La Xunta de Galicia ha abierto otro frente con el Gobierno central a raíz del acuerdo con las comunidades para detener la caza generalizada del lobo. En un comunicado, cuestiona la votación en la que se decidió incluir al animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, anuncia que sus servicios jurídicos analizan el procedimiento y las consecuencias y avisa de que la decisión “puede vulnerar las competencias exclusivas” que tienen las comunidades autónomas en materia de caza.
La caza del lobo y el jabalí es precisamente uno de los motivos por los que los gallegos pueden esquivar las prohibiciones de reunirse con no convivientes y salir de su municipio. En la orden que regula las medidas en vigor actualmente contra la pandemia, se permiten las reuniones de personas que no comparten vivienda y el desplazamiento entre ayuntamientos para abatir a animales de estas especies. El motivo alegado son los daños causados en explotaciones agroganaderas y los accidentes de tráfico en los que se ven implicados. Fuentes de Transición Ecológica afirman que el acuerdo adoptado el jueves no impide realizar “controles poblaciones” en zonas específicas donde se certifiquen daños, normalmente a la ganadería.
Hay cuatro comunidades que han mostrado su desacuerdo y su intención de analizar qué recursos tienen contra esta prohibición: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. En la votación, se posicionaron en contra. El argumento es, según la Consellería de Medio Ambiente, es que supondrá “un gravísimo problema de gestión” de la especie en estos territorios, en lo que viven el 95% de los lobos. La ganadería extensiva, agrega, se ve “muy amenazada por el fuerte incremento del lobo”.
El Gobierno gallego ha cuestionado el proceso de negociación y la propia votación. Es, asegura, la primera vez en la historia de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se propone incluir una especie en el listado de especial protección sin haberlo consensuado antes. En la primera votación, critica, el Ministerio de Transición Ecológica “pretendió usar el voto de calidad del presidente de la comisión para inclinar la balanza”. En la segunda ronda se opusieron ocho comunidades -votaron en contra también Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco- y Navarra pidió tratar el tema más adelante. Fue el voto a favor del participante ministerial el que decantó la balanza, señala la Xunta.
Los servicios jurídicos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León analizan ahora “las circunstancias que rodearon” a las votaciones y el acuerdo para analizar cómo actuar en contra de la decisión, que la Consellería considera tomada sin fundamentos técnicos o científicos. Avisan de que el pacto puede invadir sus competencias.