En la noche de 26 de marzo de 2010 un maquinista murió en Arévalo (Ávila) cuando su tren chocó por detrás contra otro que estaba parado. En la zona estaban realizándose pruebas de señalización y un fallo hizo que se pusiera en verde un semáforo que debía estar en rojo. La Audiencia Provincial de Segovia (aunque Arévalo está en Ávila, el caso lo instruye un juzgado de la vecina Santa María la Real de Nieva, en Segovia) acaba de ratificar, a punto de que se abra juicio oral, la imputación por aquellos hechos de varios técnicos de distintos niveles, entre ellos el del entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por ser el “máximo responsable de la seguridad vial”. Cortabitarte fue quien, en el mismo cargo, autorizó a Renfe a desconectar el sistema de control constante de la velocidad a bordo de los trenes Alvia un año antes de que uno de ellos descarrilara en Santiago el 24 de julio de 2013, pero en esta causa Cortabitarte fue desimputado a pesar de que nunca prestó declaración, ni cuando estuvo imputado -se negó a hacerlo- ni como testigo. Las víctimas de Santiago lo señalan como una persona clave para aclarar el siniestro y Adif siempre ha defendido su trabajo.
El pasado viernes 30 de septiembre la Audiencia Provincial de Segovia emitió un auto en el que ratifica la imputación de varios técnicos de dos empresas privadas y de Adif, entre ellos su exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte. Según el relato de los hechos de la Audiencia, el accidente “tuvo su origen en el fallo de las instalaciones de seguridad” de la estación de Arévalo “ocurrido en el transcurso de unas pruebas que se estaban llevando a cabo a consecuencia de un cambio en el sistema informático. Ello dio lugar a que el semáforo de avanzada de la estación quedase en color verde, en vez del color rojo que debía mantener durante las pruebas, y que por ello el tren de mercancía que conducía el fallecido prosiguiera su marcha colisionando con otro mercancías detenido en el siguiente semáforo, que sí estaba en rojo, falleciendo el conductor”. La Audiencia entiende “que existió en el accidente una conducta gravemente imprudente, como fue la de permitir que en una situación en que se estaba probando el software de control del tráfico, se permitiese la circulación de trenes” sin adoptar otras medidas de seguridad “pese a que se conocían las recomendaciones que indicaban la procedencia de suspender el tráfico durante las obras”.
Según la Audiencia de Segovia, “la imprudencia esencial fue la de autorizar el tráfico por el lugar durante las pruebas de señalización”, por lo que mantiene la imputación de Cortabitarte decretada por la jueza instructora del caso, que propone abrir ya juicio oral, alegando que “se trata del director de seguridad de circulación, y por lo tanto el máximo responsable de la seguridad vial, por lo que la decisión última sobre la suspensión del tráfico durante la ejecución de las obras era de su competencia”. La Audiencia destaca que “en cualquiera caso, como máximo encargado de la seguridad de la circulación, debe mantenerse su imputación, sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse en el acto del hipotético juicio” sobre la confianza que Cortabitarte había depositado en que la empresa que hacía los trabajos comprobara antes que los semáforos estaban en rojo.
En el caso del accidente de Santiago, Cortabitarte autorizó en persona un año y un mes antes del siniestro que Renfe desconectara a bordo de los Alvia el sistema ERTMS de control constante de la velocidad propio del AVE porque a veces fallaba y detenía el tren sin motivo alguno, provocando demoras y pérdidas económicas a la operadora. El ERTMS tardó dos años en ser reparado y su desconexión dejó a los maquinistas como únicos responsables de vigilar en todo momento la velocidad del tren. El día del accidente, el conductor del Alvia, Francisco José Garzón, único imputado actualmente, recibió una llamada del interventor del tren que lo despistó y no frenó a tiempo de 200 a 80 kilómetros por hora, como requería la curva de Angrois.
El primer juez instructor del accidente imputó por dos veces a Cortabitarte además de a otros técnicos y miembros del consejo de administración de Adif. La Audiencia Provincial de A Coruña los desimputó a todos en las dos ocasiones al considerar que no había indicios de que nadie incumpliera ninguna norma más allá del maquinista. Pero en la última desimputación, hace dos años, la propia Audiencia de A Coruña indicó que, de haber “indicio de criminalidad”, estos “serían apreciables exclusivamente en el presidente del consejo de administración” si se demostrara que era conocedor del riesgo de Angrois “y en el Director de Seguridad, como máximo cargo de responsabilidad directamente competente en lo relativo a la protección del tren y quien certificó la adecuación técnica del proyecto”.
Tres años después del accidente, Cortabitarte, que ya no ocupa ese puesto pero sigue en Adif, nunca ha prestado declaración sobre Angrois, ni siquiera como testigo. En el tiempo que estuvo imputado fue citado por el primer instructor pero ejerció su derecho a no declarar. Ahora se investiga, como ordenó la Audiencia de A Coruña cuando en mayo reabrió el caso, si Adif analizó como debía el riesgo que existía en la curva de Angrois antes de autorizar que los trenes circularan por ella como lo hacían.