La modificación de la legislación sanitaria para facilitar la “gestión” de la pandemia de coronavirus ocupa un lugar central en el argumentario político de Alberto Núñez Feijóo. Comenzó a esgrimirla en agosto del pasado año y, aunque entonces la calificó de urgente, solo este martes se aprobará en el Parlamento de Galicia una reforma de la Lei de Saúde autonómica. Y lo hará gracias a la mayoría absoluta del PP, ya que la oposición se muestra radicalmente en contra: según nacionalistas y socialistas, ataca derechos fundamentales y libertades públicas.
La norma, insisten sin embargo los populares, busca “medios para actuar dentro de la seguridad jurídica”. Lo repitió este lunes su portavoz parlamentario, Pedro Puy, para quien el texto legislativo, registrado en la Cámara por su grupo en noviembre, pretende “proteger mejor la salud y hacerlo con garantías para que los administrados no se vean sujetos a decisiones arbitrarias”. La posibilidad de que el gobierno obligue a la población a vacunarse, bajo la amenaza de sanciones de entre 1.000 y 60.000 euros, es uno de los apartados más llamativos, redactado a propósito de la inmunización contra el COVID.
Además, la ley permitirá al Servizo Galego de Saúde (Sergas), en función de la situación epidemiológica, restringir la circulación y movimiento de personas, las entradas o salidas a una zona, o el número de asistentes a una reunión. Incluye también la prohibición del botellón, al denegar “el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública” y regula la intervención sanitaria de residencias privadas de mayores, una medida que la Xunta ha aplicado durante los últimos meses a aquellos centros con elevado número de contagios de coronavirus. El régimen sancionador queda delegado en el ámbito municipal, encargado de la imposición de multas de entre 1.000 euros de una infracción leve y los 600.000 de una muy grave.
Los cambios que mañana votará el Parlamento gallego fueron el último giro de la estrategia de Feijóo. Antes había anunciado que el propondría al Gobierno central “una nueva ley orgánica de salud”, remitida al Congreso de los Diputados vía Cámara gallega. Nunca sucedió. Esa idea se reconvirtió en un documento de siete folios que remitió al presidente del Gobierno central y que constitucionalistas como Pérez Royo criticaron con dureza. Finalmente, el grupo parlamentario del PP gallego llevó la iniciativa como proyecto de ley al hemiciclo. Pero no sumó ningún apoyo.
La respuesta “no puede ser multas y sanciones”
Desde que la derecha dio a conocer el nuevo articulado allá por noviembre, BNG y Partido Socialista mostraron su oposición. Este lunes la reiteró Ana Pontón, la líder nacionalista, que considera que no aportará soluciones. “Ante una crisis sanitaria, que también deja una crisis económica y social sin precedentes en tiempos de paz, la respuesta de un gobierno no puede ser multas y sanciones”, afirmó. Su homólogo socialista, Gonzalo Caballero, se expresó en parecidos términos: “Esta ley no da respuesta a los problemas que non encontramos frente a la pandemia”, y llamó a “reforzar la sanidad y mejorar la vacunación”.
En jornadas anteriores, otros miembros de las fuerzas de la oposición había criticado el texto con mayor dureza. No se debe abordar “un problema de salud pública como si fuese un problema de orden público”, afeó en la comisión parlamentaria que perfiló el texto legal la diputada nacionalista Iria Carreira. El socialista Julio Torrado coincidió al atacar la norma por “someter a Galicia a un estado de alarma permanente, regular derechos y restringir libertades aprovechando una época de incertidumbres, miedos y desasosiegos”.
Feijóo y su “ley de pandemias”
La posición de BNG y PSdeG no servirá de mucho ante el rodillo de la mayoría absoluta popular en el Parlamento de Galicia. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo aseguró “lamentar profundamente las críticas a la única ley de pandemias que va a entrar en vigor en España” y aprovechó para amalgamar los reparos de la oposición y la manifestación negacionista que este sábado recorrió las calles de Santiago de Compostela. A esta afeó que protestase contra la “seguridad sanitaria” y que se saltasen el cierre perimetral. No hubo multas, tampoco por la notoria ausencia de mascarillas entre los participantes. Fuentes de la policía señalaron a elDiario.es que el derecho de manifestación “impera”.
En todo caso la “ley de pandemias” de Feijóo constituyó, a lo largo de los seis meses que mañana desembocarán en su aprobación unilateral por parte del PP, una de sus principales armas dialécticas en la confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este vigila posibles conflictos competenciales, justo al poco tiempo de haber recurrido –y ganado– la decisión de Castilla y León de cambiar el horario de toque de queda más allá de lo recogido en el decreto vigente del estado de alarma.