Alberto Núñez Feijóo anunció este miércoles, tras asistir a la reunión semanal del comité clínico que lo asesora en temas de coronavirus, que su Gobierno “ultima” una “nueva ley orgánica de salud” para remitir, vía Parlamento gallego, al Congreso de los Diputados. “No podemos entrar en otoño con la misma tónica de los últimos meses”, dijo, en referencia a lo que entiende como “necesidad de una legislación de pandemia sanitaria” que no sea el estado de alarma, “que no es útil para gestionar algo cotidiano”. La vía que él propuso, sin embargo, demoraría un mínimo de cuatro meses de tramitación, siempre y cuando se abriese camino en el Congreso con relativa facilidad política.
“La lucha contra la pandemia no debe suponer una excepción continuada”, afirmó el presidente en funciones de la Xunta, “no debe suponer una regulación constitucional excepcional”. Insistía en la línea de oposición del Partido Popular a nivel estatal, que lleva algunos meses proponiendo reformar varias leyes y así evitar la declaración de la alarma para legislar medidas contra la pandemia. Pero fue un paso más allá. Feijóo aseguró que su Gobierno se encargará de hacerlo. En las declaraciones en rueda de prensa habló de que “reformar la ley orgánica de salud pública es algo urgente”. El comunicado que su equipo remitió a las dos horas concretaba por elevación: “La Xunta está ultimando una nueva Ley Orgánica de Salud para llevar al Parlamento y enviar posteriormente al Congreso. También se remitirá al Gobierno [central] como la aportación leal de una comunidad autónoma ocupada y preocupada por la pandemias”. La proposición no lo hará el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, sino el Ejecutivo de uno de sus principales barones.
Pero los trámites que debería seguir chocan con esa “urgencia” que alega Alberto Núñez Feijóo. Su aprobación en la Cámara gallega, aún mediante procedimientos de urgencia, demoraría en cualquier caso un mínimo de un mes, según fuentes jurídicas y técnicas consultadas. A partir de inicios de septiembre, que fue cuando el presidente en funciones de la Xunta aventuró que tendrá listo el texto. Después, la proposición de ley entraría en el incierto camino del Congreso de los Diputados. Todavía en el caso de que encontrase expedita la vía, las Cortes tardan de media seis meses en aprobarla, explican fuentes de la Cámara. En el caso de que el procedimiento fuese de urgencia, los plazos se reducirían a la mitad. Es decir, el apuro de Núñez Feijóo y el PP por disponer de “instrumentos legales efectivos” se traduciría en que no habría nueva ley orgánica de salud antes de comienzos de 2021. Según los últimos datos, en Galicia hay a 26 de agosto 2.798 casos activos de coronavirus. A nivel estatal, solo en las últimas 24 horas se han detectado 7.229 nuevos contagios.
No rotundo al estado de alarma
La singular idea de Feijóo se apoya en los artículos 87.2 de la Constitución y 10.1 f del Estatuto de Autonomía, que regulan el envío de proyectos de ley desde las asambleas o parlamentos autonómicos al Congreso de los Diputados. El reglamento del Parlamento de Galicia también lo desarrolla en su artículo 163. Con ella, el presidente en funciones de la Xunta quiere evitar la declaración del estado de alarma. Contra esta figura arremetió este miércoles duramente, después de que Pedro Sánchez recordase a los mandatorios autonómicos que la propia Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio les permitía solicitar su declaración solo en sus territorios. Esta norma recoge en su artículo cuarto, apartado b, una referencia expresa a las epidemias como motivo de un estado de alarma.
Pero a Feijóo la herramienta no le gusta. “Asistimos con decepción a que no hubiera otra alternativa a seguir prolongando el estado de alarma”, dijo este miércoles, “perdimos cinco meses para un instrumento de ley orgánica con el que poder decidir con rapidez que medidas son necesarias para hacer frente a la pandemia”. Hasta el momento, él mismo lo recordó, “todas las medidas que ha tomado Galicia han sido refrendadas por la justicia”.