El recorte al presupuesto sanitario que la Xunta reduce a mentiras superó los 1.000 millones de euros
Galicia vivió el pasado domingo la manifestación más multitudinaria de los últimos años. Miles de personas secundaron la convocatoria lanzada por SOS Sanidade Pública para rechazar la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y denunciar los recortes sufridos por la sanidad pública en los últimos años. El éxito de la convocatoria era previsible y por eso la Xunta y el PP lanzaron en los días previos una ofensiva política para intentar deslegitimarla.
El argumento esencial que han manejado los conservadores antes, durante y después de la protesta es que toda la movilización está basada en “mentiras” y parte de una clara intención de la “oposición”: que la población “no conozca” la “realidad” de que “la sanidad pública tiene más medios y funciona mejor con nosotros que cuando gobernaban ellos”, aseguran en referencia a PSdeG y BNG, aunque también En Marea ha apoyado y secundado la convocatoria.
Declaraciones del conselleiro de Sanidade y del gerente del Servizo Galego de Saúde, así como de diversos cargos y del gabinete de comunicación del partido han intentado en los últimos días reforzar un argumentario que parte de una tesis: negar la existencia de los “recortes” que denuncian SOS Sanidade, organizaciones de profesionales y pacientes y las propias fuerzas de la izquierda. Con el PP, mantienen, el Sergas dispone de más presupuesto y personal y, gracias a eso, la actividad asistencial es mayor y las esperas se reducen, todo esto sin mayor preponderancia del sector privado.
El presupuesto
En lo referido al presupuesto sanitario, la mayor partida anual de la Xunta con más de 3.000 millones de euros, los populares defienden que la “realidad” es que los recortes no han existido, en la línea de lo ya manifestado por Alberto Núñez Feijóo en los últimos años. Lo aseguran esgrimiendo que en las cuentas públicas de la Xunta para 2018 se consignan más fondos para sanidad que en las de 2008, último año completo del Gobierno de la coalición de PSdeG y BNG -aunque este no fue el último presupuesto elaborado por aquel Ejecutivo, sino el de 2009-.
Si bien es cierto que el vigente presupuesto gallego registra más fondos iniciales para sanidad que el de 2008, no lo es menos que esto sucede después de que, durante más de media década, esta partida haya descendido considerablemente. Así, un vistazo a las cuentas definitivas publicadas cada año en el Diario Oficial de Galicia tras su aprobación en el Parlamento demuestra que desde 2011 y hasta 2017 el presupuesto sanitario gallego estuvo por debajo del de 2008.
Esto supone que, tomando la misma referencia a la que alude el PPdeG, la del último año completo del bipartito, el recorte acumulado en poco más de media década superaría los 1.000 millones de euros. De este modo, incluso teniendo en cuenta los años del período en que el presupuesto fue superior al de 2008, el saldo negativo para la sanidad pública gallega sería de 741,62 millones de euros desde que los conservadores regresaron a la Xunta.
El déficit no sería tan abultado, pero seguiría existiendo, si las cifras presupuestarias comparadas no son las publicadas en el DOG tras aprobación de las cuentas en la Cámara, sino las de los libros de los Presupuestos que el Gobierno gallego entrega al Parlamento y cuya serie histórica desde 2005 puede ser consultada en el sitio web de la Consellería de Facenda. En este caso los recortes también han existido y son igualmente evidentes, pero el montante total de recursos dedicados a la sanidad estaría por debajo del de 2008 entre 2013 y 2017, media década con un recorte acumulado de 923,88 millones de euros. El balance total sería igualmente negativo, de 425,78 millones de euros menos para el Sergas tras el retorno de la derecha al Gobierno.
El personal
El Gobierno gallego y el partido que lo sustenta sitúan igualmente en el ámbito de las falsedades de sindicatos y fuerzas parlamentarias de la izquierda las acusaciones de reducción de personal sanitario, así como el incremento de su precariedad. Aseguran que el Sergas terminó el año 2017 con 38.050 profesionales lo que, tomando cómo referencia nuevamente el año 2008, aseguran que suponen 1.544 más que en la etapa de Gobierno de socialistas y nacionalistas.
No obstante, la fuente pública más frecuentemente utilizada para consultar la evolución de los cuadros públicos de profesionales, el boletín de personal al servicio de las Administraciones Públicas que elabora y difunde el Ministerio de Hacienda, refleja que, también en este ámbito, Galicia sufrió recortes durante la crisis. Este indicador refleja que cuando los populares retornaron al poder, a comienzos de 2009, prestaban servicio en Galicia algo más de 35.000 profesionales de la sanidad pública y su número sufrió reducciones hasta que, a comienzos de 2014, eran menos de 33.000.
Así, siempre según esta fuente oficial, lo cierto es que Galicia perdió durante la crisis más de 2.000 profesionales de la sanidad pública. También se corresponde con la realidad, no obstante, que esta plantilla ha iniciado una senda ascendente desde comienzos de 2015 y el último dato disponible en Hacienda, el del segundo semestre de 2017, supera las 34.800 personas.
Las listas de espera
Otro gran eje de los argumentos de los populares para descalificar estas movilizaciones apunta a la actividad asistencial del Sergas y a la reducción de las listas de espera. Las listas de espera, precisamente, han sido en estos años objeto de un cambio en su divulgación en virtud de la ley de garantías del año 2014, con la que la Xunta se autorizó a sí misma a no divulgar el que solía ser el peor dato de cada año, el que reflejaba el impacto de los cierres de camas y menor número de intervenciones quirúrgicas en verano.
Incluso teniendo cuenta esta distorsión estadística es posible afirmar, como en el caso del presupuesto y del personal, que los registros oficiales empeoraron desde 2009 y durante gran parte de la crisis para después volver a iniciar una senda de mejora. Así, cuando el PP volvió a la Xunta, en el segundo trimestre de 2009, el Sergas registraba una espera media quirúrgica de 67 días y cuatro años después, en 2013, en ese mismo segundo trimestre se habían superado los 82 días de demora media.
El último dato conocido para un segundo trimestre del año, el de 2017, indicaba que la espera quirúrgica media estaba en el entorno de los 62 días. No obstante, la diferencia fundamental con 2008 o 2009 es que está en vigor la ley de garantías, que permite a Sanidade traspasar pacientes a la sanidad privada si la espera por una operación supera los 60 días.
