A Coruña y Compostela pusieron en marcha en las últimas semanas sus respectivas rentas sociales municipales. El 5 de octubre comenzó el plazo para solicitarla en Santiago y el 30 de septiembre lo había hecho en la ciudad herculina. Los dos instrumentos buscan dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad que en la actualidad no perciben la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) -a la que sólo pueden acceder aquellos que carecen de cualquier ingreso-, dando respuesta así a nuevos perfiles de pobreza, personas que en muchos casos tienen trabajos intermitentes o con salarios insuficientes para tener una vida digna.
Tanto en A Coruña como en Compostela alrededor de uno de cada cinco hogares ingresa menos de mil euros mensuales. Y una proporción parecida se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de 15 mil familias coruñesas y más de 4 mil compostelanas dicen llegar a final de mes con “muchas dificultades”. Y entre las dos urbes suman más de 26 mil parados y paradas. Aún así, el número de solicitudes anuales de la RISGA (a pesar de incrementarse en los últimos años) no supera las 783 en A Coruña y las 129 en Santiago de Compostela.
Las cuantías de las rentas van en los dos casos desde los 532,51 euros mensuales (el 100% del IPREM) hasta los 798,58 en Compostela y los 1.064 en A Coruña, en función del número de personas a cargo de la solicitante. La ordenanza compostelana incorpora además una serie de cinco prestaciones de rescate social para cubrir necesidades básicas (alimentación, vestido, alojamiento...), paliar la pobreza energética y colaborar con el equipamiento básico de vivienda, para el fomento del derecho a la educación en estudios postobligatorios y una prestación para salud bucodental. Además, las aportaciones -en forma de prestación y no de subvención, reduciendo así los trámites- se acompañan de itinerarios de inclusión social, gracias a la acción de profesionales especializadas.
La renta social era una de las grandes apuestas en los programas que llevaron a Marea Atlántica y Compostela Aberta al gobierno de sus ciudades. Y son, en esta primera mitad de la legislatura, uno de los elementos que les pueden permitir llevar la iniciativa política y dar soluciones a los problemas más urgentes de una parte de sus habitantes. Hablamos con las dos concejales responsables de la puesta en marcha de las rentas municipales, Silvia Cameán (edil de Justicia Social y Cuidados en A Coruña) y Concha Fernández (edil de Políticas Sociales en Compostela).
¿Podemos considerar la renta municipal el proyecto más importante de los gobiernos municipales de A Coruña y Compostela?
Silvia Cameán: Siempre dijimos que viviendo en tiempos de emergencia social, en los que las políticas del PP han provocado un gran sufrimiento en muchas personas, esta tenía que ser la prioridad. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en A Coruña se incrementó en un 51% con el anterior gobierno municipal. Y mientras eso sucedía, ese gobierno no llevó a cabo ninguna acción que atendiera a estas necesidades. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es la gente y que hemos venido aquí para gobernar para el 99%. La renta social nace para atender estas necesidades básicas que no se estaban atendiendo y para poner en el centro de la política lo verdaderamente importante: las personas.
Concha Fernández: Es un pilar fundamental. Cuando iniciamos el proyecto de Compostela Aberta partíamos con el objetivo de defender todos los derechos para todas las personas. Entendíamos que teníamos que amparar todas las situaciones que generaran necesidades de derechos y recursos, incorporando las prestaciones de rescate social. Además, buscamos romper los círculos de la pobreza, invirtiendo en educación y en salud allí donde no llega el sistema universal.
¿La renta social llega allí donde la Risga no estaba llegando? ¿Sirve para dar respuesta a los problemas de los nuevos perfiles de pobreza, por ejemplo personas que sí tienen trabajo, pero cuyos ingresos son insuficientes para tener unas condiciones dignas de vida?
SC: La renta social nace en parte porque el sistema de la Risga no estaba funcionando. En A Coruña la mitad de las solicitudes eran denegadas, e incluso en los casos que eran concedidas los importes eran muy insuficientes. Una de nuestras preocupaciones era llegar a esas personas que la Risga estaba excluyendo y también proporcionar una cantidad que permitiera vivir a una persona, fijando finalmente un mínimo de 532 euros y un máximo de 1.064, cantidades que, desde luego, consideramos que se pueden mejorar. Efectivamente, hay personas que trabajan y que reciben un salario de 200 o 300 euros. Siempre consideramos la renta social como un complemento para esas personas que trabajan pero que no pueden llegar a final de mes.
CF: Los ayuntamientos no pretendemos sustituir las competencias y las responsabilidades que tiene la comunidad autónoma. ¿Por qué tenemos que poner en marcha esta renta? Porque la Risga no cubre a una parte importante de la población. Por ejemplo, no cubre a las personas que no tienen una residencia legal, pero esas personas son también nuestros vecinos y vecinas, y son personas que si pierden su trabajo perdían todos sus derechos. También deja fuera a las personas que tienen pequeños ingresos, por ejemplo empleadas del hogar que ganan 200 euros al mes, o personas que cobran pequeñas pensiones, por ejemplo por una incapacidad parcial. La Risga hoy en día no es suficiente, no llega a los trabajadores pobres, a los precarios, a los que encadenan contratos discontinuos. Los 429 euros de la Risga, además, son insuficientes, debemos fijar el mínimo en el 100% del IPREM.
¿Lo ideal sería que este tipo de rentas sociales llegaran a toda Galicia, bien a través de la Xunta, bien a través de otras administraciones?
CF: No deberíamos ser los ayuntamientos los que nos ocupásemos de esto, debería ser quien tiene competencia, por ejemplo como sucede en Euskadi. Desde los ayuntamientos queremos llamarle la atención a la Xunta y decirle: 'miren, ustedes tienen aquí competencia y no llegan, háganse cargo de todos los colectivos a los que dejan fuera, y eleven la cuantía'.
SC: Siempre se nos dijo que proporcionar esta renta social no era nuestra competencia, pero sí era nuestra incumbencia, desde los ayuntamientos no podemos mirar hacia otro lado. Hay recursos que la comunidad autónoma debería estar articulando y no lo hace, por lo tanto desde aquí debemos tomar la iniciativa para dar soluciones a nuestros vecinos y vecinas. Lo ideal sería replantear la Risga, que la Risga fuera justa, que no dejara fuera a tantísima gente y que además proporcionase unas cantidades suficientes para poder vivir. Desde luego, todas las personas en Galicia deberían poder tener acceso a mecanismos como los que hemos puesto en marcha en A Coruña.
El plazo para solicitar la renta ha comenzado hace sólo unos días, pero ¿hay ya datos sobre la manera en que está funcionando, el perfil de los solicitantes, posibles dificultades...?
SC: Tenemos ya los primeros datos, pero aún no podemos ofrecer cifras exactas. Está funcionando bien, muchas personas están acercándose por los centros cívicos para obtener información, no está habiendo situaciones de colapso, que era una de nuestras preocupaciones. Y esto es así porque hemos reforzado los servicios sociales municipales con la contratación de 11 nuevas profesionales.
A ese respecto, ¿qué papel juegan los y las profesionales en la aplicación de la renta social y en el proceso de inclusión?
CF: Lo primero que hicimos cuando se aprobó la ordenanza fue reforzar los servicios sociales, con personal de trabajo y educación social y también personal de administración y gestión, incidiendo mucho en el asesoramiento laboral, porque en muchos casos se trata de personas que acaban de quedarse sin trabajo, que fueron expulsadas del mercado laboral y que pueden reincorporarse.
SC: Para nosotros, estos y estas profesionales juegan un papel muy relevante: son las encargadas de realizar una intervención y un acompañamiento social. Cuando llegamos al Gobierno vimos que esa intervención no se estaba produciendo. Aquí venían personas a pedir una ayuda, se les pagaban unas facturas, pero después no se trataba su problema, no se les hacía un seguimiento, no había un itinerario de inclusión. Nosotros entendemos la renta social como un derecho consistente en una ayuda económica pero también en un soporte humano, un apoyo prestado por unas profesionales que permite que poco a poco estas personas puedan ir mejorando su situación y consiguiendo autonomía.
De la Risga y de otras prestaciones suele criticarse el exceso de burocracia y la falta de coordinación entre administraciones. ¿Qué medidas se han tomado para evitar este tipo de problemas?
SC: Cuando estábamos trabajando en la redacción de esta ordenanza tuvimos un debate jurídico muy importante, centrado precisamente en esto: vamos a crear una nueva norma, pero no queremos que sea excesivamente burocrática, de forma que al final no llegue a la gente que tiene que llegar. Decidimos reducir las exigencias de documentación y optar por una prestación social y no por una subvención, porque en el caso de las subvenciones las personas tienen que justificar absolutamente todos sus gastos. Nuestro objetivo inicial fue buscar la agilidad y reducir la burocracia, pero somos conscientes de que puede haber todavía obstáculos de este tipo. Por eso queremos hacer un seguimiento de todos los procesos, para corregir lo que haya que corregir y mejorar el funcionamiento.
CF: Uno de nuestros objetivos es simplificar los trámites para la obtención y justificación de estas ayudas. Si reprodujéramos el modelo de la Risga colapsaríamos la gestión. En Santiago ya teníamos una renta, llamada 'de solidaridad', que compensaba ciertas cuestiones en algunos casos determinados, pero que no tenía una concepción de derecho: por ejemplo, quedaban excluidas todas las personas que tenían deudas con la administración, y es frecuente que las personas que tienen dificultades económicas severas tengan deudas, por ejemplo del IBI o del impuesto sobre vehículos. Esto las excluía del acceso a cualquier prestación. Nosotros intentamos remover todas estas barreras, comenzando por situar la renta en el marco de las prestaciones sociales y no de las subvenciones, también reduciendo y simplificando la documentación exigida. Asimismo, prevemos hacer pagos anticipados mediante declaraciones de responsabilidad, para que la tramitación siga adelante mientras la persona recoge la documentación que necesita o mientras se diseña el itinerario de inclusión ciudadano. Tenemos el reto de poner en marcha un mecanismo de gestión y justificación de las ayudas moderno y ágil, a la altura de la importancia que la renta tiene. Las administraciones a veces funcionan de forma anticuada en este tipo de procedimientos y en la tecnologización de estos procesos.
Mirando hacia el futuro, sobre todo pensando en los presupuestos del 2017, ¿se introducirán cambios u otras actuaciones para consolidar esta apuesta?
SC: Para los presupuestos de 2017 contemplamos el presupuesto que ya programamos en el estudio económico inicial, unos 3 millones de euros. Haremos un seguimiento continuo para comprobar que la norma cumple sus objetivos, y realizaremos trabajo en red: hay muchas entidades que llevan años haciendo un gran trabajo social en esta ciudad y que en la anterior legislatura -ante la inacción del gobierno municipal del PP- directamente asumieron todo el peso de la ayuda. Estas asociaciones, con las que mantenemos un contacto permanente y hacemos un trabajo conjunto, muchas veces detectan casos que no llegan a los servicios municipales.
CF: Las rentas se aprobaron en septiembre, el plazo de solicitud acaba de abrirse, y todavía no tenemos una evaluación de como están funcionando. Estamos ya elaborando los presupuestos de 2017, y creemos que la actual cuantía puede ser suficiente, pero tenemos que analizar los resultados de esta convocatoria. Estamos abriendo las puertas, y tenemos que ver las necesidades que hay en la ciudad.