El director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares Asensio, es llamado a declarar como investigado -antigua figura de imputado- por el juez instructor del accidente del tren Alvia en Santiago para que aclare su posible responsabilidad en el análisis de riesgos de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro y en la que la ausencia de medidas de seguridad de respaldo dejaba toda la responsabilidad en manos del maquinista. Lanchares está citado a comparecer en el juzgado el día 7 de noviembre. Junto con él también están citados para ese día y el siguiente tres técnicos de la consultora pública Ineco para que aclaren igualmente su responsabilidad en ese análisis de riesgos.
La citación de estas cuatro personas se produce tras la declaración del también imputado director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que en su comparecencia en el juzgado del pasado 27 de julio desvió responsabilidades sobre las carencias de seguridad del AVE Ourense-Santiago a otros departamentos del Ministerio de Fomento, en particular a Renfe y a la consultora pública Ineco. Segundo dice ahora el juez, “resulta imprescindible recabar el testimonio del Director de Seguridad en la Circulación de Renfe al que el señor Cortabitarte situó en idéntico grado de responsabilidad que el suyo”.
En el siniestro del 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas, el maquinista del tren Alvia, Francisco José Garzón, también imputado en la causa, se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que existiese ningún sistema automático que evitase o paliase el error humano y a pesar de que existía una advertencia de un jefe de maquinistas de Renfe a sus superiores de que podía ocurrir un siniestro así.
Antonio Lanchares es jefe de Seguridad en la Circulación de Renfe desde antes de que se pusiese en servicio a finales de 2011 el AVE Ourense-Santiago. Él fue quien solicitó a su homólogo en Adif, Andrés Cortabitarte, autorización para desconectar a bordo de los Alvia entre Ourense y Santiago el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE (el ERTMS) y circular solo con el sistema convencional de control puntual (el ASFA), que no estaba programado, como sí se hizo después, para evitar un exceso de velocidad en Angrois. El ERTMS daba fallos y Cortabitarte autorizó a Lanchares en junio de 2012, más de un año antes del siniestro, a desconectarlo y circular solo con el ASFA mientras Renfe no arreglaba el problema. El sistema no sería reparado y conectado de nuevo en los Alvia entre Ourense y Santiago hasta el verano de 2014, más de dos años después.
El juez dice ahora que “no podemos obviar” que Lanchares fue quien solicitó esa desconexión “sin que conste que, con carácter previo, se realizara una previa evaluación del riesgo que podría representar para la seguridad en la circulación tal desconexión que, si bien en principio se preveía temporal, a la postre se mantuvo durante case un año y estaba vigente a la fecha del accidente”.
Lanchares, a pesar de solicitarlo varias de las partes personadas en la causa, aún no había comparecido en el juzgado en estos más de cuatro años de instrucción. Sí lo hizo el 28 de octubre de 2014 en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión de análisis del sistema ferroviario español creada tras el siniestro. En esa comparecencia, a puerta cerrada pero de la que se conocen las transcripciones de las intervenciones, Lanchares dijo que en el accidente se había cumplido con la normativa ferroviaria pero que ésta no era “la adecuada”.
“Como responsable de seguridad me siento, digamos, fracasado y lamento el accidente”, dijo entonces, para añadir que antes del siniestro de Angrois la normativa no preveía sistemas de frenado automático en reducciones bruscas de la velocidad como la que requería Angrois sino que las dejaba en manos de los maquinistas. “A veces en los accidentes lo único que se puede sacar es aprender de las causas y tomar medidas para que no vuelvan a suceder, y esto es lo que creemos que se consiguió”, destacó.
Tres técnicos de Ineco
Junto con Lanchares, el juez también cita a declarar como investigados a tres técnicos de la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento. “Partiendo una vez más de la declaración prestada por el señor Cortabitarte, es necesario tomar declaración a los técnicos de Ineco encargados de realizar el informe de evaluación independiente Laura López, Salvador Arriaga y Jorge Merino”, dice el juez, que añade que “la función de tales técnicos no se limitaba a una mera función auditora exenta de capacidad decisoria o propositiva sino que eran dichos técnicos los encargados de efectuar la evaluación de riesgos”.
El auto con el que el juez instructor establece estas citaciones ordena también volver a formular a la Agencia Ferroviaria Europea diversas preguntas sobre la obligatoriedad de ese análisis de riesgos que ya se le habían intentado formular hace unos meses pero que habían sido remitidas por el juzgado a una dirección errónea. Ahora se vuelve a hacer el envío añadiendo otras cuestiones que en este tiempo pidieron incorporar varias de las partes presentes en el proceso.