El PP podrá bloquear la comparecencia de Feijóo en la comisión que investiga los negocios de la Xunta con su hermana

La comisión creada en el Parlamento de Galicia para investigar el sobrecoste en la construcción de hospital Álvaro Cunqueiro y los contratos de la Xunta con empresas relacionadas con el entorno de Alberto Núñez Feijóo ha echado a andar con la votación de las normas que la van a regir. El PP ya se había arrogado el control al reservarse la presidencia de este órgano y ahora ha utilizado su mayoría absoluta para sacar adelante unas reglas que le van a permitir vetar la comparecencia de su líder estatal o de cualquier otra persona propuesta por la oposición. Nada más iniciarse la sesión, la presidenta de la comisión, la popular Elena Candia, tomó la palabra para adelantar lo que iba a ocurrir: un informe de los servicios jurídicos del que no habían sido informados ni BNG ni PSdeG considera que varias de sus sugerencias para el funcionamiento “se apartan del reglamento” de la Cámara, entre ellas la de que los acuerdos se adopten por mayoría cualificada de dos tercios.

Con la oposición del PP, esta propuesta que presentaron tanto BNG como PSdeG, quedó rechazada y el texto que ha sido aprobado recoge que es necesaria una mayoría simple, es decir, que basta con los votos de los conservadores para tomar decisiones sobre quién debe comparecer y quién no. La intención de nacionalistas y socialistas era que los populares tuviesen que buscar acuerdos en esas votaciones.

El PP admitió solo dos de las sugerencias: una corrección de lo que consideraron una errata sobre objeto de la comisión y un añadido del PSdeG para que la documentación se remita en el menor plazo de tiempo posible. Antes de empezar los turnos de los grupos, el portavoz del BNG en el debate, Luís Bará, pidió la palabra para quejarse por que el PP no hubiese remitido con antelación el informe en el que se basó para rechazar que se aplique una mayoría de dos tercios. “Sería conveniente que los informes de los servicios jurídicos se compartiesen con los miembros de la comisión”. Ana Pontón, líder de la formación nacionalista, lo calificó después de “bastante grave”.

Por parte del PSdeG, Elena Espinosa trasladó también su protesta: “No empezamos nada bien si se transmite un informe jurídico que nuestro grupo desconoce. No es forma de empezar, es un oscurantismo total”. La intención de que la mayoría, en lugar de simple, fuese de dos tercios era “garantizar que las decisiones se tomen con un alto nivel de consenso”, ya que es “mucho menos probable que sean controvertidas o se tomen basadas en estrechos intereses y se evitan imposiciones de un grupo”.

El debate y votación de las normas, añadió Bará, es “la primera prueba del algodón” para saber si el PP tiene intención de “dialogar o aplicar su mayoría absoluta”. Los comienzos “no fueron esperanzadores”, en su opinión. El PP votó en contra de crear la comisión cuando se presentó la iniciativa para su debate en el pleno del Parlamento. El BNG decidió después echar mano de una posibilidad que concede el reglamento de la Cámara, aunque solo una vez en cada legislatura: si un grupo tiene un tercio de los escaños, puede impulsar por sí mismo la creación de una comisión. Era justo el caso de la formación nacionalista, con 25 de los 75 asientos.

El portavoz del PP, Alberto Pazos, consideró que las quejas de la oposición por el uso de la mayoría absoluta de los conservadores son “una visión reduccionista sobre lo que son las normas democráticas”. En su interpretación, no se trata de un rodillo, sino de que “no se les da la razón”. Criticó también la propuesta de BNG y PSdeG de que el formato de las comparecencias sea pregunta-respuesta. Se refirió a esta fórmula -que se ha empleado, por ejemplo, en el Congreso- como “un interrogatorio”.

Los grupos tienen ahora hasta las 18.30 del 28 de octubre para presentar sus propuestas del plan de trabajo de la comisión. Ahí irán sus peticiones de comparecencia, entre las que la oposición ya ha anunciado que aparecerán los nombres de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda. Los asuntos sobre los que se va a trabajar son el sobrecoste en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, los contratos de la Xunta con Eulen -54 millones en los últimos 15 años-, la empresa en la que la hermana de Feijóo es directora para el noroeste y los contratos de emergencia durante la pandemia, en especial con las empresas Universal Support -para la que trabaja el hermano de la pareja de Feijóo-, Sibucu 360 -que compró mascarillas con certificados falsos- y Mape Asesores -empresa que propició una comisión de dos millones de euros a la pareja de Ayuso-. Además, los grupos de la oposición anunciaron que llevarán también a este órgano los negocios, revelados por elDiario.es, de la Xunta con la empresa del hermano de la Secretaria Xeral da Presidencia, Beatriz Cuíña, una de las personas más próximas a Rueda en el Gobierno.