El PP veta que Feijóo comparezca en el Parlamento gallego por los contratos de la Xunta con la empresa de su hermana

Alberto Núñez Feijóo no comparecerá en la comisión creada en el Parlamento de Galicia para investigar los contratos firmados, con él al frente del Gobierno gallego, durante la pandemia. Tampoco dará explicaciones por el acuerdo para construir, con un sobrecoste de 470 millones de euros, el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo o sobre los encargos hechos por la Xunta a Eulen, la empresa en la que es directora para el Noroeste su hermana, Micaela Núñez Feijóo. El PP gallego ha impuesto su mayoría para vetar su presencia, así como la de su cuñado, Ignacio Cárdenas, y la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El plan de trabajo aprobado este viernes solo con el apoyo de la formación conservadora confirma, sin sorpresas, que ninguno de ellos será llamado.

Pese a los intentos de negociar de los grupos, que ocuparon la mañana del viernes y provocaron un receso durante la propia sesión de la comisión, no hubo pacto y el que ha salido adelante, con los votos en contra de la oposición -aunque con el representante de Democracia Ourensana ausente-, es el plan de trabajo propuesto por el PP, que impide llamar a Feijóo, pero cita al actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y a varios cargos del bipartito de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, afeó la actitud del PP en la negociación para el plan de trabajo de la comisión: “Tener mayoría absoluta no los hace propietarios del Parlamento”. Por parte del PSdeG, la diputada Elena Espinosa habló de veto: “Lo único que pretende el PP es imponer y, cuando es en una situación tan delicada como esta, es que algo tiene que ocultar”.

El argumento dado por el PP para tumbar las propuestas de la oposición es que algunos de los nombres incluidos no tienen relación con las contrataciones del Gobierno gallego. Pontón calificó de “chiste” que no vaya a estar presente Feijóo, presidente de la Xunta durante 13 años, en los cuales se firmaron el grueso de los contratos que se quieren investigar: desde el del hospital de Vigo, a encargos por un total de 37 millones a Eulen y todos los acuerdos relacionados con la respuesta de emergencia a la COVID-19. La líder del BNG justificó también la inclusión de la pareja de ayuso en su propuesta: la Xunta compró -con sobreprecios- material sanitario a Mape Asesores, la empresa que propició una comisión de dos millones de euros a Alberto González Amador.

Para el portavoz del PP, Alberto Pazos, en la negociación no es aceptable que se den nombres, sino “razones”. Y trató de devolver a la oposición las acusaciones de imponer el plan de trabajo en una comisión en la que la formación conservadora se ha arrogado el control y ha aprobado en solitario las normas que la rigen. “O se admiten totalmente sus planes de trabajo o no hay democracia”, les recriminó. La propuesta aprobada finalmente fue la del PP, sin modificaciones.

Pero, defendió Pazos, su partido estaba abierto a ampliar la lista de comparecientes con alguna de las aportaciones de BNG y PSdeG, algo para lo que finalmente no hubo acuerdo porque dejaba fuera nombres como el de Feijóo. En opinión de Pazos, el trabajo de su formación permitirá dar transparencia sin hacer del Parlamento “un circo”. El portavoz equiparó llamar a la pareja de Ayuso por sus comisiones en plena pandemia con hacer un programa de “cuore”.

“Está muy claro que al PP no le gusta esta comisión de investigación sobre sus chanchullos y hace lo posible y lo imposible, rozando la ilegalidad”, espetó Pontón, que acusó a la formación conservadora de estar vetando los trabajos de este órgano parlamentario. Los grupos de la oposición, recordó, “representan a miles de ciudadanos”. La actitud del PP, añadió, es “un fraude” a la democracia. “Esto no deja de ser una declaración de culpabilidad”, les dijo a los populares.

La socialista Elena Espinosa ironizó en su intervención con que, si el PP no quiere que la oposición hable de vetos, tiene sinónimos: “Podemos hablar de impedimento, de denegación, de prohibición, de censura”. “¿Quién se cree que esta comisión vale para algo si no hay acuerdo de todos los grupos? Es [que el plan sea el impuesto por el PP] poner el lobo a cuidar de las ovejas”, criticó. La única explicación, concluyó, es que la formación conservadora quiera “ocultar determinada información”.

Finalmente, por la comisión pasarán en torno a 40 comparecientes, entre los que estarán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y todos los conselleiros de Sanidade desde 2005: desde la socialista María José Rubio hasta el actual, Antonio Gómez Caamaño. En cuanto a la documentación que se solicitará, figuran los informes de fiscalización del Sergas o de la Cuenta General de la comunidad remontándose también a la etapa del bipartito.