Un golpe “muy fuerte” en la cabeza y la posterior caída al suelo desde una carretilla elevadora mató, a finales del mes de julio, a un vecino de Salceda de Caselas (Pontevedra). Trabajaba en la empresa Sólido Feed, ubicada en el polígono de Atios (O Porriño, Pontevedra) y dedicada al comercio al por mayor de materias primas agrarias y alimentarias. Tenía 46 años. Fue el cuarto operario fallecido en la localidad a lo largo de un 2020 en el que la siniestralidad laboral en Galicia con resultado de muerte se ha desbocado. Si durante todo el año pasado fallecieron 43 trabajadores, en los primeros seis meses del presente ya van 27, más de uno por semana. “Y eso que hubo tres meses en los que prácticamente no se trabajó debido al coronavirus”, destaca el técnico laboral ahora jubilado Enrique Negueruela.
Solo las dos Castillas, La Rioja y Cantabria superan a la comunidad gallega en el índice de accidentes mortales del Ministerio de Trabajo correspondiente a los primeros seis meses de 2020. Este se calcula como “el cociente entre la media mensual de accidentes de trabajo ocurridos durante el período de referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta”. En Galicia es de 0,463. “Lo que está detrás de estas cifras es la explotación laboral”, no duda Negueruela, vinculado a Comisiones Obreras y en su día asesor en materia laboral de la Xunta bipartita de socialistas y BNG, “en otras comunidades la explotación se persigue. Aquí se protege”.
Hasta su reciente jubilación, Negueruela fichaba en la oficina de empleo de Ordes (A Coruña). “En los últimos tiempos vi situaciones que ya creía superadas. Despido de mujeres embarazadas, que la nómina marque un salario pero el ingreso real sea menor...”, señala. Esas condiciones son las que, a su ver, crean un mundo del trabajo abocado al accidente laboral. Que en lo que va de año alcanzan los 10.520, incluyendo 27 con víctimas mortales y 187 con persoas heridas de gravedad. “La otra gran causa es la precariedad, pero la precariedad entendida desde la mentalidad del patrón”, señala, “un tipo de patrón que abunda más en Galicia que en otros lugares y que considera que los trabajadores no son trabajadores sino súbditos. Son jefes feudales”.
“Exigua” prevención de riesgos laborales
Fernando Sabio es el responsable de Saúde Laboral de la Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato mayoritario de la comunidad. Según su opinión, otro de los factores que sitúa Galicia “entre los líderes del Estado español en incidencia de accidentes mortales y de accidentes graves” es la “exigua” prevención de riesgos laborales. “Los poderes públicos no la consideran prioritaria”, entiende, “y hay menos inversión presupuestaria en la materia. Así aumenta el riesgo de accidente”. En los últimos presupuestos aprobados por la Xunta, los de 2020, el programa dedicado a la “administración de las relaciones laborales y de la prevención de riesgos laborales”, gestionado por el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, estaba dotado con 6.532.293 euros. En 2009, últimas cuentas diseñadas por el Ejecutivo de coalición entre PSdeG y nacionalistas, el programa equivalente -de “mejora de salud y seguridad en el trabajo”- contaba con 15.804.502 euros para la Consellería de Trabajo y 1.152.912 para la de Presidencia, entonces las encargadas de hacerlo cumplir.
“En Galicia tienes el doble de posibilidades de morir en el trabajo que en la media del Estado. Es espeluznante”, añade Sabio. Roi Fernández, su homólogo en Comisións Obreiras, coincidía con el diagnóstico en un reciente artículo publicado en Praza.gal: “La única manera de corregir esta tendencia es fomentando la cultura preventiva desde todos los ámbitos, hacer una revisión de la ley de prevención de riesgos y establecer un mayor control sobre su cumplimiento”.
Fernando Sabio, no obstante, va más allá en su análisis sobre las elevadas cifras de siniestralidad laboral en Galicia y se refiere a una “amalgama de factores”. Entre ellos, el peso de sectores laborales como la construcción, el forestal, el agrario o la pesca, “más expuestos a accidentes graves”. Además menciona la existencia de “un tejido empresarial pequeño, con poco apoyo externo para la prevención”, la dispersión o la “falta de consideración social y política” de la salud laboral. “La Xunta no se implica y prefiera subvencionar cualquier otra cosa antes que la prevención”, dice.
Más duro se muestra en sus críticas Enrique Negueruela. “¿Cuántos años lleva el PP aquí?”, se pregunta retóricamente. A sus políticas achaca los datos de accidentes laborales. Pero no solo. “¿Y qué estructura tienen los sindicatos? Su docilidad, mejor dicho la docilidad de algunos sindicatos, se traduce en que seis meses antes de las elecciones firmaron el diálogo social con la Xunta”, se indigna. El denominado “nuevo Acordo de Diálogo Social” lo subscribieron, en diciembre de 2019, UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Galicia con el Gobierno de Núñez Feijóo. Se trata de un documento de intenciones. “Los órganos de participación social no se reúnen desde 2015. El Gobierno de Feijóo no respeta los mínimos derechos sindicales. ¿De qué diálogo social se trata?”, cuestiona. La debilidad de la representación de los trabajadores es así otra de las claves que, a ver de Negueruela, explica por que en Galicia hay más posibilidades de sufrir un accidente grave en el puesto de trabajo.