La Zona Franca de Vigo no controló que la constructora Copcisa, adjudicataria de una obra de mejora energética de la fábrica viguesa de Peugeot-Citroën por 1,2 millones de euros, no subcontratase más del 60% de esos trabajos, requisito que había establecido en sus propios pliegos de condiciones. Así lo dice la Audiencia Provincial de Pontevedra, que no obstante no ve delito en la actuación del Consorcio público vigués, denunciada por una pequeña empresa de la ciudad subcontratada por Copcisa, Acende Enerxía, que entró en concurso de acreedores tras discrepancias con la constructora por el pago de esos trabajos.
Hace casi un año Acende Enerxía se querelló contra cargos de Zona Franca (incluida su entonces delegada del Estado, la popular Teresa Pedrosa), Copcisa y Peugeot Citroën Automóviles España (PCAE) por estafa, falsedad documental, prevaricación y delito contra la seguridad de los trabajadores. Copcisa no pagaba a Acende Enerxía lo que esta le reclamaba tras subcontratar con ella la totalidad de los trabajos que le había adjudicado Zona Franca a pesar de que el pliego de condiciones se lo había limitado al 60%. El pequeño empresario argumentaba que había habido un “plan preconcebido” con la complicidad de Zona Franca y PCAE (beneficiaria final de las obras en las naves del consorcio que ocupa su fábrica), con Copcisa para que las tres obtuviesen un “enriquecimiento injusto” tras varias modificaciones del proyecto inicial que según decía era irrealizable por el importe contratado.
Un primer juzgado decidió archivar la querella y posteriormente la Audiencia de Pontevedra ha avalado esa decisión por considerar que las irregularidades cometidas no tienen la consideración de delito, remitiendo las discrepancias entre las empresas de la jurisdicción penal a la mercantil, donde están pendientes de resolverse. El delito contra la seguridad de los trabajadores, denunciado por Acende Enerxía por entender que las instalaciones ejecutadas no habían quedado correctamente legalizadas y podían afectar a los empleados de Peugeot-Citroën que allí trabajan, es descartado por la Audiencia remitiéndose a la decisión de la Fiscalía de no ejercer acusación “al estimar que la Inspección de Trabajo se había mostrado conforme con la documentación presentada por el Consorcio”.
En cuanto a los delitos de estafa y prevaricación, la Audiencia considera que Acende Enerxía era consciente de las condiciones de subcontratación que estaba firmando con Copcisa, a pesar de que estas no estuviesen permitidas por el pliego de condiciones previo de Zona Franca. “El hecho de que el contrato no permitiera la subcontratación del 100% de la obra y que aún así se hubiera concertado toda la obra con Acende no puede configurarse como un engaño desde el mismo momento en que esta empresa se comprometió a realizar una obra y había de saber que se correspondía con la totalidad de la prevista”, dice el tribunal.
“Tampoco se aprecia la concurrencia [...] de los elementos propios de la prevaricación, por el hecho de que los empleados o funcionarios de Zona Franca no hubieran reaccionado ante esas deficiencias en la contratación o del proceder irregular de Copcisa”, añade el auto, que recuerda que ese delito requiere demostrar que la actuación de esos funcionarios fue arbitraria. Por el contrario, el tribunal considera que la actuación irregular de Zona Franca no fue delictiva sino que no pasó de “un déficit en la vigilancia de la ejecución del contrato de obra celebrado, por no ahondar en las relaciones entre contratista y subcontratista y en el desarrollo correcto de dicho contrato, supuestos que no pueden ser incardinados en el delito de prevaricación administrativa”.