La asunción por parte de la Fundación Francisco Franco de la gestión de las visitas al Pazo de Meirás y su declarada intención de aprovechar la “oportunidad” para hacer apología de la dictadura ha devuelto este agosto a la actualidad el modo en que la familia del militar golpista se hizo con la propiedad, una recaudación de fondos forzosa entre la población en 1938, pero también la normativa que estipula la apertura del histórico recinto un mínimo de cuatro días al mes. Ese deber es el resultado de un proceso legal iniciado en el año 2006 por el gobierno de coalición de PSdeG y culminado en 2008 a pesar del boicot de los herederos del dictador, que litigaron contra él hasta 2010, ya con el PP de vuelta en la Xunta. Fue entonces cuando el gobierno de Feijóo financió la apertura del Pazo durante casi tres años.
La que fuera residencia de Emilia Parzo Bazán tiene que ser abierta al público por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que adquirió por un decreto promulgado en diciembre de 2008, resultado de un procedimiento ralentizado judicialmente por los Franco, que lo llevaron a los tribunales en media decena de ocasiones. Una vez agotada la vía judicial en 2010 los Franco se vieron obligados al cumplimiento de la ley de patrimonio cultural y la Xunta, a garantizarlo. Para hacerlo, admitió entonces la Consellería de Cultura, habían optado por la vía de la “prudencia” y la “negociación”. Aquellas conversaciones desembocaron finalmente en la apertura del pazo en marzo de 2011, pero previo pago de la Xunta. Como informó Praza.gal, hasta finales de 2012 fue la Xunta la que sufragó a la familia los gastos de las visitas mediante dos convenios y una addenda que llegaron a sumar un total de 53.713 euros.
En virtud de aquellos pactos la familia Franco “garantizaba la apertura” en los corresponidentes cuatro días y el Gobierno gallego asumía “los costes derivados” de las visitas y se comprometía a “hacerse cargo de la cobertura de los daños materiales que se pudieran producir (...) mediante la contratación de una póliza de seguro”. Además, y tras la intervención del Valedor do Pobo, la Xunta tuvo que revelar que el convenio implicaba algunas excepciones al deber general de cumplir el régimen de visitas. Una de ellas, que no se realizaran “durante los días en que la familia” se encontrara “alojada en el pazo, por la imposibilidad de garantizar la seguridad de la misma”
Feijóo se atribuye la apertura
Fue en el año 2013 cuando la Xunta dejó de poner dinero para propiciar que los Franco cumplieran con la ley de patrimonio cultural y fue también desde ese año cuando comenzaron los sucesivos incumplimientos que, en virtud de la normativa actual -fue reformada en 2016-, les supondrán como mucho una sanción de 6.000 euros. Es en ese 2013, precisamente, donde comienza el actual relato de Feijóo sobre la relación de su Gobierno con los Franco y el Pazo.
Al ser preguntado al respecto por la prensa tras el Consello da Xunta de este jueves el presidente “reiteró” que su gabinete velará por que la Fundación Franco “cumpla la ley” e invitó además a denunciar “si hay algún tipo de apología de cualquier tipo de fascismo que esté incumpliendo las leyes” en la actividad de la entidad, que tiene como único objetivo honrar la memoria del dictador y difundir su “obra”.
En este sentido, Feijóo mantiene que “cuando llegamos” al Ejecutivo “había una ley del bipartito del año 2008” que “no obligaba a la familia a abrir el pazo” y lo que hizo el PP fue “a obligar los propietarios a abrirlo y a gestionar su mantenimiento”. “Ahora resulta que está preocupada la izquierda que mantuvo el Pazo de Meirás cerrado facilitando a la familia que no gastara un euro en abrirlo”, señaló. “El gobierno anterior, por lo que sea, no obligaba abrir el pazo; estoy haciendo una crónica”.
Contactos de la Xunta con la Fundación Franco
En esa respuesta a los periodistas el presidente gallego reveló, además, contactos con la familia de Franco que el Ejecutivo no había desvelado hasta ahora. Además de obviar los pagos realizados entre 2011 y 2012 Feijóo se jacta de no haber aceptado “un convenio para abrir conjuntamente el pazo” que “nos planteaba la Fundación”. “Dijimos que no vamos a participar en mantener ese pazo ni en el mantenimiento ordinario ni extraordinario, ni a financiar la apertura”, afirma, además de resaltar que “reiteramos a la Fundación que tienen que cumplir la ley y este gobierno está cumpliendo la ley, porque el gobierno anterior no lo estaba haciendo”.
Las consideraciones del presidente han suscitado la respuesta por parte del PSdeG, que a través de su diputada Concepción Burgo ha instado a Feijóo a no “falsear la realidad” solo para “esconder su actitud timorata con la familia Franco”. “Fue el Gobierno de Touriño el que declaró BIC el Pazo de Meirás” y lo hizo además “con la oposición firme del PP”, que a través del propio Feijóo había llegado a poner en entredicho todo el proceso porque, aseguraba en 2007, Meirás no es “un pazo”, sino “una torre”.