El Gobierno inicia el trámite para recurrir ante el Constitucional la ley gallega que abre la posibilidad de obligar a vacunarse

El Gobierno ha decidido iniciar el camino para suspender la nueva Lei de Saúde con la que Feijóo quiso dotarse de un marco propio para “gestionar” la pandemia. El texto, aprobado por la mayoría absoluta del PP el pasado 23 de febrero, forma parte del argumentario con el que el barón gallego del PP quiso aportar su propia visión de cómo encarar la lucha contra el coronavirus. La ley gallega se configura con una mezcla de referencias a textos preexistentes e incluye aspectos nuevos en materia de sanciones. El más llamativo es la posibilidad de que el Ejecutivo gallego pueda obligar a vacunarse a las personas que residan en la comunidad autónoma “si así lo dictaminan las autoridade sanitarias”, bajo la amenaza de multas de entre 1.000 y 60.000 euros.

La oposición en el parlamento de Galicia denuncia que el texto afecta a derechos fundamentales, un aspecto que puede justificar el recurso que el equipo de Sánchez planea presentar ante el Tribunal Constitucional. Como paso previo a esa impugnación, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes solicitar un informe al Consejo de Estado, requisito indispensable para llevar la ley autonómica al examen del Constitucional. Si finalmente ese recurso se presenta, la norma gallega quedará suspendida cautelarmente a la espera de una sentencia que confirme su constitucionalidad y, por tanto, la validez de la misma.

La decisión adoptada por Moncloa se produce tras las dudas expresadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace semanas cuestionando la legitimidad de que un texto autonómico pueda suponer la supresión de derechos fundamentales. Mientras Feijóo proclama que el estado de alarma no le basta para controlar al coronavirus, Moncloa opta por cuestionar el nacimiento de normas autonómicas que planteen una lucha diferente contra la pandemia en función del territorio.

El texto que ahora tendrá que examinar el Consejo de Estado ya fue derrotado en Moncloa y, parlamentariamente, sufrió la misma suerte en el Congreso de los Diputados. Feijóo se encargó de publicitar entonces que sus ideas para controlar a la población durante una epidemia le habían sido entregadas personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Gobierno decidió desecharlas y en ese momento el Partido Popular presentó el texto del político gallego en forma de ley nacional. No pasó el examen.

El recurso ante el Constitucional supone un enfrentamiento directo entre el ejecutivo de Feijóo y el de Sánchez, en aparente sintonía a lo largo de la crisis del coronavirus, a pesar de las constantes críticas deslizadas desde Galicia hacia lo que Feijóo calificó en innumerables ocasiones como “el mando único”. En caso de que Moncloa de el siguiente paso y acuda al Constitucional, la ley gallega quedará inmediatamente suspendida, dejando sin efecto un artículado que se aprobó gracias a la mayoría absoluta de la que Feijóo goza en el Parlamento de Galicia.