¿Qué fue de los protagonistas de la catástrofe del 'Prestige'?

Varios de los responsables políticos que desfilaron por los medios de comunicación en medio del desastre ambiental progresaron en sus carreras en los años siguientes
— La catástrofe que aceleró el final de Fraga Iribarne y desmintió el mito gestor de Aznar

12 de noviembre de 2022 22:47 h

Actualizado el 13/11/2022 05:30 h

Originario de la isla griega de Icaria, llevaba media vida capitaneando petroleros como el Prestige cuando este se accidentó frente a Galicia el 13 de noviembre de 2002. Dos semanas después, Mangouras cumplía 68 años en la cárcel provincial de A Coruña, acusado de desobedecer a las autoridades españolas en las primeras horas de la catástrofe. “No cometí ningún crimen, simplemente soy un náufrago, palabra que tiene mucho significado para los que peleamos con el mar”, escribió desde la cárcel en una carta abierta en la que pedía disculpas a los perjudicados por la catástrofe, defendía la injusticia de haber sido encarcelado y agradecía “el afecto, el calor y la humanidad” que le brindó “el maravilloso pueblo gallego”. El anciano capitán del petrolero, criminalizado por el Gobierno como responsable último del desastre, despertó simpatía entre la gente. Estuvo entre rejas casi tres meses, hasta que sus armadores pagaron una fianza de tres millones de euros. Tuvo que vivir 21 meses en Barcelona en residencia vigilada y luego, al regresar a su país, fichar cada 15 días ante la policía griega. En octubre de 2012, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe, volvió a instalarse en A Coruña durante los nueve meses que duró el macrojuicio del Prestige, en el que era el principal acusado. Cinco años después, el Tribunal Supremo lo absolvería por desobediencia pero lo condenaría por delito ecológico. Es oficialmente el único culpable. Hoy, a punto de cumplir 88 años, Mangouras vive entre Atenas y su pequeña aldea natal y guarda silencio, por mandato de sus abogados, mientras no se resuelva, en un tribunal británico, el litigio entre España y la aseguradora del barco por las indemnizaciones.

Este magnate, de doble nacionalidad ucraniana y rusa, era el socio principal de Alfa Group, un conglomerado multinacional que, a través de su filial suiza, Crown Resources, alquiló un viejo petrolero monocasco, el Prestige, para llevar 77.000 toneladas de fuel de pésima calidad desde San Petersburgo hasta Singapur. A las pocos días de la catástrofe frente a Galicia, con el fin de desaparecer legalmente del mapa y eludir cualquier responsabilidad, Alfa disuelve su sociedad suiza. La Justicia española nunca pudo ir a por el fletador del petrolero que causó el mayor desastre medioambiental de España y uno de los peores de Europa. Fridman, considerado por la revista Forbes uno de los empresarios más ricos de Rusia y Londres, donde está afincado, compró en 2019 los supermercados españoles Dia. Veinte años después de la catástrofe del Prestige, es hoy uno de los oligarcas próximos a Putin sancionados por la Unión Europea “por ser uno de los principales financieros de Rusia”. Dejó, a raíz de esa sanción, su cargo en el fondo de inversiones que gestionaba Dia.

Presidente del Gobierno desde 1996, José María Aznar estaba en el ecuador de su segundo mandato cuando se accidentó el Prestige frente a Galicia hace ahora 20 años. Gobernaba con una cómoda mayoría absoluta cuando tuvo que afrontar el peor desastre ambiental, una marea negra que alcanzó 2.000 kilómetros de costas españolas y francesas. La gestión de la catástrofe, marcada por el empeño de su Gobierno en negarla y censurar la información, le valió una marea de protestas ciudadanas sin precedentes en Galicia. Aznar tardaría un mes en acudir a A Coruña, pero nunca visitó la costa afectada ni dio explicaciones en sede parlamentaria. Aquella rebelión cívica contra las mentiras de su Gobierno abrió una espita que se amplificaría a los pocos meses con el 'No a la guerra', una de las mayores contestaciones sociales de la democracia española, por su decisión de unirse a Bush en la invasión de Irak. Su mandato como presidente acabó en 2004, marcado por los atentados del 11-M tres días antes de las elecciones generales y otra oleada de movilizaciones ciudadanas contra su empeño en atribuir a ETA una masacre terrorista ordenada en realidad por Al Qaeda en represalia por la participación de España en la guerra de Irak. El PP perdió aquellos comicios. Tras su salida del Gobierno, Aznar fue consejero de empresas privadas y preside la fundación FAES, considerada “el laboratorio de ideas” del Partido Popular.

Cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, hacía apenas cuatro meses que Mariano Rajoy, en la remodelación del Gobierno de Aznar de 2002, había sido ascendido a vicepresidente primero, portavoz y ministro de la Presidencia. A los 15 días del desastre, tomó el mando del comité de crisis y del relato oficial, que consistía en mentir sobre el alcance de una marea negra que se anunciaba gigantesca. Su famosa comparecencia en la que describía como “hilitos de plastilina en estiramiento vertical” las 125 toneladas de fuel diarias que soltaba al mar el petrolero hundido aún le persigue hoy en día. Rajoy, años después, confesaría que la crisis del Prestige había sido el peor momento de su larga carrera política. Al año siguiente de aquel negro invierno 2002-2003, Aznar le entrega el testigo que había rechazado Rodrigo Rato: sucederle al frente del PP y como candidato a presidente. Rajoy pierde aquellas elecciones de 2004 y pasa a liderar la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero en noviembre de 2011, cuando se cumplían nueve años de la catástrofe, Rajoy se convertía en presidente tras ganar el PP las elecciones generales con una mayoría más amplia que la había tenido Aznar. El político pontevedrés gobernó España durante siete años. Tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP por instaurar “un sistema de corrupción institucional”, fue desbancado por una moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez. Mariano Rajoy se retiró entonces de la política, a la que se había dedicado 37 años, y recuperó su plaza como registrador de la propiedad.

Al frente de la cartera de Fomento, era el ministro responsable de decidir qué hacer con el Prestige tras accidentarse frente a Galicia. Se le atribuye la orden de “enviarlo al quinto pino”. Cuando A Costa da Morte amaneció inundada por la marea negra el primer fin de semana del desastre, Álvarez-Cascos estaba en una cacería en Lleida. Minimizó con insistencia, como el resto del Gobierno de Aznar, la marea negra. “El vertido está más compacto y luego se dispersa”, afirmaba. Aún colea hoy en día la cuestionada decisión de alejar mar adentro el barco perdiendo fuel y pasearlo, de norte a sur, en medio de temporales, frente a las costas gallegas. Pero Álvarez-Cascos nunca tuvo que responder por esa decisión ni nadie le pidió responsabilidades. En el macrojuicio por la catástrofe, diez años después, compareció ante el tribunal como simple testigo. Para entonces, ya había abandonado el PP, en el que militó más de 30 años, y había fundado un partido, Foro Asturias, con el que fue presidente del Principado durante diez meses. Expulsado de Foro Asturias en 2020, Álvarez-Cascos, en calidad de expresidente de esa autonomía, integra en la actualidad el Consejo de Comunidades Asturianas, un órgano colegiado con funciones consultivas y de asesoramiento.

Cuando la primera oleada de fuel del Prestige alcanzó las costas gallegas, Matas estaba de fin de semana en Doñana. Pese a ser competencia directa de su ministerio, jugó un papel casi secundario y discreto en la gestión del mayor desastre medioambiental de la historia de España. Matas nunca se preocupó de planificar medidas para paliar los daños causados. Y brilló por su ineficacia en la limpieza del litoral, que tuvieron que asumir cientos de miles de voluntarios y las poblaciones de la costa sin ayuda institucional. Cuando aún quedaba mucha marea negra por limpiar, dimitió como ministro para presentarse en mayo de 2003 a las elecciones autonómicas en Baleares. Presidió esa comunidad hasta junio de 2007. Al no conseguir formar gobierno para un segundo mandato, Matas decidió retirarse de la política. Empezaron entonces los procesos judiciales por corrupción en su etapa de presidente autonómico. En 2014 ingresó en prisión para cumplir una primera pena de nueve meses. Tres años después, volvió a ser condenado a tres años y ocho meses por el caso Nóos, que también llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, entonces marido de la Infanta Cristina.

“Afortunadamente la rápida intervención de las autoridades alejando el barco de las costas ha permitido que no tengamos una catástrofe ecológica”, se felicitaba Arias Cañete el día que llegó la primera oleada de fuel del Prestige y la Xunta se vio obligada a prohibir la pesca y el marisqueo en 200 kilómetros de costa. Fue uno de los más activos ministros de Aznar en minimizar el desastre y negar “daños para las poblaciones pesqueras y las especies marinas”. Su fuerte implicación en la gestión de la catástrofe le sirvió para volver a ser nombrado ministro una década después, cuando Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno. Un segundo mandato en el que añadió Medio Ambiente a su cartera de competencias. En 2014, dejó el ministerio por el Parlamento europeo. Y a pesar de tener participación en empresas petroleras, logró ser nombrado comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Se retiró de la política hace dos años, al cumplir su mandato.

Desde el minuto cero de la catástrofe, fue una de las autoridades más implicadas en la cuestionada gestión gubernamental del desastre. Y memorables son sus comparecencias públicas negando la marea negra o sosteniendo que el fuel que perdía el petrolero una vez hundido se solidificaría y “se reconvertirá en ladrillo en el fondo del mar”. “Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”, defendía entonces. Fernández de Mesa llegó a estar imputado en la causa judicial, aunque finalmente fue llamado solo como testigo al juicio. “Desempeñó una tarea de coordinación difusa y confusa”, consideró la Audiencia provincial de A Coruña en la primera sentencia del Prestige. Por entonces, su carrera política había dado un salto, dado que Rajoy, en su primer mandato como presidente, decidió auparlo a director general de la Guardia Civil. Ocupó el cargo casi cinco años, en los que hubo sonadas controversias como la de las pelotas de goma que guardias civiles dispararon contra inmigrantes que trataban de alcanzar Ceuta a nado. Apenas tres meses después de dejar el Gobierno, fue nombrado, en 2017, consejero de Red Eléctrica. Dejó el cargo el año pasado.

Asumió la responsabilidad de haber dado la tan controvertida orden de “coger el barco y llevarlo mar adentro hasta que se hunda”, como se le oye decir en las grabaciones de sus conversaciones con la Torre de Control Marítimo el día del accidente del Prestige. “Esto no es una marea negra, esto son manchas sueltas”, aseguraba cuando la primera oleada de fuel inundó 200 kilómetros de costa. López- Sors fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados, junto al capitán y el jefe de máquinas del Prestige. Ya estaba entonces jubilado y en ningún momento se escudó en sus mandos superiores. Fue finalmente absuelto de toda responsabilidad por la Audiencia provincial de A Coruña, que elogió “el rigor exquisito” de sus decisiones con el barco y lamentó que no fueran procesados sus superiores políticos. “Resulta poco convincente que la responsabilidad no dependiese directamente de otras autoridades”, criticó el tribunal. En 2017 ingresó en la Real Academia del Mar.

Llevaba 12 años al frente de la Xunta de Galicia y cuatro mayorías absolutas en las urnas cuando ocurrió el desastre. A Fraga, la primera marea negra también le pilló lejos: se había ido a una cacería en Aranjuez. Tardaría una semana en acudir a la Costa da Morte, la zona cero de la catástrofe. Fue hasta allí al día siguiente de cumplir 80 años, con la promesa de compensar con cuantiosas ayudas económicas a marineros y mariscadoras perjudicados. La contestación social sin precedentes que provocó la nefasta gestión de la catástrofe capitaneada por el Gobierno de Aznar noqueó a Fraga y su gabinete, dividido entre quienes defendían acatar sin rechistar las órdenes de Madrid y los que reclamaba autonomía de acción. El anciano presidente gallego, que seguía sin querer abrir el melón de su sucesión, llegó a reconocer públicamente en 2005 haberse sentido abandonado por el poder central en aquella crisis. En las elecciones gallegas de ese año, el PP de Fraga, candidato por quinta vez a la Xunta, perdería la mayoría absoluta, lo que posibilitó una alianza de socialistas y nacionalistas para gobernar, por primera vez en democracia, en Galicia. Desbancado del poder, el político más veterano de España se marchó para el Senado, donde ocuparía un escaño hasta septiembre de 2011. Falleció cuatro meses después, a los 89 años de edad.

El autodenominado delfín de Fraga, conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas y secretario general del PP gallego, fue el único político obligado a dimitir por la catástrofe del Prestige. Encarnaba la rama más rural del partido, los llamados de la boina, frente al sector más urbanita e ilustrado, los del birrete, en el que se situaba el PP de Aznar y Mariano Rajoy. La batalla que dio Cuíña en el seno del Gobierno gallego por intervenir en la gestión del desastre e intentar aplacar la rebelión ciudadana contra las mentiras gubernamentales y la falta de medios para limpiar el litoral le valieron su defenestración. Fue en enero de 2003, en plena marea negra. Al oír la noticia de que las empresas de la familia del conselleiro habían vendido material de limpieza de playas por valor de 40.000 euros a la empresa pública Tragsa, el PP de Aznar exigió su dimisión. De nada le sirvió demostrar con facturas que se suministró, cuando más hacían falta, trajes de agua y palas a precio de coste, sin ganar un céntimo. Desalojado de la Xunta, Cuíña se quedó sin aliados para sus aspiraciones de suceder a Fraga. Siguió como diputado autonómico del PP hasta su fallecimiento, en diciembre de 2007, a consecuencia de una infección respiratoria. Tenía 57 años.

Presidente de Correos, fue enviado desde Madrid a Galicia en enero de 2003, en plena catástrofe del Prestige, para sustituir en la Xunta de Manuel Fraga al destituido Cuíña. Nombrado conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas, apenas tardó un año en ascender a vicepresidente primero del Ejecutivo de Fraga. Cuando el anciano presidente gallego perdió el poder, tras las elecciones autonómicas de 2005, Feijóo batalló y ganó la pugna por la sucesión. En 2006, arropado por Mariano Rajoy, se convirtió en líder del PP gallego. Tres años después, ganó las elecciones gallegas por mayoría absoluta y sustituyó al socialista Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta. Gobernó 13 años en Galicia, hasta el pasado mes de abril, cuando ante la fuerte crisis interna que sacudió al PP de Pablo Casado, desembarcó en Madrid para tomar el liderazgo del partido y de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Originario de Lumbrales, un pueblo de Salamanca de apenas 1.600 habitantes, llegó a la Fiscalía de Santiago de Compostela en 2002, el año de la marea negra del ‘Prestige’. Dos años después, tras convertirse en fiscal especialista en Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asumió la acusación pública del abultado sumario de la catástrofe, la mayor causa medioambiental jamás instruida en España. En el macrojuicio celebrado entre 2012 y 2013, cargó toda la culpabilidad en el capitán y la maraña empresarial del Prestige, evitando procesar a responsables públicos o políticos por la cuestionada gestión de aquella crisis. Presentó un exhaustivo estudio que cifró en 4.442 millones de euros la factura total de la catástrofe. Ante el sorprendente fallo absolutorio de la Audiencia provincial de A Coruña, García Ortiz promovió, con éxito, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo: 13 años después, el capitán del petrolero fue finalmente condenado por delito ecológico y la aseguradora británica declarada responsable civil. El litigio, 20 años después, sigue abierto, pendiente de una resolución de un tribunal de Londres sobre la demanda de España de cobrar la póliza del barco. Desde el pasado mes de julio, Álvaro Ortiz es el fiscal general del Estado.

Jefa de la Abogacía del Estado primero en A Coruña (2004-2007) y luego en el conjunto de Galicia hasta el año 2018, le tocó el espinoso papel de defender, en el abultado sumario del Prestige, la actuación y los intereses de la Administración española, a la vez víctima principal y acusada. Consuelo Castro defendió al único alto cargo del Estado que se sentó el banquillo de los acusados, José Luis López-Sors. Su absolución, sentenciada por la Audiencia provincial de A Coruña en 2013, representó una importante victoria para España. Es la primera vez que logra quedar libre de toda culpa, penal o civil, por el derrame de petróleo en sus aguas territoriales. Desde junio de 2018, Castro es la abogada general del Estado.

Presentaba especiales sobre el euro con los que se cerraban los telediarios de TVE cuando fue enviada, junto a otras compañeras de Madrid, para relevar a sus colegas de Galicia en la cobertura informativa del desastre del Prestige. Enrocado en negar la catástrofe y reducir la gigantesca marea negra a un “vertido” de “manchas localizadas y sueltas”, el Gobierno de Aznar ejercía un control férreo sobre lo que se podía o no contar en los medios públicos. Los periodistas de TVE en Galicia habían denunciado públicamente la manipulación y la censura. Fueron relegados y sustituidos para hacer los reportajes del desastre. Cuentan las crónicas rosas que el noviazgo de Letizia Ortiz con el entonces príncipe Felipe se fraguó en secreto a raíz de aquellas retransmisiones de la periodista a pie de la marea negra que nunca mencionaba como tal. Tras su regreso a Torrespaña, pasó a presentar los telediarios con Alfredo Urdaci, el hombre que Aznar colocó en TVE para controlar los informativos. En vísperas del primer aniversario de la catástrofe, en octubre de 2003, la pareja anunció su compromiso, que acabaría en boda siete meses más tarde. En junio de 2014, Felipe fue proclamado rey y Letizia, reina consorte.

Etiquetas