El PP maniobra en el Parlamento gallego para bloquear una investigación sobre los contratos de la Xunta con la hermana de Feijóo
![De izquierda a derecha: Micaela Núñez Feijóo, hermana del político; su pareja, Eva Cárdenas, y su madre, Sira Feijóo, lo acompañan en la toma de posesión como presidente de la Xunta en 2016.](https://static.eldiario.es/clip/ff342c61-5261-44e4-942a-85e88ff0daf7_16-9-discover-aspect-ratio_default_1094062.jpg)
Fue el arranque del curso político en el Parlamento de Galicia: la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta, en concreto los que llevaron a un sobrecoste de 470 millones en la construcción del principal hospital de Vigo y los formalizados con la empresa Eulen, de la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es la directora para la zona noroeste. Pero el PP ha intentado evitar el foco sobre la gestión del ahora líder del PP español en la Xunta y ha votado en contra. Tiene la mayoría absoluta y su negativa es suficiente para echar por tierra este primer intento, pero el BNG ha anunciado que va a forzar la constitución de una comisión parlamentaria. El reglamento se lo permite gracias a un punto que establece que se puede crear de forma automática si lo pide un tercio de los diputados que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario. La formación nacionalista tiene justamente un tercio de los asientos en la Cámara.
En su argumentación en este primer intento de crear la comisión, impulsado por el BNG, su líder, Ana Pontón, ha pedido “democracia y transparencia” para analizar el caso del Álvaro Cunqueiro y el de Eulen -54 millones en contratos en los últimos 15 años-, pero también los contratos de emergencia durante la pandemia, en especial con las empresas Universal Support -para la que trabaja el hermano de la pareja de Feijóo-, Sibucu 360 -que compró mascarillas con certificados falsos- y Mape Asesores -empresa que propició una comisión de dos millones de euros a la pareja de Ayuso-.
La respaldaron el PSdeG y Democracia Ourensana. La socialista Elena Espinosa consideró que los gallegos deben conocer la verdad sobre estas operaciones y que la Xunta “no puede normalizar el trato de favor con empresas relacionadas con el círculo familiar de Feijóo”. Sobre el hospital de Vigo, manifestó que la decisión del PP buscó “beneficiar a un fondo de inversión extranjero. El único integrante del grupo mixto, Armando Ojea, pidió analizar los procedimientos, aunque sin acusar, en principio, de nada al PP, dijo.
Para explicar la negativa del PP salió al atril del Parlamento su portavoz, Alberto Pazos Couñago, que arrancó su intervención con Venezuela: “Pretenden importar a nuestro país la metodología del régimen de Maduro”. La intención del BNG, dijo, es “difundir fake news con la esperanza de tapar su fracaso electoral”. Aseguró que no hubo trato de favor a Eulen, que el bipartito de PSdeG y BNG que gobernó en la Xunta de 2005 a 2009 también analizó la posibilidad de una colaboración público-privada para el hospital de Vigo y que “el 100%” de los contratos de la pandemia fueron fiscalizados por el Consello de Contas. Luego aclaró que “Contas decidió fiscalizar solo una parte, pero se puso a disposición el 100%”.
Pontón replicó con ironía: “Ya que hacen bulos, háganlos un poco mejor”. Acusó al PP de falta a la verdad y dijo que “sus mentiras no tienen ni patas”. El bipartito, contestó, encargó un estudio sobre las alternativas para construir el hospital Álvaro Cunqueiro, incluida una colaboración público-privada. Pero descartó esta opción y el plan que heredó Feijóo cuando accedió en 2009 a la Xunta fue el de una construcción con cargo a fondos públicos. La líder del BNG se remitió al informe de Contas sobre el hospital de Vigo que concluye que la fórmula elegida por el PP supuso un sobrecoste de 470 millones de euros: “Lean los informes. Esta semana descubrimos que no se los leen”.
La portavoz nacionalista aseguró que, ante el rechazo del PP a crear la comisión de investigación, el BNG activará esa otra posibilidad de impulsarla en solitario y pidió a los populares que “no veten” en trabajo y permitan al Parlamento pedir “toda la documentación y todas las comparecencias necesarias”.
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