“Las decisiones sobe posibles fusiones de las cajas de ahorro deben estar condicionadas, ante todo, por criterios técnicos y profesionales, decididos por órganos de gobierno independientes” con criterios como “la mejora de la eficacia en la gestión”. El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta en la primavera de 2009 prometía abordar el futuro de las grandes cajas de ahorro gallegas con una reforma legal que reforzase su “independencia” y “compromiso social”. Sin embargo, apenas medio año después el jefe del Ejecutivo gallego ya se había situado como padrino político de la unión de Caixanova, la gran caja del sur con sede en Vigo, y Caixa Galicia, la coruñesa con influencia en todo el norte, una fusión “solvente y gallega” de la que esta semana se ha escrito el hasta ahora último y más sonado capítulo: la entrada en la cárcel de parte de los directivos que la protagonizaron por unas indemnizaciones que, según la Audiencia Nacional y el Supremo, fueron tan millonarias como irregulares.
“Solvencia e galeguidade [solvencia y galleguidad]” fue uno de los eslóganes más repetidos por el entonces ascendente barón del PP gallego en su primer año en el poder. Lo lanzó cuando en noviembre de 2009 sentó a la misma mesa a los intocables señores de las cajas: Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, y José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia, para ofrecerse a “mediar” en la fusión de sus entidades, públicas de derecho pero administradas como privadas de hecho durante décadas. “Solvencia e galeguidade” repitió cuando citó a los líderes de PSdeG y BNG para contarles que su Gobierno encargaría una auditoría para dar rigor técnico a la fusión “equilibrada y paritaria”.
En los meses siguientes el discurso público de la Xunta sobre las cajas tuvo más de emotivo que de económico. Poco se habló del lastre por la desaforada exposición al ladrillo o de que Caixanova tenía serios problemas de viabilidad y Caixa Galicia rozaba la insolvencia, tal y como acreditarían los tribunales años después. La cuestión era adherirse o no al ejercicio de “galleguismo financiero” que Feijóo atribuyó a los gestores de las cajas el 3 de febrero de 2010, cuando la caja del sur inauguraba su enésima sede social en el centro de Santiago, un edificio completo que se unía a la incontable lista de inmuebles de lujo reformados y asumidos por las cajas para actividades de todo tipo.
En marzo del mismo año Feijóo celebraba su primer aniversario en el poder con un nuevo triunfo. Caixanova abandonaba su intención de explorar una 'fusión fría' con cajas de fuera de Galicia y Caixa Galicia descartaba sumarse a la macrofusión que se cocinaba en Madrid con la bendición de Esperanza Aguirre. Sus máximos responsables accedieron a firmar un documento que se convirtió en el inicio de la unión. Antes de presentarlo a la prensa la Xunta añadió, junto a las firmas de Méndez y Gayoso, el nombre de Marta Fernández Currás, conselleira de Hacienda.
Apenas dos meses después la fusión ya estaba en marcha. Su inicio fue escenificado en la residencia oficial del presidente de la Xunta, con Feijóo literalmente en el centro de la fotografía. Ese fue el mismo lugar que a finales de noviembre de ese año volvió a ocupar sobre el escenario del Centro Galego de Arte Contemporáneo mientras Fernández Gayoso, por Caixanova, y Mauro Varela, por Caixa Galicia, firmaban la escritura de nacimiento de la nueva entidad.
El documento fue rubricado con una pluma Montblanc encargada y grabada para la ocasión con la leyenda Fusión Caixas Galegas. Santiago 29-11-2010. Feijóo aseguró que la mandaría guardar en el archivo oficial del Gobierno gallego “como legado de que si Galicia quiere, Galicia puede”. Entre brindis y aplausos nacía Novacaixagalicia, que necesitaría una inyección de 1.000 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para echarse a andar.
Bancarización y rescate
El tiempo de la emotividad duró casi tan poco como los rótulos de la entidad fusionada en sus sucursales. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cada vez más cerca del rescate europeo, incrementó las exigencias de capitalización de las cajas y a mediados de 2011 Novacaixagalicia se veía abocada a transferir su negocio financiero a un banco de nueva creación.
El nuevo banco podía ser una “prometedora criatura financiera”, proclamó Feijóo el 29 de septiembre. Al día siguiente el Banco de España decidía nacionalizar la entidad por su incapacidad para capitalizarse: el 93% de Novagalicia Banco pasaba a control público previa aportación de 2.454 millones de euros y los 1.714 millones en que estaba valorada Novagalicia pasaban a ser solamente 181. Galicia se quedaba sin entidad financiera de la noche a la mañana. Ni solvente, ni gallega, ni caja.
Desde aquella noche de otoño los acontecimientos se sucedieron y en apenas un año la factura de dinero público inyectado en el rescate de las antiguas grandes cajas gallegas se acercaba a los 9.000 millones. El Ministerio de Economía, ya con Luis de Guindos al frente, ultimaba la tercera reforma del sector y dejaba claros sus planes: la malograda criatura financiera de Feijóo iba a ser vendida al mejor postor cuanto antes.
El presidente gallego se afanaba en dejar claro de quién había sido la responsabilidad. En la comisión de investigación parlamentaria que accedió a crear tras sumar su segunda mayoría absoluta consecutiva repartió las culpas en cuatro bloques: los directivos, el Banco de España, el Gobierno del PSOE y el Ejecutivo de PSdeG y BNG que gobernó la Xunta entre 2005 y 2009.
Con este telón de fondo los restos de Caixanova y Caixa Galicia llegaron al final de su camino. Contra todo pronóstico la subasta organizada por el FROB fue ganada por Banesco, un banco venezolano que cerró la compra por 1.000 millones de euros, de los que 290 fueron al Fondo de Garantía de Depósitos, y transformó Novagalicia en Abanca. Un año después, mientras algunos de los antiguos directivos eran investigados por Anticorrupción -Méndez se libró por haber dejado Caixa Galicia justo antes de la fusión-, Banesco anunciaba que en su primer año de negocio gallego ya había ganado más de lo invertido en la operación de compra. La factura de dinero público no recuperado supera, según el FROB, los 8.000 millones de euros.
Así finalizaba la historia de la fracasada fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que a su vez eran resultado de casi un siglo de uniones y absorciones entre pequeñas cajas de ahorro locales. Según Feijóo, no es posible “mezclar esto con la política” y quien lo haga sólo intenta “confundir”. Él dice no poder “aceptar, de ningún modo” que “la quiebra del sistema financiero gallego haya tenido algo que ver con el Gobierno que presido”. Eso son, simplemente, “calumnias” de la oposición que, acusa, obvia que él se opuso a las indemnizaciones millonarias.