El pasado marzo, la Diputación de Lugo anunciaba la extensión de las denominadas “cláusulas sociales” a todos sus contratos públicos. Desde ese momento, los contratistas que se hagan con la gestión de algún servicio de este ente provincial están obligados a, por ejemplo, mantener las condiciones laborales de todo el personal sin aplicarles recortes y a “respetar los derechos laborales que tuvieran reconocidos, incluida la antigüedad”. En caso de aplicar reducciones salariales u otro tipo de recortes, las compañías se enfrentan a la “resolución del contrato”, a penalizaciones económicas o incluso a la “prohibición de contratar con la administración”. Veinticuatro horas después, el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, no veía necesario extender el modelo a la Xunta porque esta ya aplica “medidas de este tipo”. Este miércoles el PP volvió a vetar esta posibilidad alegando que lleva tiempo “trabajando” en algo semejante.
A través de su diputado Juan Carlos González Santín, los socialistas proponían que, para contratar con una u otra empresa, la Xunta tuviera en cuenta condiciones como “la mejora de las condiciones laborales”, el mantenimiento del plantel, de los contratos indefinidos o de su nivel de salarios. “La vulneración de estos deberes podría propiciar penalizaciones que, en función de su gravedad, variarán entre un 3% y un 10% del presupuesto del contrato” e incluso “podría ser causa de rescisión o de prohibición de contratar con la Administración en el futuro”, añadía. “Es necesario impulsar el papel ejemplar de la Administración autonómica en sus contrataciones”, alegó Santín.
Aunque desde la crítica a la gestión privada de servicios públicos, la iniciativa tuvo el apoyo de AGE y BNG y chocó, como era de esperar, contra la mayoría absoluta de los conservadores, representados por quien fue jefe de gabinete de la Consellería de Trabajo, Miguel Tellado. Tras culpar al gobierno de Zapatero de la subida del paro en los últimos años, Tellado pasó a abordar la cuestión, “las cláusulas sociales que parecen preocuparle al gabinete de prensa del PSdeG”. “Esta idea –asegura– no es de la Diputación de Lugo ni de su responsable”, sino que la Xunta “ya está adoptando medidas” semejantes y “trabaja en la elaboración de una guía de cláusulas sociales y ambientales” en la contratación. Por lo tanto, dice, lo destacable es que a Besteiro “no se le ocurrió una idea brillante”, porque “esa idea ya se estaba trabajando en la Administración de Galicia”.
La Xunta se desentiende
Así quedó despachada la que para Tellado es una “iniciativa cargada de cinismo e incoherencia que no aporta nada nuevo” a las condiciones laborales, de las que el propio Gobierno admitió desatenderse en el mismo mes de marzo. Lo hizo a través de una respuesta parlamentaria al BNG. El Bloque le preguntaba a la Xunta si, en la línea de lo decidido por la Diputación lucense, el Gobierno gallego iba a prescindir de los servicios de la empresa de seguridad Alcor por aplicar la reforma laboral para rebajarle el salario a sus trabajadores. En la contestación, el Gobierno aseguraba ser “plenamente consciente” de los “conflictos laborales que puedan existir” pero se negaba a intervenir en ellos.
Las “cuestiones relativas” a estos conflictos “deben presentarse y resolverse en el marco legal adecuado del derecho laboral” y, en este contexto, la Xunta se presenta como “del todo ajena a las relaciones laborales que se establecen entre las empresas adjudicatarias de sus contratos (...) y el personal propio o subcontratado de las mismas”. Son las empresas y no el Gobierno quien debe velar por el “cumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo que se encuentre vigente en cada momento”, sentenciaba.