El 15 de noviembre de 2006, hace ahora doce años, el gobierno local de Barreiros, en la costa de Lugo, otorgó licencias para construir 333 viviendas que no tenían garantizados servicios básicos de electricidad, abastecimiento, saneamiento o acceso rodado. La de aquel día fue la última reunión para tal fin de un año en el que concedió permisos para un total de 2.966 viviendas con carencias similares en un municipio rural de sólo 3.200 habitantes que hoy cuenta con múltiples estructuras de edificios a medio levantar y 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.
Este lunes, doce años después, el alcalde que encabezaba aquel ejecutivo local del PP, Alfonso Fuente, que quería hacer de su municipio “el Sanxenxo del norte”, en referencia a la villa turística de las Rías Baixas, y que sigue actualmente al mando del Ayuntamiento, se ha sentado en el banquillo de los acusados. En un juzgado de Lugo hará frente en los próximos días al demorado juicio por aquellos hechos en el que la Fiscalía pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística tanto para el regidor como para otros cinco concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada Arca.
A comienzos de 2007 aquellos edificios ilegales fueron paralizados, alguno a medio construir y otros sin moverse una piedra, por el Gobierno gallego entonces formado por PSdeG y BNG con una decisión que el alcalde consideró una persecución personal. Posteriormente la justicia determinó que aquella paralización fue incorrectamente tramitada, por lo que los promotores inmobiliarios que habían obtenido las licencias municipales esgrimieron pérdidas millonarias y llevaron a la Xunta a los tribunales. Pero la justicia viene rechazando en sucesivas sentencias emitidas en lo que va de año las pretensiones indemnizatorias de los constructores por importes que suman ya más de 20 millones de euros. No tienen derecho a que la Xunta les compense esas pérdidas porque, dice el tribunal, con independencia de que el Gobierno gallego las paralizase de manera incorrecta, aquellas licencias que les había dado el gobierno local eran ilegales.
Lo que ahora se dirimirá en el nuevo juicio, en esta ocasión contra aquel gobierno local que otorgó los permisos, es su responsabilidad penal por dar esas licencias ilegales a pesar de contar con informes en contra. Porque ya en marzo de aquel 2006 el entonces director general de Urbanismo de la Xunta, el socialista Ramón Lueje, había emitido una comunicación al Ayuntamiento informándolo de que la ley impedía desde comienzos de aquel año otorgar licencias para esos terrenos no urbanos a los municipios como Barreiros que carecían de plan de urbanismo actualizado. A pesar de ese aviso directo y explícito, en los meses posteriores y hasta la intervención del urbanismo local por la Xunta, “los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barreiros concedieron [...] 45 licencias para la construcción de edificaciones [que sumaron 2.966 viviendas], pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal, de lo que prescindieron, pese a ser preceptivo, en parte de los procedimientos que siguieron”, dice la fiscal.
Porque mientras la arquitecta municipal, también acusada, obvió las irregularidades, la secretaria municipal no lo hizo y advirtió expresamente de ellas. El escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de las diversas ilegalidades urbanísticas que se pueden cometer. Los terrenos afectados, muchos dedicados a la agricultura o la ganadería, dice la fiscal, “distaban, en términos irreconciliables, de lo que podría ser una malla urbana, ya que carecían de acceso rodado público y de servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, red de saneamiento y suministro de energía eléctrica con iluminación pública”. En algún caso las edificaciones ocupaban suelo protegido. Es paradigmática la imagen recogida años después en una publicación de la Xunta de un cartel ofreciendo la venta de chalés “con agua y luz” como algo extraordinario ya que muchas de las edificaciones que se hacían entonces en Barreiros carecían de aquellos servicios.
A pesar de las ilegalidades, ya sentenciadas, y declaraciones como que “las feministas son feministas hasta que se casan”, el alcalde de Barreiros obtuvo desde entonces otras tres mayorías absolutas para el PP e insistió en su modelo de crecimiento urbanístico, rechazado nuevamente por la Xunta ahora controlada por sus compañeros de partido. Poco después de su última victoria electoral, la de 2015, cuando finalizó la instrucción judicial del actual caso y se decidió abrir juicio oral contra él, Alfonso Fuente dejó el PP pero no el cargo. Según varias fuentes, la intención suya y del partido es la de volver a presentarse a las elecciones del próximo mes de mayo nuevamente como candidato de los populares, pero para eso tiene que ser antes absuelto. Un obstáculo para conseguir ese objetivo fue la demora del juicio que ahora comienza, que estaba previsto para el pasado mes de febrero pero que tuvo que ser pospuesto por la huelga en la administración de justicia activa entonces en Galicia. Así que es finalmente doce años después cuando, ya juzgado y condenado el urbanismo desaforado de Barreiros, el alcalde que lo impulsó se sienta al fin en el banquillo de los acusados.