La Xunta ofrece a los propietarios de viviendas el servicio de asesoramiento legal gratuito que eliminó hace dos años para las víctimas de desahucios en riesgo de exclusión

La ofensiva del Gobierno gallego contra lo que entiende como el “problema agudo” de la ocupación ilegal de viviendas se intensifica. El propio Alberto Núñez Feijóo lo llevó al Consello semanal de su gabinete hace ahora siete días, cuando anunció un convenio del Instituto Galego de Vivenda e Solo y el Consello da Avogacía Galega para habilitar un teléfono 24 horas atendido por un letrado de guardia y ofrecer así “asesoramiento jurídico gratuíto” a los propietarios con independencia de su nivel de renta. La Xunta cambia el objeto de sus desvelos. Hace dos años que no renueva un acuerdo con el mismo organismo pero dirigido a personas en riesgo de exclusión social con amenaza de desahucio o pérdida de su vivienda habitual y que consistía en un sistema de guardias semejante al turno de oficio.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda continúa con esta medida su cruzada contra una supuesta realidad que los datos disponibles no corroboran. Todavía este mismo jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ofrecía las cifras correspondientes a los nueve primeros meses de este año: 73 demandas por ocupación ilegal de viviendas, un 26% menos que hace un año. En el mismo período los lanzamientos –que cuentan fundamentalmente impagos de alquiler y ejecuciones hipotecarias– fueron 859. Estos últimos han provocado que el Gobierno central se haya comprometido, tras la presión ejercida por la izquierda del Congreso, a paralizar los desalojos de personas vulnerables durante el estado de alarma.

El Consello da Avogacía Galega se apura a aclarar que su acuerdo con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) –que depende de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda– es “una propuesta de la Xunta ante la alarma social”. “Se refiere únicamente a la intrusión ilegal en viviendas, a casos inmediatos en que eso suceda”, añade. La circular que esta semana ha remitido a sus asociados el Colexio de Avogados de Santiago mencionaba explícitamente la “ocupación ilegal de viviendas”. Que son los términos en los que Alberto Núñez Feijóo y su gabinete prefieren hablar. Sobre el convenio liquidado para personas en riesgo de exclusión amenazadas de desahucio, explica que no realizaron “afortunadamente” muchas actuaciones y que la movilización social hizo que “las administraciones se sensibilizasen y modificaran leyes y protocolos”.

27.000 euros para un año de asesoramiento legal gratuito

El Instituto Galego de Vivenda e Solo dedicará así 27.000 euros anuales para que los letrados “garanticen asesoramiento profesional gratuito para que las personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas ilegalmente sepan como actuar ente esta situación”. Se refieren a “trámites de carácter administrativo o judicial que guarden relación con los derechos y las obligaciones de los afectados”. Este cometido no encaja con ninguna de las funciones que el IGVS declara en su propia página web: la rehabilitación de inmuebles, la facilitación del acceso a la vivienda y el desarrollo de suelo empresarial.

El Consello da Avogacía Galega se encargará de confeccionar “una lista de letrados y letradas para atender la prestación de dicho servicio”. El mismo consistirá en guardias de 24 horas en las que el abogado responderá consultas telefónicas o por correo electrónico procedentes de toda Galicia. En el caso de las llamadas, será a través de una línea 900 que gestionará el propio Consello da Avogacía y que se desviará hacia quien esté de guardia ese día. Las guardias se repartirán entre los siete colegios gallegos y se pagarán a 72 euros diarios, independientemente del número de casos al que respondan. Para participar en el servicio, la única condición exigida es ser letrado dado de alta en el turno penal del respectivo colegio de abogados.

“Nunca los colegios de abogados hicieron ningún gesto para crear teléfonos gratuitos para nada”, considera un abogado molesto por la iniciativa. Aunque los convenios entre el Consello da Avogacía Galega y la Xunta de Galicia son habituales, ninguno incluye una herramienta como una línea 900 24 horas en un tema tan sensible como la vivienda. Este tipo de ayuda previa al proceso judicial entra dentro del derecho a la asistencia jurídica gratuíta. Pero este solo asiste con independencia del nivel de renta a colectivos protegidos como víctimas de la violencia machista, del terrorismo, de trata o personas con discapacidad.

73 demandas en lo que va de año, 145 en todo 2019

El anuncio de la Xunta, que todavía no se ha concretado en el papel, es solo el último episodio de una larga campaña lanzada desde el Partido Popular y replicada con insistencia por el Gobierno gallego a lo largo de los últimos meses. Las notas de prensa de la Consellería de Vivenda sobre “ocupación ilegal” se suceden y el Grupo Popular ha llevado alguna iniciativa al Parlamento de Galicia. En plena primera ola de la epidemia de coronavirus, la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, llegó a remitir una carta al ministro José Luis Ábalos en la que mostraba porque las medidas adoptadas por el Gobierno central “pudiesen desincentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler” y por “la inseguridad jurídica de los pequeños propietarios”. La oposición la acusó entonces de “lamentarse de la suspensión de los desahucios” y de ponerse al servicio de “los especuladores”.

Los datos existentes, en todo caso, distan de refrendar las tesis del PP y las instituciones en que gobierna. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de los nueve primeros meses de 2020 ha habido en Galicia 73 demandas por ocupación ilegal de viviendas –consignan aquellas propiedad de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En todo 2019 hubo 145. Los lanzamientos, sin embargo, fueron 859 en lo que va de año y 2.271 el año pasado –si bien esta categoría, advierten fuentes del Tribunal Superior de Xustiza, abarca una casuística variada: primeras o segundas viviendas, locales comerciales o inmuebles en lo que nadie esté viviendo.

El propio presidente del Superior José María Gómez y Díaz de Castroverde mencionaba el descenso de demandas civiles en una entrevista en la Cadena Ser a comienzos de octubre. El jurista, además de recordar que la problemática estaba relacionada con “cierta cuestión social, que pueda haber gente que necesite una vivienda cuando hay viviendas en manos de entidades que no hacen uso de ellas”, también consideraba que existen mecanismos jurídicos suficientes al respecto. Justo lo contrario de lo que la conselleira de Vivenda repite una vez y otra, incluso cuando admite “desconocer el número de cifras”.