Entre 1949 y 1982 ocho países se deshicieron de unas 140.000 toneladas de residuos nucleares metiéndolos en bidones de acero y hormigón que tiraron al Atlántico frente a las costas europeas, en la denominada Fosa Atlántica. Los últimos vertidos antes de su prohibición, de Holanda a finales de 1982, hace ahora 35 años, están a 650 kilómetros de Galicia, pero los hay anteriores y más cerca de las costas de la Península Ibérica, como los británicos de 1964 a sólo 200 kilómetros de Asturias. 35 años después del final de los vertidos, y con los primeros acercándose a las siete décadas de antigüedad, una docena de organismos internacionales y españoles son incapaces de responder a las consultas formuladas por este diario sobre si alguien vigila esos bidones con algún tipo de programa permanente de supervisión.
Preguntadas por este diario a lo largo de los últimos meses, alguna en reiteradas ocasiones, la mayoría de las entidades dicen que no es su competencia vigilar aquellos bidones y que tampoco saben de nadie que lo haga, mientras que unas pocas coinciden en responder que hubo campañas de análisis en el pasado que no ofrecieron datos preocupantes, pero no son capaces de precisar quién y en qué momento realizó las últimas investigaciones ni cuándo será la próxima.
Los vertidos en la denominada Fosa Atlántica entre 1949 y 1982, al tiempo que otros océanos sufrían hechos similares por parte de Estados Unidos o la URSS, fueron realizados por un total de ocho países: Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia y, en menor medida, Suiza, Suecia, Alemania e Italia. Su fin llegó tras una intensa campaña social contra ellos de la que marineros gallegos y Greenpeace fueron protagonistas principales al intentar dificultar los vertidos interponiéndose con sus barcos. El pesquero Xurelo, con políticos de Esquerda Galega y periodistas a bordo, fue el emblema de aquella lucha cuyos restos reposan aún en el fondo del Atlántico, en algunos casos a distancias similares a la que se encuentra el Prestige, la mayoría en zonas sin tráfico marítimo ni caladeros pesqueros.
Organismos internacionales
Los vertidos pararon a finales de 1982 gracias a una moratoria temporal acordada por los estados implicados que luego se convirtió en indefinida. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) catalogó, con los datos que le facilitaron los estados miembros, los lugares de vertido, cantidades y tipos de residuos. El gráfico interactivo de esta información aporta varios de esos datos, que se pueden consultar de manera íntegra en este enlace al documento del OIEA.
El OIEA considera esos residuos de baja intensidad, pero dice que no es competencia suya vigilar su estado. Preguntado por este diario, el organismo responde que su “mandato no incluye monitorizar los residuos radiactivos que fueron vertidos en los océanos”. Cuando se le pregunta quién puede tener información al respeto, el OIEA remite a la Organización Marítima Internacional (IMO, en sus siglas en inglés). Sin embargo, ésta no aclara si alguien vigila aquellos bidones. La IMO explica a preguntas de este diario que el vertido de nuevos residuos al mar está reglamentado por la Convención de Londres de 1972, que prohibió el vertido de residuos radiactivos de alto nivel desde 1975 y de todo tipo desde 1993. Pero para la supervisión de los vertidos previos ya existentes en el Atlántico, la IMO, tras consultar con los responsables de la Convención de Londres, remite a la OIEA preguntada previamente y a la OSPAR, la organización creada por varios gobiernos europeos y la Unión Europea para proteger el medio ambiente marino en el Atlántico nororiental, cuyo nombre deriva de las convenciones de Oslo y París de las que nació.
En el campo de la radiactividad, la OSPAR centra sus actividades en supervisar los posibles vertidos actuales de las industrias con elementos nucleares a través de los ríos o de las costas. Según la OSPAR, “desde 1995, un número limitado de expediciones internacionales de investigación llevan a cabo el monitoreo de los puntos de vertido del Atlántico nororiental” en los que “se detectaron liberaciones de algunos radionucleidos en áreas en las que se produjeron vertidos, pero los niveles detectados no son significativos desde el punto de vista radiológico”. Sin embargo, preguntada por este diario en varias ocasiones y a través de cinco vías distintas a lo largo de los últimos meses, la OSPAR no es capaz de decir cuándo se realizó el último estudio sobre los bidones radiactivos ni cuándo será el próximo.
En un documento divulgativo de su web, la OSPAR indica que en 2019 se realizará un estudio científico de la radiactividad de los residuos y una revisión de la prohibición de nuevos vertidos. Pero preguntada expresamente por ese hecho, la OSPAR dice que esa es una competencia de la London Convention, dependiente de la IMO que previamente había dicho que esa no es su competencia. Esto es, la IMO remite a la OIEA y a la OSPAR, y estas dos remiten a la IMO. De hecho, la respuesta de la IMO a la pregunta de este diario fue demorada porque supuestamente consultó con los responsables directos de la Convención de Londres y estos remitieron a la OSPAR.
En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea responde que “OSPAR lleva el control de la radiactividad marina en el Atlántico Norte” y que la propia Comisión “participa en el trabajo del Comité OSPAR para las Sustancias Radiactivas y sigue el trabajo relacionado con otras convenciones regionales y la OIEA”. Pero como en el caso de esas otras instituciones, la Comisión Europea tampoco es capaz de decir cuándo se realizó la última supervisión de los vertidos en la Fosa Atlántica o cuándo será la próxima.
En todo caso, la Comisión Europea sí aporta algo más de información sobre el control en general de la radiactividad. Este diario le preguntó por la posible supervisión de los residuos tanto por parte de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) como de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La respuesta de la Comisión Europea, tras recordar como el resto de instituciones consultadas que los vertidos están prohibidos desde hace décadas, es que “según la Directiva 2011/70/Euratom, cada Estado miembro será el responsable último de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos que se generaran en su territorio” y “exige que los residuos radiactivos sean almacenados definitivamente en el Estado miembro en que se generasen”, pero se refiere a los residuos actuales.
Sobre el posible efecto de los residuos antiguos, la Comisión Europea se remite a un estudio publicado en 2003, hace 14 años, sobre la exposición de la población comunitaria a la radiactividad procedente de las aguas marinas del norte de Europa. La Comisión destaca que el estudio concluía que las “aportaciones de radiactividad” habían disminuido “en varios órdenes de magnitud desde que los niveles más altos fueran alcanzados en los años 60 y primeros 70”, lo que supone que se detectaron fugas en los bidones, pero por lo menos en aquel momento no se consideró que estas tuviesen efectos significativos. También contesta que “según los artículos 35 y 36 del Tratado Euratom, los estados miembros son responsables del control permanente del índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo (incluyendo sus aguas territoriales)” y que “los programas de control a largo plazo conducidos por los estados miembros hasta la fecha no han revelado aumentos significativos de la radiactividad marina a lo largo de los pasados 30 años”.
Sin información a nivel estatal
Por su situación, España debería ser el estado más preocupado por los vertidos radiactivos de la Fosa Atlántica. De hecho, en algún punto no bien determinado del Golfo de Vizcaya está también hundido el K-8, un submarino nuclear soviético accidentado en 1970. Pero el hecho de que los vertidos se realizasen fuera de las aguas territoriales y por lo tanto no estén afectados por la citada obligación del Tratado Euratom podría explicar la falta de información al respecto por parte de instituciones españolas. En todo caso, a nivel estatal las respuestas son mucho más limitadas que las obtenidas de los organismos internacionales. Las entidades españolas consultadas que respondieron a las preguntas de este diario dicen que no es competencia suya, pero no son capaces de decir de quién sería.
Mientras los organismos internacionales consultados contestaron de manera inmediata a las preguntas de este diario, en algún caso incluso a través de altos responsables de los mismos y no sólo de sus departamentos de comunicación, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, preguntado de manera telefónica y por escrito en varias ocasiones, no ofrece ninguna respuesta.
Sobre la postura del Gobierno, lo que se sabe es que en marzo de 2012 el BNG le pidió en el Congreso que encargase una inspección de los residuos radiactivos, pero el PP la rechazó argumentando que “no hay ni un solo elemento que nos lleve a desconfiar de la seguridad de los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica”. Los nacionalistas gallegos criticaron que el Gobierno no podía saber si hay elementos que hagan desconfiar si no se buscan. Del mismo modo, en una respuesta a un particular que preguntaba por la vigilancia que el Gobierno hace de la posible radiactividad del submarino soviético K-8, el Ejecutivo decía en septiembre de 2014 que los controles periódicos de radiactividad que realiza en todo el litoral español nunca han detectado niveles anormales, pero esos controles se hacen a una distancia de sólo diez millas de la costa.
Este diario también preguntó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Pero la primera argumenta que su competencia es controlar las instalaciones radiactivas en funcionamiento en territorio español mientras que la segunda dice que el suyo es supervisar los residuos radiactivos producidos en España. Los de la Fosa Atlántica no cumplen ninguna de las dos condiciones.
También se preguntó al Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente como los anteriores organismos citados del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La respuesta es similar: “El IEO no vigila esos vertidos. Tampoco sabemos de alguien que lo haga”.
Además de esta docena de instituciones estatales e internacionales consultadas, este diario se puso en contacto a lo largo de los últimos meses con varios científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las universidades gallegas con áreas de especialización relacionadas con la oceanografía o la energía nuclear. Todos ellos coincidieron en desconocer si alguien está supervisando esos residuos.