El presidente de la Xunta ha abierto la puerta a revisar los conciertos que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) mantiene con centros del grupo privado HM Hospitales. “Cualquier conducta que vaya en contra del estado de emergencia decretado por el Gobierno gallego debe ponerse en conocimiento de las autoridades sanitarias”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Desde la oposición, Galicia en Común ha pedido directamente a Feijóo que “impida” que los hospitales privados conveniados con el Sergas “aprovechen la epidemia para despedir trabajadoras o presionarlas para que cojan sus vacaciones”.
Los partidos gallegos salieron así al paso de la información publicada por eldiario.es en la que se daba cuenta de que la compañía pedía a parte de sus empleados que se fuesen de vacaciones, solicitasen excedencias o suspensiones de empleo y salario. HM Hospitales gestiona en toda España 17 hospitales y 21 policlínicos, que suman 1.500 camas. De ellos, cinco hospitales están en Galicia, con 310 camas.
El presidente se mostró cauto, pero afirmó que, “de recibir alguna información” sobre los mencionados centros privados, su Gobierno “está a disposición de la inspección médica”. Tras la declaración del estado de alarma por el Ejecutivo central, las sanidad privada ha quedado subordinada a las necesidades que establezca el Ministerio de Sanidad.
Más contundentemente se expresó Antón Gómez-Reino, candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia en Común. “La Xunta no puede permitir que, después de años de privatizaciones de los servicios sanitarios, quien está haciendo negocio con la sanidad reduzca personal justo en el momento en el que se necesitan todos los medios humanos y técnicos”, afirmó, antes de recordar y criticar que el 26,5% de la atención sanitaria en Galicia es de titularidad privada.
También el sindicato CNT ha calificado de “grave” que “la empresa esté obligando a la plantilla a coger días de vacaciones forzosas para compensar la situación, incumpliendo nuevamente la ley”.
HM Hospitales afirma que las medidas adoptadas sobre su personal solo afectan a trabajadores que “no pueden ayudar a la gestión sanitaria” y que no ha habido despidos, sino “que no se han renovado contratos temporales con personal que no está está en primera línea”.
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