César Fernández Gil, hombre de confianza del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y licenciado en Filosofía, fue el diputado encargado de defender este martes en el Parlamento de Galicia la negativa del PP a siquiera iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por En Marea y apoyada por PSdeG y BNG para recuperar la titularidad pública del pazo de Meirás, expoliado durante la dictadura para disfrute de la familia Franco. En su intervención, el popular filosofó sobre la textualidad y la forma de la iniciativa evitando entrar en el fondo de la cuestión más que para insinuar que el Estado de Derecho no tendría capacidad para retirarle a los Franco el pazo que ellos obtuvieron con la dictadura.
Lo rechazado por el PP este martes en el Parlamento gallego estaba aún lejos de ser la recuperación del pazo de Meirás de manos de los Franco. Era la toma en consideración inicial, previa a un debate posterior más técnico, de una proposición de ley que la Cámara gallega tendría que remitir al Congreso de los Diputados para reformar la ley estatal de memoria histórica e introducir en ella una disposición adicional que permitiera la recuperación del pazo. Esa disposición indicaba que en un plazo de seis meses las administraciones públicas deberían iniciar el proceso para recuperar la titularidad pública del bien, que pasaría a ser gestionado por un ente público consorcial formado por el Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada. Sin embargo, el diputado popular optó por argumentar que el texto que iniciaría todo ese proceso presentaba diversos defectos en su redacción.
Fernández Gil criticó la “indefinición sobre quién debe ser el expropiante” del texto propuesto por En Marea e insinuó durante su intervención que la norma vulneraría los derechos de los Franco. “No juzgamos el franquismo, nuestro grupo ha manifestado su rechazo, juzgamos la vigencia y aplicación del Estado de Derecho”, dijo. Luego, incidiendo en cuestiones formales y obviando que el Parlamento de Galicia ya tramitó otras proposiciones de ley, argumentó que “el ámbito de este debate debería ser el Congreso de los Diputados”.
La proposición de ley fue defendida por el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, quien en su réplica a Fernández Gil recordó que lo que pedía su grupo era precisamente “ajustar la legalidad a la justicia” y que “después podemos discutir de los aspectos que quieran durante la tramitación”. “El derecho a la propiedad privada no es un derecho fundamental, la dignidad sí”, argumentó Sánchez, para criticar que el popular acudiera a la Cámara “a hablar como si esto fuese la expropiación de una carretera”. “No comprometan su dignidad actuando como cómplices de un brutal expolio”, le había dicho previamente al PP.
Por su parte, la diputada socialista Concepción Burgo recordó que “el único paso” dado hasta ahora para imponer en Meirás derechos de la ciudadanía sobre los de la familia Franco fue la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural (BIC) durante el gobierno autonómico bipartito de PSdeG y BNG, entre 2005 y 2009. La figura obliga a la familia a abrir el edificio al público, pero esta viene incumpliéndolo. “El PP, en todo este procedimiento, desde 2009, estuvo amparando los deseos de la familia Franco y no amparando los derechos de la ciudadanía”, destacó la socialista, que añadió que “no es normal que todos los años la hija y la nieta de Franco aparezcan en la portada de la revista Hola en el pazo de Meirás y nadie diga nada”.
Por el BNG, Xosé Luís Rivas lamentó que todos los pasos dados para resarcir a las víctimas de la dictadura se produjeron “con la oposición frontal o sorda de los más, de los herederos sociales e ideológicos” de la dictadura, que identificó con el PP. “El pazo del Meirás debe volver a dominio público”, dijo, ya que “es el botín de un delincuente a la luz del mundo”.
El rechazo de la toma en consideración de la proposición de ley de En Marea se produce tres días antes de que este viernes los miembros de la comisión de Cultura de la Cámara gallega realicen una visita al pazo. A petición del PSdeG, los diputados comprobarán el estado en que se encuentra el inmueble y se interesarán por los incumplimientos del régimen de visitas establecido por la Xunta.