El PP y el traspaso de la gran autopista gallega: Rajoy lo vetó tres veces pero ahora se lo exigen a Sánchez en campaña

“Esa transferencia de la AP-9 que tenemos que volver a proponer en el Congreso por cuarta vez, señorías, por–cuar–ta–vez, porque el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. Con énfasis y levantando cuatro dedos de su mano derecha, Paula Prado, número dos del PP en Galicia, reivindicaba este martes en el Parlamento el traspaso a Galicia de su principal vía de comunicación terrestre. Una demanda de autogobierno defendida con tal vehemencia, entre los aplausos de los suyos, que cuesta creer que, de esas cuatro veces –en realidad, cinco–, en tres ocasiones fuese vetada por su propio partido. Y aún más que, hace apenas un lustro, a los populares esa cesión les pareciese una forma de desmantelar el Estado. Por eso, aún marcando distancias frente a la “máxima deslealtad” de Cataluña, la vetaron con la misma fuerza con la que hoy, a las puertas de las elecciones autonómicas, quieren arrancársela a Pedro Sánchez.

La AP-9, la quinta autopista con mayor tráfico de la red estatal, recorre toda la fachada atlántica gallega: 215 kilómetros desde Ferrol hasta Tui, en plena frontera con Portugal, donde enlaza con la A3 hacia Oporto. La fundación de la sociedad que la impulsó y el inicio de las primeras obras, las del puente de Rande, en Vigo, acaban de cumplir cincuenta años. Desde entonces, la autopista ha marcado la existencia y la economía de la mitad oeste de Galicia, la más pujante. Allí, el año nuevo se conmemora con las 12 uvas y el obligado vistazo a la subida de los peajes. Y, por supuesto, ha sido –junto con el AVE– el gran caballo de batalla en la política del cemento. El nacionalismo, por ejemplo, pasó de considerarla “unha navallada na nosa terra” a hacer bandera de las bonificaciones para los usuarios que “arrancó” al PSOE en sus pactos de investidura.

Esta infraestructura clave ya tendría que ser pública y gratuita desde el pasado mes de agosto si, en el año 2000, José María Aznar no prolongase su concesión hasta 2048 a cambio de la construcción de un tramo de 9 kilómetros. Esa prórroga –que sumaba otro cuarto de siglo a la década que Adolfo Suárez y Felipe González ya le habían regalado a la concesionaria– está siendo investigada en Bruselas por si infringió las normas comunitarias en materia de competencia.

El riesgo de “desmantelar las infraestructuras del Estado”

El primer intento de transferencia a Galicia data de 2016. En marzo, el Parlamento galego aprobó por unanimidad –con el voto a favor de PP, PSOE, AGE y BNG– solicitársela al Congreso de los Diputados. Sin embargo, en diciembre, la Mesa de la Cámara vetó ya no sólo la propuesta, sino el propio debate sobre ella. La presidenta del Congreso era, en aquel momento, la gallega de adopción y cabeza de lista popular por Pontevedra, Ana Pastor. Hasta cinco meses antes, había sido la ministra de Fomento.

Durante el año siguiente, esta sucesión de hechos –unanimidad en la cámara gallega, veto en el Congreso– se repitió dos veces más. ¿Por qué el PP hacía una cosa en Santiago y la contraria en Madrid? La explicación la dejó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una de sus visitas trimestrales a Galicia para seguir con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la marcha de las infraestructuras pendientes. El ex alcalde de Santander, recién llegado al cargo, había alegado inicialmente motivos técnicos y económicos.

Pero había algo más. A finales de julio de 2017 –apenas un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Cataluña–, de la Serna, que “entendía” la reivindicación del traspaso, se escudaba en las “tensiones territoriales” para descartar “iniciar un proceso” que “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”. Feijóo alegó que era “consciente de la situación que vivimos en España” pero Galicia era “leal y con las comunidades leales hay que tener actuaciones”. Para la oposición, el veto –además de injustificable– supuso la confirmación del “escaso peso político de Feijóo en Madrid” y, también, algo que el actual gobierno gallego dice sufrir constantemente por parte de Madrid: “un agravio”.

En octubre de 2018, con Pedro Sánchez ya en Moncloa, el Parlamento gallego volvió al ataque, de nuevo. Esta vez, sin el PP frenándola, la mesa admitió la solicitud y los diputados autonómicos fueron al Congreso a defenderla. Sin embargo, el adelanto de las elecciones impidió que se tramitase.

Sánchez volvió a ser investido presidente –tras repetir los comicios– y, en su acuerdo con el BNG, el compromiso de transferencia aparecía negro sobre blanco. Pero una vez entró en la cámara baja, el proceso se empantanó. “Pidieron prórrogas hasta junio, hicieron enmiendas para boicotearla y la metieron en un cajón”, se lamentan fuentes nacionalistas. Cuando Sánchez convocó elecciones en mayo, la petición estaba en el limbo y decayó. Vuelta a la casilla de salida.

Argumentos para la campaña electoral

Tras los comicios, socialistas y nacionalistas reeditaron su pacto de investidura, que incluía más ventajas para los conductores habituales de la AP-9 pero aparcaba la transferencia de la vía. Precisamente, la ministra Raquel Sánchez se había venido agarrando a todas esas bonificaciones “a cuenta de los presupuestos generales del Estado” para frenar el traspaso. A la espera de lo que ahora pueda decidir su sucesor, Óscar Puente, los populares no han perdido ocasión de denunciar la existencia en las filas socialistas de esa contradicción que ellos tan bien conocen.

Esta semana, de nuevo por unanimidad de los tres grupos –el PP, que impulsó la iniciativa, el BNG y un PSOE que llegó a la sesión sin desvelar su voto–, el Parlamento ha dado otra vez el primer paso. Lo hizo en el último pleno de la legislatura, 48 horas antes de que Alfonso Rueda anunciase la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones.

Pese al acuerdo, el ambiente de precampaña ya se trasladó al tono de las intervenciones: “Lo único que buscan es la confrontación con el Gobierno”, aseguró la socialista Patricia Otero. “Esto es AP-9 washing, un lavado de cara para expiar la culpa de años de bloqueo”, dijo al PP el nacionalista Luís Bará, que culpó al PSOE del fracaso del intento previo. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, espera que los socialistas “no bloqueen” el acuerdo en Madrid, después de “descafeinar” el anterior.

Con un lanzamiento sobre la bocina, la pelota va ya, de nuevo, camino del Congreso. La AP-9 volverá a ser munición electoral en los comicios gallegos. Como lo ha sido siempre.