Un juzgado de Cangas abre diligencias penales contra la consejera delegada de DomusVi España y dos altos cargos de la Xunta

El juzgado número 3 de Cangas (Pontevedra) ha abierto diligencias penales contra la consejera de DomusVi España, Josefina Fernández, tras admitir a trámite la querella que el pasado 9 de junio presentaron las hijas de dos usuarias de la residencia que esta multinacional tienen en la parroquia de Aldán, en el municipio pontevedrés de Cangas. La querella admitida también señala a dos altos cargos de la Xunta: María Berta Besada (jefa de la inspección de mayores y discapacitados de la Xunta) e Ildefonso de la Campa (director xeral de mayores y discapacitados del ejecutivo de Feijóo). El juzgado investiga la presunta comisión de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional y abandono de discapacitados.

La investigación se basa en la denuncia de dos familias, una de las cuales tuvo que rescatar a su madre en pleno estado de alarma después de denunciar 50 caídas en el centro. La familiar de la otra usuaria, fallecida por COVID, acusa al centro de haber descuidado la evolución de la enfermedad y haber esperado hasta el último momento para proceder a su traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en donde no se pudo hacer nada para salvar su vida.

Según el auto del juzgado, “se trata de investigar si existieron acciones u omisiones que hallan provocado el fallecimiento” de una de las usuarias y “si existieron acciones u omisiones en el contagio de COVID-19” de otra de ellas. El juzgado ha pedido un informe forense en el que basará su decisión, antes de proceder a una imputación formal de delitos contra las personas señaladas por la querella.