La Central Unitaria de Traballadores (CUT) quería conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores con una manifestación. Consciente de la situación derivada de la epidemia de coronavirus, el sindicato ideó una manifestación en Vigo sin contacto social. El plan consistía en organizar una caravana de automóviles con solo un pasajero en cada uno, todos debidamente pertrechados con equipos anticontagios. Pero la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, a quien la CUT había comunicado la movilización, lo impidió. Se amparaba en que el decreto del estado de alarma “no contempla, entre las actividades excepcionadas de la limitación general para circular, los desplazamientos con el fin expuesto en su comunicación”.
La central recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia argumentando que se atacaba el derecho constitucional de reunión pacifica y la libertad sindical. Los magistrados lo han desestimado: “La protección de la salud pública que ha motivado el estado de alarma entraña una cobertura jurídica suficiente para la restricción”, aseguran en su resolución.
El tribunal ha dado la razón a la argumentación de la Abogacía del Estado. Según esta, “el título jurídico para prohibir la reunión de referencia no es el decreto que declara el estado de alarma, sino la colisión del derecho fundamental de reunión con el mandato constitucional de protección de la salud pública”. Y sobre ese eje discursivo se sostienen los 25 folios de una sentencia que resuelve “mantener la prohibición acordada”. El sindicato, a quien el Ministerio Fiscal apoyó para que se estimase el recurso y se anulase el dictamen de la Subdelegación del Gobierno, recurrirá ante el Tribunal Constitucional y solicitará medidas cautelares. Fuentes del alto tribunal explican que, hasta la fecha, no se ha recibido ningún escrito por limitación del derecho de manifestación vinculado al estado de alarma por el coronavirus. El de la CUT, pues, será el primero.
La sentencia del Superior critica, no obstante, “la confusa y defectuosa redacción” de la resolución que denegó la manifestación del Primero de Mayo. El dictamen de la Subdelegación del Gobierno afirmaba que no podía “trasladar un criterio sobre la celebración de la manifestación” ante lo que el Tribunal Superior le recuerda que “los poderes públicos están obligados a tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, máxime en situación de emergencia sanitaria derivada de una pandemia”.
Al Tribunal Superior tampoco le parecen suficientes las medidas diseñadas por el sindicato para realizar una movilización sin contacto social, aunque no las analiza a fondo: “Si se celebrase la manifestación en las condiciones que se ofrecen, antes de entrar o después de salir de los vehículos no resulta inimaginable que puedan producirse contactos entre los propios manifestantes, o con los miembros de protección civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o incluso con otros ciudadanos hasta llegar a sus domicilios”.
El recurso sindical recordaba que el estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y de sitio, no permite la suspensión de ningún derecho fundamental. Pero el Superior recuerda un dictamen del Constitucional, emitido después de la huelga de controladores aéreos que derivó en la declaración del estado de alarma, y que afirma que este sí puede suponer “limitaciones o restricciones a su ejercicio”. En este caso, arguye el tribunal gallego, “la aplicación de medidas preventivas por los poderes públicos, necesarias para evitar la propagación del virus, y el derecho a la vida e integridad física de los demás ciudadanos, han de tener preferencia sobre el derecho de reunión y manifestación”. La sentencia apenas menciona que el propio sindicato había previsto medidas para adaptar la movilización a la actual situación sociosanitaria.
Caravana de camiones sí, Primero de Mayo no
La sentencia del Tribunal Superior que dictamina mantener la prohibición sobre la manifestación del 1 de Mayo contrasta con las nuevas realidades provocadas por la desescalada del confinamiento. Los sindicalistas no pueden celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en coches individuales, pero a partir del día 2 aquellas personas que practiquen deporte sí podrán salir a la calle para ejercitarse. Desde el 11, los locales de hostelería empezarán a abrir sus puertas y los ciudadanos podrán empezar a visitar sus terrazas.
La central sindical coloca otro ejemplo más de agravio comparativo: el pasado sábado, 27 de abril, una caravana de camiones recorrió la ciudad de Ourense en “homenaje a los sanitarios”. La CUT añadió los hechos como alegación a su recurso y explicó que la propia Subdelegación del Gobierno había reconocido que los camioneros contaban con su permiso. El Tribunal Superior no la ha tenido en cuenta ya que, afirma, es incompatible con la urgencia del procedimiento.
El secretario general de la central sindical, Ricardo Castro, considera que la decisión del TSJ supone “un nuevo golpe a la libertad sindical y a los derechos fundamentales que dicen garantizar”. “No tenemos delante una sentencia, sino un relato ideológico del fascismo amparado en la intepretación ad hoc de las leyes en función de lo que dictamina el Ministerio de Interior”, señala, “tanto da que sea estado de alarma, excepción o sitio, pues el magistrado indica que en cualquiera de ellos, y en nombre de la salud pública, pueden cargarse de un plumazo lo que consideren oportuno, demostrando que no hay democracia ni separación de poderes”.
Castro recuerda que la movilización propuesta por su sindicato “no implica ningún riesgo para la salud pública, pues el transporte individual en coches está permitido, incluso recomendado por el Gobierno, y presuponer que vamos a poner en riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad es por lo menos hipócrita. ¿Podemos entonces querellarnos contra el Estado por poner en riesgo a los sanitarios?”. “Si la CUT solicitase una caravana vestidos con banderas de España para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad nos autorizarían a ir 20 en cada coche, esa es la realidad”, indica, antes de concluir con una dura crítica a la “autoproclamada izquierda rupturista” por, a su juicio, dar su “beneplácito a este estado de excepción.”