El pasado 26 de junio el juez que investiga el accidente del tren Alvia en Santiago emitió un auto en el que acordó formularle varias preguntas técnicas sobre el siniestro a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en sus siglas en inglés). Sin embargo, el organismo comunitario no recibió esa petición oficial hasta el pasado 22 de noviembre, cinco meses más tarde, después de que por el medio el juzgado se confundiese de dirección en lo que supone una demora más en una instrucción salpicada de errores y demoras desde que el 24 de julio de 2013 el tren Alvia descarriló en la curva de Angrois dejando 80 muertos.
“Tal petición tuvo entrada en la ERA el pasado 22 de noviembre de 2017”, acaba de dejar ahora constancia el juez instructor, Andrés Lago Louro, el segundo que tiene la causa, en el auto con el que el pasado viernes decidió llamar a declarar a diversos responsables de Adif, Renfe y las empresas constructoras de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro. En ese auto, en el que acepta diversas diligencias solicitadas por las partes personadas en la causa, el magistrado rechaza una petición que reclamaba llamar a declarar al responsable del departamento de seguridad de la agencia europea, Christopher Carr, con el argumento de que ese organismo aún está pendiente de remitir sus respuestas por escrito a las preguntas que se le formularon.
Esas preguntas las acordó el juez en un auto del pasado 26 de junio, pero la primera petición que se envió se dirigió a una dirección equivocada. La Agencia Ferroviaria Europea, o European Union Agency for Railways en inglés, o Agence de l' Union européenne pour lees chemins de fer en francés, tiene su sede en la ciudad francesa de Valenciennes, junto a la frontera con Bélgica. Así se puede comprobar en el apartado de contactos de su propia página web, donde se ofrece su dirección en el número 120 de la rue Marc Lefranq de esa localidad y un apartado postal. Sin embargo, el juzgado remitió su escrito postal en castellano a la “ Place de la Gare” de Valenciennes, la plaza en la que se encuentra la estación de tren de la ciudad y no la sede del organismo comunitario, que está a casi un kilómetro de distancia.
Esa carta fue devuelta por el servicio postal y el juez dio cuenta a las partes del error a mediados de septiembre. Y según comunica ahora, la petición no acabó de llegar a su destino hasta el 22 de noviembre. Una petición de información técnica que es vista por las víctimas y otras partes personadas en la causa como clave para determinar si Adif, la empresa pública responsable de la línea, cumplió o no con lo que establecía la normativa comunitaria en la evaluación de riesgos que realizó de la curva de Angrois antes de autorizar su apertura.
Esta no es la primera vez que la instrucción del accidente de tren de Angrois registra errores y retrasos. A lo largo de sus más de cuatro años se ha registrado un peritaje plagiado, equivocaciones de los propios magistrados al citar normativas o demoras de Adif y Renfe a la hora de aportar a la causa documentación reclamada por los jueces.