La Consellería de Cultura e Educación, departamento con competencias sobre los recintos declarados Bien de Interés Cultural en Galicia, dice estar a punto de culminar la tramitación de la sanción a los herederos de Francisco Franco por incumplir los deberes derivados de esa consideración de BIC en lo referido al régimen de visitas, un mínimo de cuatro días al mes. La acaudalada familia no tiene que temer, en cualquiera caso, una multa mayor a 6.000 euros, la máxima prevista en la nueva ley de Patrimonio. Mientras esperan por la resolución incumplen nuevamente la normativa y publicitan el incumplimiento a través de la Fundación Nacional Francisco Franco, la entidad dedicada a honrar al dictador a la que la familia ha encomendado la gestión de las visitas.
Los últimos días dispuestos para las visitas de Meirás fueron el 30 y el 31 de agosto -en ese período estival los Franco concentran la teórica apertura de puertas en el inicio y en el final del mes para pasar las vacaciones sin interrupciones-. En la primera de esas jornadas miembros del BNG trasladaron su reivindicación de devolución del edificio al propio edificio del municipio de Sada (A Coruña) mediante una ocupación simbólica que, debido a su repercusión, acrecentó el debate sobre la propiedad, entregada al general golpista en 1938 a través de una comisión liderada por el banquero Pedro Barrie de la Maza, organismo que canalizó aportaciones económicas obligatorias del funcionariado y recaudó dinero con patrullas supervisadas por la Falange.
La Fundación Franco ha replicado a esta acción de protesta con diversas críticas en redes sociales, pero también con un aviso en su sitio web, el mismo que ha venido empleando en las últimas semanas para difundir textos propagandísticos sobre la “grandeza” del dictador o con consignas negacionistas sobre la represión franquista. En ese aviso la entidad indica que “por motivos de seguridad” las visitas al Pazo de Meirás “quedan canceladas hasta nueva orden”. La organización ultraderechista no aporta ninguna explicación adicional y en esta primera semana de septiembre el portal oficial de Turismo de Galicia sigue mostrando las fechas de visitas del mes de agosto, además del número de teléfono para reservas que los Franco mantienen desconectado.
El PP sugiere que lo donen como muestra de buena voluntad
Mientras los Franco insisten en sus incumplimientos y diversas fuerzas políticas e instituciones amplían el foco sobre los bienes espoliados -esta misma semana el gobierno local de Santiago y el BNG han exigido la devolución de las dos esculturas del Pórtico de la Gloria que la familia sumó a sus propiedades a pesar de ser patrimonio público- diversos dirigentes del PPdeG, comenzando por el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, se esfuerzan en dejar claro su distancia con los Franco mientras sugieren que, dado el conflicto abierto, podrían ofrecer una muestra de buena voluntad mediante la “donación” del Pazo obtenido en plena represión.
La tesis defendida por los conservadores es, en palabras de Feijóo, que las “provocaciones” de los herederos y de la propia Fundación tienen como finalidad “utilizar el conflicto para conseguir dinero”. Esto es, incumplir la normativa vigente a propósito para provocar una expropiación. “Si no están dispuestos a cumplir esa normativa, lo tienen bien fácil: es donarlo”, señaló el presidente este jueves, jornada en la que también el conselleiro de Cultura , Román Rodríguez, consideró que esa eventual “donación” serviría para que los Franco puedan “reconciliarse” con “parte de la sociedad”. Unas palabras casi idénticas fueron las pronunciadas por el portavoz local del PP en Santiago, Agustín Hernández.
Tanto Rodríguez como Feijóo han puesto también el acento en otros dos argumentos que la Xunta viene defendiendo desde hace semanas. Uno, que el Gobierno gallego no hace más que apostar por el “cumplimiento de la ley” y que actuará en consecuencia si los Franco la transgreden. El otro, que los Franco “no van a conseguir dinero” por cumplir el deber de abrir el Pazo. Esta segunda tesis contrasta, no obstante, con la política seguida por el actual Ejecutivo entre 2011 y 2013, cuando en apenas dos años a Administración autonómica aportó, como informó Praza.gal, hasta 53.700 euros como pago del servicio de seguridad del Pazo de Meirás durante las visitas obligatorias.