Este lunes, tres años y casi cuatro meses después de su última reunión, la comisión parlamentaria de investigación sobre el fracaso de la fusión de Caixanova y Caixagalicia, la gestión de Novacaixagalicia y las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos se ha vuelto a reunir. Tras permanecer congelada mientras Galicia transitaba por hasta cinco procesos electorales el órgano parlamentario se reabre, pero para cerrar lo antes posible. Se hace en los términos aprobados el pasado noviembre y justo después de que el encarcelamiento de cinco antiguos responsables de la entidad fusionada haya devuelto al primer plano de la actualidad los años en que el Gobierno gallego impulsó la unión de las entidades. La orden de la Audiencia Nacional provoca que la oposición exija más documentación, pero también nuevas comparecencias que el PP se dispone a vetar.
El objeto de la comisión, aprobada según lo estipulado por los populares, es “finalizar los trabajos realizados” en la anterior legislatura, resalta la formación conservadora, y eso es justamente lo que se hará. En la línea de lo ya indicado por el Gobierno a través del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, el portavoz Pedro Puy cree que las comparecencias desarrolladas en 2013 son suficientes para que el Parlamento pueda llegar a una “explicación” de lo que “pasó”. Como mucho, el PP está dispuesto a que antes de la elaboración de las conclusiones sean incorporados a la comisión documentos como los relativos a las ventas presuntamente opacas de pisos por parte de la familia de José Luis Méndez, antiguo director general de Caixa Galicia, así como las sentencias judiciales de los exdirectivos. Y nada más. No se van a investigar “cosas nuevas”, sintetiza.
El cierre rápido de la comisión que el PP tiene asegurado poder promover gracias a su mayoría absoluta es rechazado desde el resto de grupos. Es el caso de En Marea, que ejercerá la secretaría del órgano a través de Manuel Lago. A juicio del parlamentario sí hay margen para profundizar en la “principal estafa” sufrida en Galicia, dice, en la que “hubo actores evidentes” que no fueron sólo “los autócratas que dirigían estas entidades”. “También los responsables políticos que tomaron decisiones” a favor del “acuerdo que liquidó las cajas de ahorro y liquidó el sistema financiero del país”. Con el dinero que pagó el venezolano Banesco por los restos de Novagalicia Banco, afirma, “tendríamos un instrumento financiero de primer orden como primer paso para crear la banca pública gallega”.
También el PSdeG reclama extender los trabajos con nuevas comparecencias, comenzando por la del ex-gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en 2013 respondió por escrito a las preguntas del Parlamento gallego, o por el presidente del FROB, Jaime Ponce. A juicio de Xoaquín Fernández Leiceaga estas intervenciones son necesarias para “ofrecer claridad” y llegar a una explicación convincente, desde la óptica política, de un proceso que acabó con la privatización de las principales cajas de ahorros de Galicia“, más todavía teniendo en cuenta que ”de por medio han sucedido cuestiones no demasiado ejemplares, como las indemnizaciones a los directivos o la actuación en las preferentes“.
A juicio del BNG la lista de nuevas comparecencias tendría que estar encabezada por el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ante la propia comisión aseguró no tener responsabilidad alguna sobre lo sucedido con la fusión, operación que la pasada semana defendió como “una de las cosas con las que más tranquilo me siento”. “Pedimos que comparezca el presidente de la Xunta” porque “algunas cuestiones que están de actualidad señalan directamente su responsabilidad” tanto “en las indemnizaciones, en las que Feijóo fue cómplice porque blindó a los directivos modificando la ley para darles un año más de mandato” como en la “venta apresurada de Novagalicia Banco”. La comisión, agrega Ana Pontón, tiene “un importante trabajo por realizar” sin “mordazas” y Núñez Feijóo “tiene mucho que explicar”.