El Parlamento gallego acaba de aprobar, con solo los votos del PP, una ley que crea nuevas tasas sobre el agua y sube los impuestos por su consumo en Galicia. El texto, elaborado por la Xunta cuando Alberto Núñez Feijóo estaba todavía al frente, generó polémica entre las administraciones locales y las críticas de los grupos de la oposición, que avisaron de que se encarecería el precio. El ahora presidente del PP empezaba entonces a cargar contra el Gobierno central por la posibilidad de una subida de impuestos. En noviembre de 2021 remitió una carta a Pedro Sánchez en la que pedía que no se incrementasen los tributos. Poco después, con la inflación disparada -más en Galicia que en la media española- y ya al frente de su partido en el ámbito estatal, el político gallego hizo de la reducción de impuestos uno de sus caballos de batalla.
La nueva norma, llamada ley del ciclo integral del auga, hace desaparecer el coeficiente de vertido y, en su lugar, figuran otras tasas llamadas canon de gestión de depuradoras y canon de gestión de la red de colectores. Además, hay un incremento en los tipos de gravamen. Para el consumo doméstico hay dos partes: una fija que se mantiene casi igual -1,54 euros por contribuyente cada mes- y una variable, en la que se nota el aumento. En la legislación previa había un primer tramo de consumo en el que el agua se pagaba a cero euros, pero ahora habrá que pagar 0,15 euros por metro cúbico. En los sucesivos tramos el aumento es de solo un céntimo.
Tanto la Xunta como el PP sostienen que no se crean nuevas tasas, sino que se hace una “reordenación” de otras existentes. El PSdeG y el BNG, que han votado en contra de la ley, han replicado que hay una subida de la carga fiscal para los hogares y las empresas gallegas y que esto ocurre en un momento de inflación disparada. “Tiene una clara finalidad recaudatoria y no está pensada para un contexto de subida abusiva de los precios que afecta a las familias”, criticó el diputado de la formación nacionalista Luís Bará. “Se bautizó como la ley del sablazo del agua”, agregó y señaló que el informe económico que acompaña a la ley calcula que los ayuntamientos que vierten la depuradora de Os Praceres van a pasar de pagar 2,3 millones de euros a 3.9.
La representante de los socialistas en el debate, Begoña Rodríguez Rumbo, citó la memoria económica de Augas de Galicia remitida al Parlamento, que cifra en 50 millones de euros el incremento de los ingresos con las modificaciones en el canon del agua desde el primer ejercicio. “O la documentación que nos remiten está mal o están faltando un poco a la verdad”, reprochó.
La diputada socialista centró el resto de sus críticas en la falta de participación de los ayuntamientos en el proceso de la elaboración de la ley pese a ser los “principales afectados”. Sus alegaciones, dijo, “no fueron tenidas en cuenta” y sobre estas administraciones “carga toda la responsabilidad de la construcción y gestión de infraestructuras”. También Luís Bará afeó la actitud del Gobierno gallego en este sentido: “Rectifiquen, abandonen sus tics autoritarios, dialoguen con los ayuntamientos y la gente del rural”.