El hombre fuerte del gobierno del PP coruñés no logra anular la pieza del caso Pokémon en la que está imputado
La Operación Pokémon condiciona en mayor o menor medida diversos campos de la política gallega desde hace casi media década. Son ya más de cuatro años desde que parte de las pesquisas de la Operación Carioca, que destaparon un entramado de proxenetismo y explotación de mujeres en el entorno de Lugo, derivaron en el estallido de la investigación de esta presunta red corrupta, que golpeó con dureza a alcaldes, concejales y otros cargos de varios partidos. En octubre de 2015 la jueza instructora del caso, Pilar de Lara, dio el primer paso para trasladar a la Audiencia Nacional una de las piezas centrales de la Pokémon, la que afecta a las actividades supuestamente ilícitas del grupo de empresas Véndex. La decisión fue recurrida por uno de los excargos políticos investigados, el antiguo teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP), que acaba de fracasar en su intento de anular el proceso.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha emitido un auto en el que desestima el recurso presentado por Flores -al que se adhirieron, entre otros imputados, el ex-alcalde de Santiago Ángel Currás (PP) y el administrador de Véndex, Gervasio Rolando- para frenar el traslado de la investigación a la Audiencia Nacional y, en última instancia, con el objetivo de intentar una “nulidad de las actuaciones como petición principal”, según recoge el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es. Esa petición de nulidad no es considerada por la Audiencia ya que, recuerdan los magistrados, ni siquiera “puede ser analizada” al ser “ajena a la cuestión” del auto en el que De Lara apostó por el traslado del caso a Madrid.
La Audiencia lucense le recuerda a Flores que la cuestión de fondo de esta pieza en la que permanece imputado son las presuntas “defraudaciones” de las empresas de Véndex, a la que se atribuyen diversas maniobras delictivas para conseguir adjudicaciones públicas -como sobornos, enchufes o financiación irregular de partidos- con una “repercusión clara en la economía pública”. Los hechos presuntamente delictivos, agrega, sucedieron en diversas provincias y comunidades autónomas. La combinación de ambos factores, concluye, hace el caso susceptible de ser abordado en la Audiencia Nacional, como determinó la jueza.
A todos estos elementos la Audiencia de Lugo añade un más. “Razones de economía procesal, eficacia e imperativos jurídicos” obligan a que sea “un único órgano jurisdiccional” el que se encargue del caso. Por todo esto la resolución coincide con De Lara en que existen “motivos suficientes” para el traslado a los juzgados centrales. Rechaza, igualmente, la petición de Flores para que las actividades de Véndex en A Coruña, en las que según los investigadores estuvo implicado, sean abordadas en una pieza separada en los juzgados coruñeses. “Los hechos analizados se llevaron a cabo en diversas comunidades autónomas con un mismo hilo conductor” y “con independencia de que tuvieran sus ramificaciones a través de delegados provinciales o regionales” de las empresas, dice.
Presuntos contratos amañados y “enchufes”
Así las cosas, quien fue hombre fuerte del gobierno de Carlos Negreira está más cerca de tener que responder ante la Audiencia Nacional de los hechos que le atribuyen. Según consta en el amplísimo sumario, los investigadores y la jueza De Lara creen que, desde su llegada al gobierno del Ayuntamiento de A Coruña en 2011, Flores empleó su poder en la institución para facilitar la concesión de contratos públicos a Véndex y para realizar “propuestas de contratación” y “enchufes” en servicios municipales gestionados por estas empresas.
Siempre según la investigación, Flores llegó a manejar “una lista para contratar a determinadas personas” por estas vías y “no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde”. Además, las indagaciones de la rama coruñesa de la Pokémon -apodada 'Pikachu' por los investigadores- ligan al antiguo concejal con una presunta “obstrucción a la justicia” en la investigación del “acoso laboral” a un trabajador del Ayuntamiento que se convirtió, a comienzos de 2015, en testigo protegido.
El desgaste político motivado por estas y otras acusaciones -Aduanas también le atribuye a Flores el cobro de 5.000 euros de la trama, negado reiteradamente por el ex-edil-, así como el estallido de la Operación Zeta -en la que Flores no está imputado, si bien la Policía le atribuye “acuerdos ilícitos”- motivó que apenas mes y medio antes de las municipales de 2015 Julio Flores se cayese de las listas electorales del PP. A principios de 2016 quien abandonó la política activa fue el propio Carlos Negreira, señalado en este caso como “conocedor” de los hechos, pero nunca imputado en él.
