La supresión de entes paralelos de la Xunta, los conocidos como chiringuitos, emprendida hace un lustro por el gobierno gallego de Feijóo, continúa privilegiando a determinados trabajadores públicos originarios de esos entes con respeto al resto de la administración autonómica. La eliminación en enero de 2012 de la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos (EPOSH) hizo que su personal laboral, una treintena de personas, la mayoría ingenieros, se incorporase de manera automática a otro ente, Augas de Galicia, pero cuatro años y medio después, y a pesar de lo previsto en la ley, siguen manteniendo sus antiguos sueldos, notablemente más elevados que los de los compañeros de similar categoría del resto de la Xunta, privilegio que seguirán conservando en mayor o menor medida por lo menos otros seis años más. La propia Xunta admite esta situación y la demora.
La Ley 16/2010 de Organización y Funcionamiento de la Administración General Gallega (Lofaxga), que entró en vigor a comienzos de 2011, prevé un régimen transitorio para el personal laboral y sus sueldos en los procesos de supresión de chiringuitos. Personal laboral que en muchos casos accedió a esos chiringuitos a través de procesos de selección menos riguroso que los de los funcionarios de la administración central autonómica. Según la ley, una vez suprimido un chiringuito e incorporado su personal laboral a otros entes o departamentos de la administración autonómica, los sueldos de origen deben ser igualados progresivamente a lo largo de un período de seis años. Durante ese tiempo, el personal laboral procedente de los chiringuitos desaparecidos que en ellos cobrase menos que en la administración general comienza a ingresar más de manera paulatina hasta igualarse en un máximo de seis años. Y lo contrario debería pasar en ese plazo máximo de seis años con el personal que en el chiringuito cobrase más, que debe ver rebajado progresivamente el sueldo.
Ese proceso para la homologación de los sueldos debe ser impulsado por la consellería competente, actualmente la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dirigida por Beatriz Mato, y anteriormente la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, dirigida de manera sucesiva por Agustín Hernández y Ethel Vázquez, ella misma presidenta en su momento tanto de la EPOSH como de Augas de Galicia, donde fue sucedida por Francisco Menéndez, ahora director de Infraestructuras.
La cronología es la siguiente: la Lofaxga entró en vigor en enero de 2011, la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos (EPOSH) se integró en Augas de Galicia en enero de 2012 y el Gobierno gallego no inició el proceso administrativo para la homologación de los sueldos del personal laboral procedente del chiringuito suprimido hasta abril de 2015. Pero año y medio después de iniciarse administrativamente ese proceso, aún no ha sido concluido, por lo que aún no ha comenzado a contar el período transitorio de seis años para la efectiva igualación final de los salarios. Aunque el proceso administrativo de integración de esos trabajadores finalizase ya de manera inmediata, no verían igualado su sueldo con el del resto de personal laboral autonómico hasta finales de 2022, más de una década después de la desaparición del chiringuito en el que trabajaban.
El Gobierno gallego admite que el procedimiento sigue “actualmente en tramitación” y “aún en fase de resolución, pero en absoluto paralizado”. La Consellería de Medio Ambiente atribuye la demora en su finalización “a la propia reorganización interna de las consellerías y a la priorización de otras actuaciones en marcha” y asegura que “una vez finalizado el actual período en funciones [tras las autonómicas del pasado 25 de septiembre] y establecida la nueva estructura de la Xunta se retomará el tema con el objetivo de que en seis años, como marca la orden, se pueda hacer esa equiparación”.
Mientras, más de una treintena de trabajadores laborales fijos de la EPOSH, la mayoría de ellos ingenieros, sigue cobrando notablemente más que el personal laboral de la misma categoría en el resto de la Xunta. Según el convenio colectivo del chiringuito desaparecido, su personal laboral perteneciente al grupo I de titulados de grado superior cobra un mínimo de 34.390,59 euros brutos anuales, mientras que el personal laboral del mismo grupo I en el resto de la Xunta cobra 25.252,22 euros, cantidades en ambos casos a las que hay que añadir antigüedad y complementos varios. Lo mismo sucede con el grupo II de titulados de grado medio, con un sueldo bruto anual de un mínimo de 25.511,57 euros en el caso del personal laboral procedente de la EPOSH frente a los 21.083,30 euros del personal laboral del mismo grupo en el resto de la Xunta. Y así en el resto de grupos, con la particularidad de que en la EPOSH, por el cometido que cumplía, eran más abundantes los puestos de los grupos I e II. La diferencia en las remuneraciones es aún mayor en el complemento salarial por trienios de antigüedad. Mientras en el personal laboral general es, para todos los grupos, una cuantía fija de 28,82 euros al mes, lo que supone unos 400 euros al año, en la EPOSH se calcula como “un cinco por ciento del sueldo”, según su convenio, lo que lo eleva a unos 1.700 euros al año como mínimo en el caso del grupo I o la 1.275 euros en el grupo II.
Convenio de 2005 con Feijóo en funciones
El convenio que les otorga esos privilegios hasta que sus sueldos sean asimilados al resto dentro de por lo menos seis años fue firmado el 12 de julio de 2005, con el gobierno de Manuel Fraga en funciones tras perder las elecciones tres semanas antes, por el entonces presidente de la EPOSH, Emilio García Gallego, cuyo cargo dependía directamente del entonces conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, también vicepresidente primero de la Xunta.
Este no es el único caso en el que la Xunta privilegia a determinados trabajadores de chiringuitos en su integración en la administración general. A finales de 2010 el gobierno de Feijóo suprimió las 34 fundaciones comarcales que había creado Manuel Fraga en los años noventa. Sus trabajadores indefinidos fueron trasladados a otros entes de la Xunta, incluidos la mayoría de los ex gerentes comarcales, entre los que había al menos media docena de cargos del PP. En ese caso, el Gobierno gallego no sólo tardó varios años en culminar el proceso administrativo de integración del personal, retrasando así el inicio del período transitorio de seis años en el que los sueldos se comienzan a igualar paulatinamente, sino que para los exgerentes incluso creó plazas a su medida inexistentes hasta el momento en oficinas de empleo en las que poder situarlos.