Llegó el anuncio oficial. Ferroatlántica ha solicitado este jueves a la Xunta la segregación de las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande de las plantas de ferroaliación de Cee y Dumbría. La compañía pide oficialmente a Augas de Galicia que, “en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho”, devuelva las concesiones hidrálicas a su estado original. Y advierte que la autorización sería la “única” manera de mantener el empleo y el futuro de la compañía en Galicia.
La empresa propiedad del empresario Villar Mir -imputado en el caso Bárcenas por presunta financiación ilegal del PP e investigado en la Operación Lezo- reclama la “eliminación de la prohibición” de segregar las actividades de ferroaliación y producción eléctrica que data de los años 90, cuando el empresario pasó a controlar los activos, y que considera que se aplicó “de forma excepcional” y “en circunstancias especiales”. Con los trabajadores de Cee-Dumbría-Centrales Hidroeléctricas, los alcaldes de la comarca y toda la oposición en contra, la multinacional Ferroglobe solicita que las concesiones de los ríos Xallas y Grande vuelvan a su estado original.
La compañía asegura haber “iniciado los trámites para llevar a cabo la operación”, que dice que es la “única” que garantiza “el futuro de la compañía” en Galicia y “el mantenimiento de todo el empleo asociado a ella”. Fue a principios de año cuando se supo que Ferroglobe, resultado de la fusión de Ferroatlántica con la multinacional Globe, vendería las centrales por 255 millones, de las que el grupo recibiría 153 descontados los gastos financieros, tras informar del hecho relevante a las autoridades de la Bolsa de Londres y Nueva York.
Ya en el titular del comunicado emitido, Ferroglobe pide al Gobierno gallego que “autorice la operación que garantice el futuro de la compañía en Galicia” para en el texto advertir que la cancelación de la “extemporánea” prohibición vigente “permitirá la venta de las centrales y, con ella, ejecutar el plan industrial de futuro avalado por la mayoría sindical el pasado 8 de abril”. Aquel acuerdo a nivel estatal, rechazado por 20 de los 27 delegados de las diferentes empresas del grupo en Galicia, provocó que los delegados de CCOO y UGT en Ferroatlántica abandonasen los sindicatos.
La compañía insiste en que la competitividad de la compañía no mejoraría sin la aplicación del plan industrial, así como “la viabilidad de las fábricas gallegas”, que estaría “en riesgo”. El comunicado va más allá porque dice que el veto a la separación de las actividades “vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa” y es “de imposible aplicación en la práctica” y “contraria al ordenamiento jurídico vigente”. “De acuerdo con varias leyes, decretos, órdenes y resoluciones dictadas de 2013 en adelante, las centrales del Xallas y del Grande ya ni siquiera pueden legalmente suministrar electricidad directamente a las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón”.
Ferroglobe asegura, además, que hay “circunstancias sobrevenidas a las últimas resoluciones que reiteraron la prohibición de segregación”. E insiste en que la “hipotética vinculación de las centrales y las fábricas podría poner en riesgo los ingresos por el servicio de interrumpibilidad, y como consecuencia, la propia viabilidad de las fábricas de ferroaliación”.
Entre las promesas, la multinacional dice que el plan industrial incluye para Galicia inversiones por valor de 102 millones para “mantener y rejuvenecer las plantillas actuales, crear otros 200 empleos directos y favorecer la generación de 300 indirectos”. También asegura que garantiza el mantenimiento de los 421 empleos fijos en las fábricas de Cen, Dumbría y Sabón y advierte a los 31 trabajadores de las seis centrales hidroeléctricas que “no debe temer por su futuro laboral” porque la empresa “ha encontrado para esos centros de producción un comprador solvente que garantiza por escrito a preservación íntegra del actual volumen que garantiza por escrito a preservación íntegra del actual volumen de empleo”.
“Se trata de una compañía que asumirá la gestión de activos manteniendo puestos de trabajo y compromisos ambientales. Cuenta con cien años de experiencia en el sector eléctrico y es una de las mayores empresas de renovables del mundo”, insiste Ferroglobe, que asegura que esta firma “se ha comprometido a convertir a Costa da Morte en una auténtica plataforma” porque “fijará allí su sed fiscal y social en España”.
“Dado que el plan va en beneficio del interés general que el Gobierno gallego debe defender, se espera una resolución favorable”, remata el texto, que echa la vista atrás y asegura que en los años 90 la Xunta “alteró parcialmente y de forma excepcional las concesiones originales” para que el negocio de las centrales “sostuviera lo de las factorías, de aquella deficitarias” y evitara su cierre. Ahora, según dice la empresa, la aplicación del concepto de interés general obligará a “actuar de manera contraria”. Asegura que la explotación de las fábricas es casi cuatro veces mayor que en 1996 y la de las centrales, casi cinco veces inferior.
Durante todos estos meses, la Xunta ha insistido en que no tenía una propuesta en firme de la empresa, pero reconocía estar dispuesta a “analizarla”, en caso de que la presentase. Y ya llegó. Desde el comité, no obstante, se quejaban de la ausencia de interlocución con el Ejecutivo a pesar de pedir en numerosas ocasiones una reunión. Para los trabajadores, las ofertas, promesas y ahora esta solicitud oficial son “un chantaje” y entienden que los verdaderos objetivos del grupo de Villar Mir son “el desmantelamiento de las fábricas en la Costa da Morte y la deslocalización”. Así, advierten que la producción que aquí se hace también se da en Venezuela, China y Sudáfrica, que es a donde temen que acaben por llevar la actividad.
La solicitud oficial llega tan sólo un día después de que el conselleiro de Economía, Francisco Conde, respondiese en el pleno del Parlamento a una pregunta del BNG sobre las intenciones de la Xunta. Insistió una y otra vez en que no había petición alguna de la empresa y acusó al Bloque de “alarmismo”. “Hoy por hoy no existe ningún tipo de solicitud, si eso se produce habrá que resolver el expediente y cumplir la ley”, dijo, después de advertir que la Administración “seguirá comprometida” con el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo, para lo cual “continuará actuando con total transparencia y diálogo”.
Sentencias en contra de las intenciones de la empresa
Hay resoluciones en contra de la segregación que ahora reclama Ferroglobe. Dictámenes del TSXG y del Supremo certifican que las dos ramas -la de ferroaliación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva y fueron dictaminadas tras los recursos presentados por Villar Mir. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaliación de Carburos Metálicos separando las actividades de ferroaliación y energía en dos empresas y convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de energía eléctrica para su venta en el mercado.
Luego, el Gobierno de Fraga y con la aprobación del Parlamento había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaliación y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industrias de las factorías.
En 1994, la Xunta exige además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantice la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción de ferroaliación. Villar Mir acepta todas las condiciones pero interpone recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que dictamina a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 después de otro recurso de Ferroatlántica. Ahora, queda en la mano del Gobierno de Feijóo modificar estas concesiones y acceder a las peticiones del grupo de Villar Mir, empresario ensombrecido cada vez más por las sospechas de corrupción y la financiación irregular al partido que ahora pide una solución.