En julio de 2016 la Agencia Ferroviaria Europea emitió un informe en el que consideró que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española no era independiente y había realizado un análisis incorrecto del accidente del tren Alvia en Santiago, en el que murieron 80 personas, al atribuirlo en exclusiva al despiste del maquinista. Desde entonces la Comisión Europea viene pidiendo a España que realice una nueva investigación técnica cumpliendo con los requisitos europeos, pero la CIAF, ahora ya independiente del Ministerio de Transportes, se ha negado en varias ocasiones y sigue negándose, como acaba de evidenciar el BNG a través de una pregunta al Gobierno. Este mismo miércoles víctimas del accidente se concentraron ante el Congreso, durante una comparecencia del ministro Ábalos, para reclamar que España cumpla con la exigencia comunitaria.
La CIAF no era independiente del entonces Ministerio de Fomento cuando en 2014, un año después del accidente de la curva de Angrois, emitió su informe. De hecho, su entonces responsable llegó a culpar a la ministra Ana Pastor -para rectificar a las pocas horas- de impedirle reabrir la investigación cuando la UE consideró que había sido mal realizada. Pero en 2015 el Gobierno modificó la ley y ahora la CIAF ya es considerada independiente, como concuerda también la UE. Eso impide que el Gobierno le pueda dar la orden de reabrir la investigación y analizar las cuestiones que la Agencia Ferroviaria Europea consideraba que no se habían estudiado, entre ellas si Adif había analizado correctamente los riesgos de la curva de Angrois, cuestión por la que en la causa judicial está imputado también un cargo de esa empresa pública junto con el maquinista. Además, la UE tiene abierta una investigación contra España por cómo evalúa los riesgos ferroviarios en general.
En este contexto, el BNG acaba de recibir una repuesta parlamentaria del Ministerio de Transportes en la que éste le traslada la respuesta que al respecto le da la CIAF, que insiste en su postura: “La CIAF ha considerado que el informe elaborado realiza un análisis pormenorizado, correcto e independiente del accidente”, dice, en contra de lo que considera la UE. Y añade que, a pesar de ello, “está estudiando la posibilidad de realizar alguna actuación o análisis adicional al informe, que, sin poner en cuestión lo realizado, profundice y/o aclare las dudas que se han suscitado”. Sin embargo, la CIAF viene aludiendo desde al menos octubre de 2018 a la posibilidad de hacer ese “análisis adicional”, que no reabrir la investigación, sin que hasta el momento se haya concretado.
En su respuesta, el Ministerio de Transportes asegura que no puede obligar a la CIAF a realizar nuevos análisis si ese organismo se niega, y que tampoco puede cesar a sus miembros por ello. Sin embargo, la Plataforma de Víctimas de Angrois discrepa y considera que los miembros de la CIAF no están cumpliendo con su obligación al negarse a atender la petición de la UE, por lo que creen que el Gobierno sí podría cesarlos. Para reclamar eso los afectados se concentraron este miércoles ante el Congreso de los Diputados durante una comparecencia del ministro Ábalos. En ella el titular de Transportes destacó que los planes de su ministerio pasan por “transformar” la CIAF y las demás comisiones técnicas de investigación de accidentes -marítimos y aéreos- en un único ente con “mayor independencia” y también “mayores recursos, para que tenga esa independencia”.
Mientras eso no sucede, la plataforma de víctimas critica que “los miembros de la CIAF están realizando una grave dejación de funciones y faltan al obligado cumplimiento de la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria”, dice la Plataforma de Víctimas, que asegura que “la ley del sector ferroviario permite al señor Ábalos cesar a los miembros de la CIAF y crear una nueva investigación técnica independiente” que dé respuestas técnicas al siniestro como exige la UE más allá de las judiciales que se están analizando en el juzgado de Santiago.