades hará una denuncia pública de la actual situación. Así, recuerdan que el Pazo de Meirás, a pesar de ser convertido en BIC, ha asistido al “incumplimiento flagrante y continuado de su régimen de visitas”. Han sido ya muchas las denuncias por la imposibilidad de visitar el inmueble, en especial cuando la familia del dictador lo emplea como lugar de veraneo en el mes de agosto. En esta ocasión, a la residencia sólo se puede acceder los dos primeros días de mes y los dos últimos, tal y como aclara la Fundación que exalta el golpe de Estado, la misma a quien los descendientes del dictador pensaban ceder la titularidad del Pazo a finales de los años 70, algo que finalmente no ocurrió.
Desde hace ya años, los Franco cumplen cada poco con la tendencia familiar de pasar por encima del marco legal vigente, una opción que le sale barata a la familia del dictador. Sus herederos siguen disfrutando del Pazo de Meirás como residencia privada casi 80 años después de su incautación e ignoran sistemáticamente los escasos deberes que impone su condición de BIC, fundamentalmente el que alcanza al deber de abrirlo al público un mínimo de cuatro días al mes. Pocos después de que una delegación del Parlamento constatase en el histórico edificio que, cuando se producen, las visitas al público “omiten” el relato histórico ligado a la dictadura, la Xunta confirmó que la sanción a la que se enfrentan los Franco por obstaculizar la apertura tendrá un impacto irrelevante en su saneada economía: un máximo de 6.000 euros. El expediente continúa abierto a la espera de resolución. Investigaciones recientes cifran el patrimonio de los herederos del dictador en unos 500 millones de euros